ASIMETRÍAS CON CONTRATOS LESIVOS
Es una
realidad comprobada la presencia de importantes empresas petroleras
estatales de terceros países con operaciones en la extracción de
petróleo y gas en nuestro país. Solamente en los campos de Talara como
en el Zócalo Continental se constata la presencia de empresas como
Petrobras del Brasil en el lote X, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea
del Sur en la empresa Savia Perú en el lote Z-2B y la petrolera china
Sapet operando el lote VI/VII. A ello debiera sumarse la presencia
minoritaria de la estatal china CNPC en el lote 8 en la selva norte y de
la estatal argelina Sonatrach en el Consorcio Camisea en los lotes 88 y
56.
En los
campos maduros de Talara, sumando la producción de los lotes X, VI/VII y
Z-2B se tiene una producción cercana a los 30 mil barriles diarios de
un crudo liviano que abastece en su integridad a la refinería de
PetroPerú, que debiera ser la más interesada en el aumento de la
producción interna de petróleo, que solamente se obtiene con mayores
inversiones de riesgo exploratorio.
Si bien es
de trascendental importancia el futuro de la modernización de Talara y
el problema referido a los contratos de hidrocarburos próximos a su
vencimiento, la situación de los trabajadores petroleros debiera
preocupar e interesar, en razón que son ellos los que hacen posible la
obtención de la riqueza y de la renta petrolera, en las 24 horas de
trabajo continuado, en precarias condiciones de seguridad, con
actividades de alto riesgo como son las operaciones en el mar adentro.
Si se asume
que la renta petrolera tiene cuatro formas y dos destinos. Esta por
definición teórica y económica constituye la diferencia del precio
internacional menos los costos internos de producción, y se distribuye
entre el estado y las empresas operadoras.
El estado
capta parte importante de la renta petrolera a través de las regalías
pagadas más el impuesto a la renta, y las empresas operadoras obtienen
la renta petrolera en la forma de utilidades y depreciaciones. En la
práctica esta distribución se complica por los múltiples mecanismos que
tienen las empresas para eludir los abonos de impuestos tales como las
relaciones con empresas filiales y vinculadas, sobre costos para
incrementar los gastos y costos, prácticas de endeudamiento financiero,
débil regulación de PerúPetro, etc.
INGRESOS ENAJENADOS A LOS TRABAJADORES
En cambio,
los trabajadores productivos de la industria petrolera (explotación)
solamente perciben su participación en la distribución de las utilidades
que por ley les corresponden el 8 por ciento de la utilidad antes de
impuestos al igual que los trabajadores mineros.
Sin embargo,
en la realidad con excepción de los trabajadores de la estatal
brasileña Petrobras, el conjunto de los trabajadores que participan en
la extracción del petróleo y gas perciben el 5 por ciento de la utilidad
imponible en la participación de las utilidades; es decir, perciben una
participación como si fueran trabajadores de la actividad comercial, de
servicios, lo cual constituye un agravante que afecta el poder
adquisitivo de los obreros, empleados, funcionarios y también de los
gerentes.
Por ello un
criterio a tomar en cuenta frente a la decisión respecto al vencimiento
de los contratos de hidrocarburos debiera ser las prácticas de
responsabilidad social con sus trabajadores, que por conveniencia
interesada con una alta dosis de cinismo son considerados como
“colaboradores” de las empresas a pesar de las evidentes injusticias.
En la
filosofía de la responsabilidad social las relaciones de las empresas
con los trabajadores debiera ser de confianza mutua y de respeto a los
principios del derecho laboral, a las negociaciones colectivas y
libertad sindical, donde las partes interesadas se beneficien de la
bonanza económica que ha experimentada el sector gracias a los altos
precios internacionales del petróleo.
En tal
sentido, podemos afirmar que los trabajadores sindicalizados y muchos
menos los trabajadores de servicios de terceros de las llamadas empresas
contratistas, no se han beneficiado del llamado “boom del petróleo” en
el período 2004 al 2012, donde con excepción de la caída del precio en
el 2009, los altos precios del crudo se han incrementado sostenidamente
hasta superar la barrera de los 100 dólares el barril.
Un mecanismo
que refuerza esta posición se explica por las mínimas tasas de
incremento salarial anuales que se han obtenido en las negociaciones
colectivas que tienen como justificación de los aumentos el índice de
precios (IPC) de Lima Metropolitana.
El IPC de
Lima estima la variación promedio de los precios de bienes y servicios
en un año, lo que permite calcular la inflación anual y acumulada. Sin
embargo en razón del auge económico de las provincias del norte y sur
del país, el IPC de Piura resulta superior al obtenido en Lima, con el
agravante que en la ciudad petrolera de Talara, los bienes y servicios
tienen mayores precios, pues es reconocida como una ciudad cara donde
los alimentos y servicios tienen precios más elevados.
En la
modernidad capitalista los salarios pagados a los trabajadores por el
uso de la fuerza de trabajo debieran estar en correspondencia con la
riqueza creada como a la productividad del trabajo y riesgo laboral. Con
sueldos y salarios decentes los trabajadores incrementan su capacidad
adquisitiva que tiene efectos multiplicadores en la demanda regional al
margen de la contribución fiscal.
