El Club de los Deudores
Por Óscar Castilla C.Luis Yáñez Quiroz y Nelly Luna Amancio.
Con el desarrollo de Jason Martínez y Jorge Miranda.
OJO-PUBLICO
El pasado 7 de julio, Alfredo Thorne, virtual ministro de Economía del flamante gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, y la banquera Susana de la Puente, asesora de la campaña presidencial del nuevo Jefe de Estado, sostuvieron un almuerzo con altos ejecutivos de importantes compañías del Perú en el Centro Empresarial de San Isidro. Entre los asistentes a este cónclave, realizado a puertas cerradas en el corazón financiero de la capital peruana, destacaba el español Javier Manzanares Gutiérrez﹡, presidente del Grupo Telefónica del Perú, filial de una de las mayores trasnacionales de telecomunicaciones del mundo, instalada en el país desde 1994.
Telefónica del Perú -cuyos ex altos funcionarios fueron involucrados en juicios por ‘chuponeo’ telefónico junto al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del régimen fujimorista - es la operadora de comunicaciones más importante del Perú. En el 2013, cuando su contrato de concesión del servicio de telefonía móvil estaba por vencer y peligraba su dominio en el sector, la empresa consiguió que el presidente Ollanta Humala le renovara el acuerdo por 18 años y 10 meses más.
Veintidós años después de su ingreso en el mercado local, la filial peruana representa una de las fuentes de ingreso más importantes de la región para la casa matriz española, solo por debajo de sus operaciones en Brasil y Argentina, y aun cuando la competencia actual incluye a operadoras como Claro, Bitel, Entel y la recién llegada Virgin Mobile. A pesar de su bonanza en las últimas dos décadas, Telefónica del Perú es la compañía que más dinero le debe al Estado por temas tributarios.
Javier Manzanares, presidente de Telefónica del Perú con los dos últimos presidentes, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En mayo último, Ojo-Publico.com empezó a construir una base de datos con información inédita de las deudas que los mayores grupos económicos mantienen con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú (Sunat). Se elaboró un listado general a partir de los montos pendientes de pago por tipo de compañías y actividad comercial, y finalmente se desarrolló una aplicación para visualizar la magnitud de estos adeudos.
Después de tres meses de investigación –con base en la información preliminar a la que accedimos a través de expedientes del Poder Judicial y del Tribunal Fiscal-, se concluyó que las corporaciones más poderosas del país han judicializado el pago de S/ 20 mil millones (US$ 7 mil millones aproximadamente) en casi 800 juicios vinculados a temas tributarios﹡﹡, litigios que pueden durar más de tres años en promedio y que, en su mayoría, se encuentran en diversas instancias del Poder Judicial.
De este total, las 50 compañías que más le deben al Estado tienen una acreencia que alcanza los S/ 15.600 millones (75% del total), cifra que supera de lejos, por ejemplo, al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al sector salud en el 2016. Para ponerlo en un contexto histórico, las deudas por reparaciones civiles que dejó el régimen fujimorista en los años noventa llegó a los casi S/ 2 mil millones, según la aplicación Deudores de la Corrupción, también elaborada por Ojo-Publico.com.
El Club de los Deudores -como Ojo-Publico.com bautizó a este ejercicio de transparencia para visualizar los millonarios pagos que las 50 empresas tienen en controversia con el Estado- está encabezado por dos compañías de capital extranjero: Telefónica del Perú (con matriz en España), con una deuda que asciende a más de S/ 4 mil millones, al margen de las onerosas sanciones impuestas en diferentes ocasiones por el órgano supervisor de las telecomunicaciones (Osiptel); y la petrolera Pluspetrol (con sede en Holanda) que debe S/ 3 mil millones, y que es conocida por sus sanciones por contaminación e infracciones ambientales en la Amazonía norte del país.
Además de los S/ 3,3 mil millones que debe a la Sunat, Pluspetrol pelea judicialmente para no pagar cerca de S/ 40 millones en multas por infracciones ambientales.
El análisis de la data por actividad económica también permitió establecer que el sector de minería e hidrocarburos (en donde destaca Pluspetrol) lidera la lista de deudores con S/ 5,9 mil millones (38%), seguido por el sector de telecomunicaciones (Telefónica del Perú y Movistar concentran casi todo el monto) con S/ 4,4 mil millones (28%) y por el sector de banca y finanzas (Interbank a la cabeza) con S/ 2,3 mil millones (15%).
Ambas compañías -Telefónica y Pluspetrol- tienen importante influencia en el sector gubernamental del Perú. Tanto así que la virtual ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del gabinete Kuczynski, Cayetana Aljovín, fue directora de la empresa española de relaciones públicas Llorente & Cuenca y luego vicepresidenta del gremio empresarial Confiep, que tienen como cliente y colaboradora a Telefónica del Perú y a Pluspetrol, respectivamente.
En casi todos los casos, las deudas consignadas en esta aplicación corresponden a irregularidades o incumplimientos de obligaciones tributarias de diverso tipo –llamadas “reparos” dentro de la jerga fiscal- que fueron detectadas en las fiscalizaciones y auditorías contables realizadas por la Sunat en diferentes períodos durante los últimos 18 años.
A pocas horas de que el comandante en retiro del Ejército, Ollanta Humala, acabe su quinquenio como mandatario de la República, la decisión política para pelear judicialmente el pago de estas deudas queda ahora en manos de Pedro Pablo Kuczynski, un economista liberal cuya trayectoria profesional se ha dividido entre el sector público, en donde llegó a ocupar el cargo de primer ministro, y el ámbito privado, donde fue integrante de directorios de grandes corporaciones globales
Con el desarrollo de Jason Martínez y Jorge Miranda.
