Privilegios fiscales: Los millonarios impuestos que no cobra el Estado
Por Elizabeth Salazar Vega
OJO-PUBLICO
Una investigación de Ojo-Publico.com -que construyó una base de datos para analizar las exoneraciones fiscales vigentes en el Perú- revela que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93 mil millones por la existencia de 78 beneficios tributarios, gran parte de las cuales se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minería.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hará público un paquete legislativo para aumentar la recaudación y mejorar la economía del Perú. Sin embargo, en las medidas que adoptará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -que incluye la revisión de la principal ley antielusiva y la amnistía para que los peruanos traigan su dinero en el exterior, entre otras- no aparece ninguna que modifique los privilegios fiscales que recaen en algunos sectores empresariales desde los años ‘80, pero que principalmente sirven para evitar el pago de impuestos o para la creación de fortunas personales.
Ojo-Publico.com creó una base de datos con información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el MEF para identificar estas excepciones tributarias.
El análisis concluyó que 78 beneficios siguen vigentes, originados en gran parte durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93 mil millones (US$27 mil millones) por estos privilegios. Los resultados revelan que los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minero.
Durante la creación de la base de datos, Ojo-Publico.com accedió a un oficio de la alta gerencia de la Sunat que alerta sobre las millonarias cantidades de dinero que el Estado dejó de recaudar por estos beneficios. El oficio 031-2016, que llegó a manos de Rossana Polastri, viceministra de Hacienda de Kuczynski, ratifica la importancia de la serie de investigaciones periodísticas que iniciamos hoy sobre la política fiscal en el Perú.
El documento indica que los costos ocultos que genera la aplicación de estas excepciones termina sobrecargando los tributos a otro grupo de contribuyentes y demandan más recursos públicos para fiscalizar el uso correcto del dinero destinado originalmente para promover la inversión.La investigación concluye que compañías de cinco sectores económicos concentran el 46,5% (S/ 44.799 millones) de los S/ 93 mil millones que la Sunat dejó de cobrar en la última década. Ellas proceden de los siguientes rubros: agroexportación (21%), educación (11%), banca (9%), hidrocarburos (3,9%) y minería (1,6%).
Esta radiografía contrasta dramáticamente con el 5% que representan las exoneraciones por Impuesto General a las Ventas (IGV) que se brindan para no encarecer el precio final de determinados bienes como la importación de medicamentos contra el cáncer, el VIH y la diabetes; la venta de libros, los pasajes de transporte público, los servicios que prestan las instituciones culturales o deportivas, entre otros.
LOS MÁS BENEFICIADOS
El negocio agropecuario lidera este exclusivo grupo de beneficiados por la exoneración del IGV para frutos, hortalizas y otros insumos, y en menor parte por la llamada Ley de Promoción Agraria del 2000, con los cuales este sector ahorró S/.20 mil millones: 21% del total que la Sunat dejó de cobrar en el período analizado. Una de las favorecidas fue la empresa de José Chlimper, presidente del directorio de la agroexportadora Agrokasa, exministro de Agricultura de Fujimori, exsecretario general de Fuerza Popular y recién elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).
El 2000 el gobierno de Fujimori promulgó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que fue impulsada y firmada por Chlimper, siendo ministro de Agricultura y presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Drokasa (hoy Agrokasa).
Esta norma -que afectó los beneficios laborales de los agricultores y dispuso el recorte de sus vacaciones, CTS y gratificaciones- le permitió a las empresas del rubro beneficiarse con cuatro excepciones fiscales: la reducción del Impuesto a la Renta (IR) al 15%, la depreciación acelerada del costo de su infraestructura, la devolución del IGV y el descuento del 20% de sus impuestos por inversión en zonas eriazas.
La ley debía caducar en el 2010, sin embargo, el gobierno de Alejandro Toledo, a pocos días de dejar el cargo, extendió su vigencia hasta el 2021. El presidente del Consejo de Ministros que firmó la prórroga en esa época fue Kuczynski, hoy presidente de la República.
Actualmente, la Asociación de Exportadores (Adex) planea extender los beneficios agrarios por 20 años más y según su revista institucional, Perú Exporta, el mismo Kuczynski, el actual ministro de Agricultura José Hernández, y la legisladora fujimorista Cecilia Chacón prometieron mantener estas exoneraciones.
Los S/ 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a nivel nacional, pero también representa 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de los programas sociales Beca 18, Qali Warma y Cuna Más en el último quinquenio.
