¿Quiénes conspiran contra la democracia?
Gastón Soto Vallenas, Pablo Talavera Elguera, Luis Maezono Yamashita, Vladimir Paz de la Barra, Luz Marina Guzmán Díaz y Máximo Herrera Bonilla --consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los mismos que nombraron jefe de la ONPE al concursante que obtuvo la nota mínima aprobatoria en el examen escrito--, acaban de cometer un acto de injuria a la justicia y a la moral pública. Estos seis consejeros han acordado archivar la investigación al abogado Javier Villa Stein por rebajar la condena a los miembros del Grupo Colina cuando fungía de presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El ingeniero Gonzalo García Núñez --también consejero del CNM-- fue el único que votó en contra, mostrando nuevamente su integridad moral y su compromiso de defender la legalidad en el país.
Abuso de poder e irrespeto al Estado de Derecho
Estos seis consejeros archivaron el caso, no obstante tener conocimiento de que la misma Sala Penal de la Corte Suprema anulara la sentencia a favor del Grupo Colina, luego de la protesta nacional e internacional. Sabían, también, que Villa Stein y Josué Pariona sostuvieron que ese Grupo no habría cometido delitos de lesa humanidad, en clara oposición a la opinión de los jueces Jorge Salas, Baltazar Morales y Francisco Molina. Por lo tanto, las razones para realizar una investigación y abrirle proceso disciplinario a Villa Stein, eran todas justificadas. Además, los citados seis miembros del CNM no acataron los fallos de la Corte Interamericana de derechos humanos sobre el Grupo Colina, fallos que deben respetarse y tomar en cuenta, en mérito a los compromisos asumidos soberanamente por el estado peruano en el derecho internacional.
La decisión de los seis consejeros es absolutamente contraria a la misión del CNM, que consiste en «fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y eficientes y destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país». Estos consejeros están, asimismo, atentando contra la visión del CNM, tomando decisiones sobre «la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles-administrativas», que no son justas ni transparentes, y que le restan credibilidad y legitimidad a la institución que representan.
El CNM es parte de la institucionalidad del sistema democrático; por lo tanto, las decisiones de sus autoridades, cuando no son justas ni transparentes, y cuando violentan la justicia y la legalidad, debilitan la democracia y corrompen o vician el sistema político y de gobierno. Este tipo de decisiones son las que caracterizan a las instituciones políticas y económicas extractivistas, que según James Robinson, coautor junto con Acemoglu del libro Why Nations Fail, «fomentan el clientelismo político, los monopolios y la violencia como enemigos del progreso y el desarrollo».
No hay desarrollo con instituciones extractivistas
En nuestro país la corrupción ha penetrado el sistema político y de gobierno; se pervierten o vician la naturaleza de las instituciones, impunemente. Participamos en la elección de nuestras autoridades, pero estas una vez en el cargo, se desempeñan en función de los intereses de minorías que no han sido elegidas por el voto popular. Esta práctica extractivista debilita y desprestigia a la democracia representativa y al propio Estado de Derecho, porque no se respetan los derechos de los ciudadanos. No hay mecanismos de acción popular ni de fiscalización de las autoridades penetradas por los grupos de poder que han convertido a las instituciones del Estado en clientelista y patrimonialista.
Cuando no se respetan los derechos ciudadanos ni la separación de poderes y el orden constitucional, se fomenta el conflicto social y político; y, esta práctica de las autoridades no puede ser inclusiva ni política ni económicamente. Con este tipo de institucionalidad no es posible hacer de la cultura ciudadana el fundamento de la convivencia pacífica. El extractivismo genera un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad, la violencia y la exclusión.
Según Acemoglu y Robinson, las instituciones económicas se configuran desde el «contexto político». Por lo tanto, no hay manera de transitar hacia instituciones económicas inclusivas --que fomentan la innovación, la competencia y el empleo--, si no se erradica la corrupción y el clientelismo en las instituciones de la administración del Estado. No son pues las llamadas políticas sociales las que definen el carácter inclusivo de un modelo de desarrollo.
Lo que nuestro país requiere –como se señala en el plan La Gran Transformación— es erradicar la corrupción y el narcotráfico para «transformar el modo de hacer política, restituyéndole el carácter de instrumento al servicio de la justicia». Necesitamos una cura moral y practicar la decencia como el «supremo valor moral en toda clase de relación–personal, social, política y profesional». No hay otra manera de hacer de la política «una acción de servicio social y no de provecho propio».
A modo de conclusión
La corrupción y el clientelismo son uno de los enemigos íntimos de la democracia en nuestro país. Luchar contra este enemigo es, al mismo tiempo, luchar por una forma republicana y democrática de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.
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