OJO-PUBLICO
El pasado 7 de julio, Alfredo Thorne, virtual ministro de Economía del flamante gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, y la banquera Susana de la Puente, asesora de la campaña presidencial del nuevo Jefe de Estado, sostuvieron un almuerzo con altos ejecutivos de importantes compañías del Perú en el Centro Empresarial de San Isidro. Entre los asistentes a este cónclave, realizado a puertas cerradas en el corazón financiero de la capital peruana, destacaba el español Javier Manzanares Gutiérrez﹡, presidente del Grupo Telefónica del Perú, filial de una de las mayores trasnacionales de telecomunicaciones del mundo, instalada en el país desde 1994.
Telefónica del Perú -cuyos ex altos funcionarios fueron involucrados en juicios por ‘chuponeo’ telefónico junto al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del régimen fujimorista - es la operadora de comunicaciones más importante del Perú. En el 2013, cuando su contrato de concesión del servicio de telefonía móvil estaba por vencer y peligraba su dominio en el sector, la empresa consiguió que el presidente Ollanta Humala le renovara el acuerdo por 18 años y 10 meses más.
Veintidós años después de su ingreso en el mercado local, la filial peruana representa una de las fuentes de ingreso más importantes de la región para la casa matriz española, solo por debajo de sus operaciones en Brasil y Argentina, y aun cuando la competencia actual incluye a operadoras como Claro, Bitel, Entel y la recién llegada Virgin Mobile. A pesar de su bonanza en las últimas dos décadas, Telefónica del Perú es la compañía que más dinero le debe al Estado por temas tributarios.
Javier Manzanares, presidente de Telefónica del Perú con los dos últimos presidentes, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En mayo último, Ojo-Publico.com empezó a construir una base de datos con información inédita de las deudas que los mayores grupos económicos mantienen con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú (Sunat). Se elaboró un listado general a partir de los montos pendientes de pago por tipo de compañías y actividad comercial, y finalmente se desarrolló una aplicación para visualizar la magnitud de estos adeudos.
Después de tres meses de investigación –con base en la información preliminar a la que accedimos a través de expedientes del Poder Judicial y del Tribunal Fiscal-, se concluyó que las corporaciones más poderosas del país han judicializado el pago de S/ 20 mil millones (US$ 7 mil millones aproximadamente) en casi 800 juicios vinculados a temas tributarios﹡﹡, litigios que pueden durar más de tres años en promedio y que, en su mayoría, se encuentran en diversas instancias del Poder Judicial.
De este total, las 50 compañías que más le deben al Estado tienen una acreencia que alcanza los S/ 15.600 millones (75% del total), cifra que supera de lejos, por ejemplo, al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al sector salud en el 2016. Para ponerlo en un contexto histórico, las deudas por reparaciones civiles que dejó el régimen fujimorista en los años noventa llegó a los casi S/ 2 mil millones, según la aplicación Deudores de la Corrupción, también elaborada por Ojo-Publico.com.
"Telefónica del Perú, Pluspetrol e Interbank lideran la lista de empresas deudoras al fisco"
Se trata de empresas con facturaciones millonarias y grandes utilidades -muchas de ellas líderes en sus respectivos sectores económicos, según las principales guías de negocios del país- que, luego de pelear administrativamente estos temas en la Sunat y en el Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, decidieron llevar sus cuantiosos casos al Poder Judicial. 
Además de los S/ 3,3 mil millones que debe a la Sunat, Pluspetrol pelea judicialmente para no pagar cerca de S/ 40 millones en multas por infracciones ambientales.
El análisis de la data por actividad económica también permitió establecer que el sector de minería e hidrocarburos (en donde destaca Pluspetrol) lidera la lista de deudores con S/ 5,9 mil millones (38%), seguido por el sector de telecomunicaciones (Telefónica del Perú y Movistar concentran casi todo el monto) con S/ 4,4 mil millones (28%) y por el sector de banca y finanzas (Interbank a la cabeza) con S/ 2,3 mil millones (15%).
Ambas compañías -Telefónica y Pluspetrol- tienen importante influencia en el sector gubernamental del Perú. Tanto así que la virtual ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del gabinete Kuczynski, Cayetana Aljovín, fue directora de la empresa española de relaciones públicas Llorente & Cuenca y luego vicepresidenta del gremio empresarial Confiep, que tienen como cliente y colaboradora a Telefónica del Perú y a Pluspetrol, respectivamente.
En casi todos los casos, las deudas consignadas en esta aplicación corresponden a irregularidades o incumplimientos de obligaciones tributarias de diverso tipo –llamadas “reparos” dentro de la jerga fiscal- que fueron detectadas en las fiscalizaciones y auditorías contables realizadas por la Sunat en diferentes períodos durante los últimos 18 años.
A pocas horas de que el comandante en retiro del Ejército, Ollanta Humala, acabe su quinquenio como mandatario de la República, la decisión política para pelear judicialmente el pago de estas deudas queda ahora en manos de Pedro Pablo Kuczynski, un economista liberal cuya trayectoria profesional se ha dividido entre el sector público, en donde llegó a ocupar el cargo de primer ministro, y el ámbito privado, donde fue integrante de directorios de grandes corporaciones globales
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