Según el Marco Macroeconómico Multianual del MEF, este año la Sunat dejará de recibir S/ 13 mil millones por las exoneraciones tributarias, el equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI), el mismo monto que el titular del MEF Alfredo Thorne dijo que recaudará con las facultades legislativas que obtuvo del Congreso.
Este tipo de excepciones se aplican desde los años 80, pero fue en el régimen de Fujimori que se extendió su uso a la minería, industria y agricultura, incluso se crearon exoneraciones especiales para regiones de la Amazonía y la zona franca de Tacna, en la frontera con Chile. El 2000, tras derrumbarse el fujimorismo, existían 193 beneficios fiscales.
El 2005 cayeron a 66, pero al finalizar los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala habían aumentado a 78, las cuales se aplican hasta hoy bajo seis modalidades, según el MEF: exoneración de impuestos, devolución, deducción, diferimiento, créditos y tasas diferenciadas.
Ojo-Publico.com se comunicó con los voceros del MEF y solicitó una entrevista para conocer si dicha entidad revisará la idoneidad de los 78 beneficios tributarios existentes hasta ahora, pero no hubo respuesta al cierre de edición. En la Sunat indicaron que la evaluación de si estas exoneraciones fueron eficaces o no le corresponde al MEF.
OJO-PUBLICO
Una investigación de Ojo-Publico.com -que construyó una base de datos para analizar las exoneraciones fiscales vigentes en el Perú- revela que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93 mil millones por la existencia de 78 beneficios tributarios, gran parte de las cuales se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori. Los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minería.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hará público un paquete legislativo para aumentar la recaudación y mejorar la economía del Perú. Sin embargo, en las medidas que adoptará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -que incluye la revisión de la principal ley antielusiva y la amnistía para que los peruanos traigan su dinero en el exterior, entre otras- no aparece ninguna que modifique los privilegios fiscales que recaen en algunos sectores empresariales desde los años ‘80, pero que principalmente sirven para evitar el pago de impuestos o para la creación de fortunas personales.
Ojo-Publico.com creó una base de datos con información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el MEF para identificar estas excepciones tributarias.
El análisis concluyó que 78 beneficios siguen vigentes, originados en gran parte durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93 mil millones (US$27 mil millones) por estos privilegios. Los resultados revelan que los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minero.
Durante la creación de la base de datos, Ojo-Publico.com accedió a un oficio de la alta gerencia de la Sunat que alerta sobre las millonarias cantidades de dinero que el Estado dejó de recaudar por estos beneficios. El oficio 031-2016, que llegó a manos de Rossana Polastri, viceministra de Hacienda de Kuczynski, ratifica la importancia de la serie de investigaciones periodísticas que iniciamos hoy sobre la política fiscal en el Perú.
El documento indica que los costos ocultos que genera la aplicación de estas excepciones termina sobrecargando los tributos a otro grupo de contribuyentes y demandan más recursos públicos para fiscalizar el uso correcto del dinero destinado originalmente para promover la inversión.La investigación concluye que compañías de cinco sectores económicos concentran el 46,5% (S/ 44.799 millones) de los S/ 93 mil millones que la Sunat dejó de cobrar en la última década. Ellas proceden de los siguientes rubros: agroexportación (21%), educación (11%), banca (9%), hidrocarburos (3,9%) y minería (1,6%).
Esta radiografía contrasta dramáticamente con el 5% que representan las exoneraciones por Impuesto General a las Ventas (IGV) que se brindan para no encarecer el precio final de determinados bienes como la importación de medicamentos contra el cáncer, el VIH y la diabetes; la venta de libros, los pasajes de transporte público, los servicios que prestan las instituciones culturales o deportivas, entre otros.
LOS MÁS BENEFICIADOS
El negocio agropecuario lidera este exclusivo grupo de beneficiados por la exoneración del IGV para frutos, hortalizas y otros insumos, y en menor parte por la llamada Ley de Promoción Agraria del 2000, con los cuales este sector ahorró S/.20 mil millones: 21% del total que la Sunat dejó de cobrar en el período analizado. Una de las favorecidas fue la empresa de José Chlimper, presidente del directorio de la agroexportadora Agrokasa, exministro de Agricultura de Fujimori, exsecretario general de Fuerza Popular y recién elegido miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR).
El 2000 el gobierno de Fujimori promulgó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que fue impulsada y firmada por Chlimper, siendo ministro de Agricultura y presidente del directorio de la Sociedad Agrícola Drokasa (hoy Agrokasa).