REGALÍAS DE LOS LOTES X, VI/VII Y Z-2B
Un tercer
aspecto a considerar está relacionada a la responsabilidad fiscal en
especial al abono de regalías que se fijan en un punto de fiscalización
teniendo en cuenta la producción mensual de crudo y gas natural en
relación a los precios internacionales, responsabilidad que le compete
al organismo estatal PerúPetro.
En tal
sentido, la comparación entre los contratos de explotación de los lotes X
operado Petrobras Energía Perú y Z-2B por Savia Perú, en cuanto a las
regalías pagadas en el 2011 y 2012 como se puede observar en el cuadro
respectivo resulta ilustrativo “Talara: Performance de las Empresas
Petroleras Estatales”
A pesar que
los niveles de producción de los hidrocarburos líquidos en ambos lotes
tienen una pequeña diferencia pues en el 2012 por ejemplo el lote X fue
responsable de una producción de 14,148 barriles de crudo diarios y del
Z-2B se obtuvieron en promedio por crudo y líquidos 13,034 barriles, sin
embargo las regalías abonadas por el lote X ha sido de 257 millones de
dólares frente a los 86 millones de dólares del Z-2B. Es decir las
regalías obtenidas del lote X casi triplican a las regalías equivalentes
del Z-2B
La
explicación está en función de la tasa de regalías vigente en los
contratos donde en el lote X a pesar del pago de 202 millones de dólares
por las reservas probadas en 1996, abono realizado por la petrolera
argentina Pérez Companc en la privatización de dicho lote que fuera
operado por PetroPerú hasta diciembre de dicho año.
En el lote X
la tasa de regalía es dependiente del factor “R” que aumenta en función
de los mayores ingresos y mejores precios, llegando a ser en promedio
del 44 por ciento en el 2012. Se debe tener presente que a partir del
2003 las operaciones del lote X están bajo responsabilidad de Petrobras
que adquirió los activos de Pérez Companc a nivel de América Latina
(Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú).
Por el
contrario, en un cuestionado proceso de privatización el lote Z-2B fue
transferido hacia fines de 1993. La empresa ganadora no calificaba
estrictamente como empresa productora pues no acreditaba niveles de
reservas probadas ni producción alguna. Sin embargo ganó una licitación
convocada por la comisión privatizadora en ese entonces, suscribiendo un
contrato de servicios, al cual el estado tiene que reconocer una
retribución en especie.
PetroTech la
empresa ganadora mantiene un contrato de servicios por las operaciones
en el Z-2B, explotando las reservas probadas que descubrió la estatal
Petromar filial de PetroPerú. La responsabilidad privada contractual
data desde 1994 hasta el 2008, pues a partir de abril del 2009 las
operaciones están bajo responsabilidad de Savia Perú.
Si se tiene
presente que Petro Tech Peruana no abonó ninguna cifra por las reservas
probadas, los niveles de inversión ejecutados fueron mínimos, expoliando
los campos del Zócalo Continental, con cuestionadas prácticas
laborales. Es más, abona una tasa de regalías equivalente al 16 por
ciento por lo tanto se le reconoce una retribución del 84 por ciento, la
misma que debió reajustarse en el 2003 a favor de una mayor
participación fiscal.
Si a ello se
suma los deprimidos valores por el alquiler de las plataformas marinas
que son propiedad de PetroPerú pagando por los mismos un valor
invariable de 10 millones de dólares anuales. Es decir, las empresas
estatales herederas de las malas prácticas de Petro Tech siguen abonando
el mismo valor por el uso de las plataformas, a pesar que en su origen
contractual (1993) el precio del barril se cotizaba en cifras menores a
los 20 dólares el barril y en el 2012 ha superado los 100 dólares el
barril.
Sin lugar a
dudas constituye un abuso del derecho comercial que PetroPerú perciba la
misma renta durante 18 años por un activo que resulta fundamental para
las empresas operadoras del Z-2B. En los Estados Unidos de Norteamérica
este contrato sería observado por el Congreso por lesivo y abusivo pero
en nuestro país donde la corrupción es un axioma que ha corroído los más
altos niveles del estado resulta una cuestión normal.
En la misma
línea de pensamiento la empresa china Sapet que en los inicios de su
presencia en el país (1996) abonaba una tasa de regalías superior al 40
por ciento, por obra y gracias de negociaciones nada transparentes en el
organismo regulador como PerúPetro, hoy abona una tasa de regalías
menor al 13.35 por ciento. Este hecho debiera merecer una comisión
investigadora del Congreso de la República por lo menos.
Es más, las
malas prácticas chinas de Sapet tienen el agravante de haber sumado dos
lotes el VI y el VII en uno solo con menores tasas de regalías, inventar
dos curvas de producción mínimas, subvaluar las reservas probadas y
depreciar la fuerza de trabajo pagando salarios miserables a sus
trabajadores como si fueran “coolies chinos”
En esencia
las empresas petroleras estatales que operan en la extracción de
petróleo y gas en nuestro país reproducen los mecanismos de valorización
de las empresas privadas, maximizando los ingresos y utilidades,
minimizando los abonos de regalías y del impuesto a la renta,
sobrexplotando la fuerza de trabajo por medio del pago de salarios que
no guardan correspondencia con la riqueza creada y la productividad, lo
cual será fuente renovada de conflictos.
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