Esta norma -que afectó los beneficios laborales de los agricultores y dispuso el recorte de sus vacaciones, CTS y gratificaciones- le permitió a las empresas del rubro beneficiarse con cuatro excepciones fiscales: la reducción del Impuesto a la Renta (IR) al 15%, la depreciación acelerada del costo de su infraestructura, la devolución del IGV y el descuento del 20% de sus impuestos por inversión en zonas eriazas.
La ley debía caducar en el 2010, sin embargo, el gobierno de Alejandro Toledo, a pocos días de dejar el cargo, extendió su vigencia hasta el 2021. El presidente del Consejo de Ministros que firmó la prórroga en esa época fue Kuczynski, hoy presidente de la República.
Actualmente, la Asociación de Exportadores (Adex) planea extender los beneficios agrarios por 20 años más y según su revista institucional, Perú Exporta, el mismo Kuczynski, el actual ministro de Agricultura José Hernández, y la legisladora fujimorista Cecilia Chacón prometieron mantener estas exoneraciones.
Los S/ 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a nivel nacional, pero también representa 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de los programas sociales Beca 18, Qali Warma y Cuna Más en el último quinquenio.
Según el Marco Macroeconómico Multianual del MEF, este año la Sunat dejará de recibir S/ 13 mil millones por las exoneraciones tributarias, el equivalente al 2% del Producto Bruto Interno (PBI), el mismo monto que el titular del MEF Alfredo Thorne dijo que recaudará con las facultades legislativas que obtuvo del Congreso.
Este tipo de excepciones se aplican desde los años 80, pero fue en el régimen de Fujimori que se extendió su uso a la minería, industria y agricultura, incluso se crearon exoneraciones especiales para regiones de la Amazonía y la zona franca de Tacna, en la frontera con Chile. El 2000, tras derrumbarse el fujimorismo, existían 193 beneficios fiscales.
El 2005 cayeron a 66, pero al finalizar los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala habían aumentado a 78, las cuales se aplican hasta hoy bajo seis modalidades, según el MEF: exoneración de impuestos, devolución, deducción, diferimiento, créditos y tasas diferenciadas.
Ojo-Publico.com se comunicó con los voceros del MEF y solicitó una entrevista para conocer si dicha entidad revisará la idoneidad de los 78 beneficios tributarios existentes hasta ahora, pero no hubo respuesta al cierre de edición. En la Sunat indicaron que la evaluación de si estas exoneraciones fueron eficaces o no le corresponde al MEF.
CONCESIONES POLEMICAS
Otras actividades beneficiadas son las empresas de juegos de azar y apuestas, las que entregan donaciones a la Iglesia Católica y las exportadoras que utilizan el Drawback. Los negocios del primer rubro están liberados del 18% del IGV bajo el argumento de que no se les puede exigir doble tributo porque ya están gravados por las municipalidades o con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aunque este sea solo del 10%. En la última década el fisco dejó de recaudar S/ 1,085 millones por este motivo.
Lo mismo sucede con las empresas que realizan donaciones a la Iglesia Católica, al Estado y a entidades de asistencia social, ya que pueden exigir la reducción de su Impuesto a la Renta si declaran que invirtieron sus recursos en donativos de esta especie. Además, se les libera de IGV, ISC y aranceles por la adquisición o entrega de dichos productos. Este concepto significó una exoneración de S/ 872,538 millones en el mismo período.En una zona gris se encuentra el régimen tributario especial que rige en la Amazonía al que se pueden acoger empresas de cualquier actividad económica para reducir o anular el Impuesto a la Renta y el IGV, pues se presume que a cambio invertirán en el desarrollo de la población. Estas exoneraciones –que le han costado al fisco S/ 19.630 millones en los últimos diez años- se aplican desde 1998 y algunas de ellas ya fueron prorrogadas hasta el 2048.
“Hay muchas empresas que inscriben su razón social en la selva para aprovechar las condiciones tributarias en la Amazonía sin operar realmente en la zona o dar trabajo a su gente; lo usan de fachada. No hay quien lo fiscalice y se han convertido en una puerta legal para la elusión y evasión tributaria”, dijo Pablo Secada, economista exjefe del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Otro beneficio polémico es el Drawback, es decir, la devolución de aranceles que paga una empresa por los insumos que importa para confeccionar un producto que después será vendido en el exterior, lo que le significó al Estado una pérdida fiscal de S/ 8.825 millones en la última década.
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