Reformar el canon
Por Humberto Campodonico
Los recientes sucesos en la Región Áncash han vuelto a poner sobre el tapete la discusión sobre el proceso de descentralización y el canon minero y petrolero. Para el sector más recalcitrante de la derecha peruana se trata de retroceder a la descentralización hasta donde sea posible y recentralizar el 100% del canon minero y petrolero hacia la Caja Fiscal.
Veamos lo segundo en este artículo. En el Perú estamos muy atrasados con respecto al uso de las rentas provenientes de las industrias extractivas. En primer lugar, no estamos captando los ingresos que debiéramos, pues no se ha aplicado un adecuado impuesto a las sobreganancias de las mineras y petroleras, producto de los altos precios de los minerales y del petróleo.
La reforma de la regalía de septiembre del 2011 terminó desvirtuando el proceso inicial y la recaudación apenas aumentó. Se dejaron de lado propuestas que apuntaban a gravar un % adicional de las utilidades –una vez que la empresa obtenga una adecuada tasa de retorno a su inversión. Este planteamiento es ahora impulsado también por el FMI, que desde el 2010 propicia una mayor y mejor apropiación de la renta de los recursos naturales. Es necesario relanzar la reforma.
Segundo, en el Perú todo el canon petrolero y minero se gasta de inmediato, sin guardar pan para mayo. Esto sí se hace en países como Noruega y, también, sin ir muy lejos, en Trinidad y Tobago. Debe discutirse ya, qué porcentaje del canon puede alimentar un fondo intergeneracional y/o un fondo de estabilización macroeconómica (el que existe en el Perú se alimenta del superávit fiscal, pero no de manera explícita de la renta de las extractivas).
Tercero, en el Perú el canon minero y petrolero solo va a las regiones y municipios de donde se extrae el recurso, lo mismo que en Argentina (las provincias cobran las regalías). En Bolivia, Brasil y Colombia se benefician todas las regiones, no solo las productoras. Lo mismo en Venezuela, que tiene el grado más alto de descentralización fiscal a partir de la Ley del Situado Constitucional de 1999.
Urge, por tanto una distribución que beneficie a todos los peruanos, porque los recursos naturales son de la Nación. De esa manera se combate también la “idea” de que los recursos son “propios” y no se deben compartir con los vecinos. De los S/. 3,817 millones de canon minero del 2013, solo 7 regiones recibieron el 86% (Áncash fue la primera con S/. 1,003 millones). Y de los S/. 3,033 millones de canon de hidrocarburos del 2013, Cusco y Piura tuvieron el 78%, siendo Cusco la primera con S/. 1,760 millones.
Cuarto, el canon minero y petrolero está, además, mal distribuido dentro de las regiones, municipios y distritos. Varias veces se han planteado reformas en el Congreso (2008-2009) y en el Poder Ejecutivo, siendo la última la del expremier César Villanueva. Pero, desde febrero, la reforma debe estar acumulando polvo en algún cajón de la PCM.
Quinto, existe una tendencia internacional hacia el uso del canon para la mejora del capital humano. En Brasil, desde el 2013 la nueva ley dice que la renta que provenga del Pre-Sal (costa atlántica) se distribuirá, en un 50% para un Fondo Social y el 50% restante se dedicará íntegramente a educación (75%) y a salud (25%), respetándose los derechos adquiridos antes de la nueva ley. Saquemos las lecciones que correspondan.
Sexto, debe mejorar el planeamiento y la calidad del gasto en el canon minero y petrolero. Esta debilidad se presenta en muchos países de la región y se han tomado ya medidas para mejorar el diseño presupuestal, así como la elaboración de proyectos que abarquen dos o más regiones, con una visión integral de las necesidades del territorio, en un plan de mediano y largo plazo. Aquí el principal escollo es la ideología neo-liberal que no quiere saber nada de “largos plazos” porque “para eso está el mercado·”.
Séptimo, no existen dispositivos legales que exijan la realización de estudios de impacto económico, social y ambiental de las rentas mineras y petroleras de distribución descentralizada. Esta anomalía se constata en toda la región. Pero mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. Debe haber estudios anuales o bienales para mejorar y corregir lo que se viene haciendo y cambiar o eliminar lo que no funciona.
Para terminar, dos cosas. El canon minero y petrolero fue obtenido después de largas luchas contra el centralismo limeño. Ha sido, por tanto, un instrumento progresivo. Pero, ojo, todo se mueve y hoy es necesaria una reforma para que no se convierta en un instrumento de la derecha contra las regiones.
La otra: el boom de ingresos mineros y de hidrocarburos debe servir para la diversificación productiva, ya que de un lado el boom de precios no dura para siempre y, de otro, son recursos agotables y no renovables. Hay que sembrar el petróleo y la minería en infraestructura, capital humano y un patrón de producción más homogéneo, con mayor valor agregado y empleos dignos. Nada más, pero tampoco nada menos.
Los recientes sucesos en la Región Áncash han vuelto a poner sobre el tapete la discusión sobre el proceso de descentralización y el canon minero y petrolero. Para el sector más recalcitrante de la derecha peruana se trata de retroceder a la descentralización hasta donde sea posible y recentralizar el 100% del canon minero y petrolero hacia la Caja Fiscal.
Veamos lo segundo en este artículo. En el Perú estamos muy atrasados con respecto al uso de las rentas provenientes de las industrias extractivas. En primer lugar, no estamos captando los ingresos que debiéramos, pues no se ha aplicado un adecuado impuesto a las sobreganancias de las mineras y petroleras, producto de los altos precios de los minerales y del petróleo.
La reforma de la regalía de septiembre del 2011 terminó desvirtuando el proceso inicial y la recaudación apenas aumentó. Se dejaron de lado propuestas que apuntaban a gravar un % adicional de las utilidades –una vez que la empresa obtenga una adecuada tasa de retorno a su inversión. Este planteamiento es ahora impulsado también por el FMI, que desde el 2010 propicia una mayor y mejor apropiación de la renta de los recursos naturales. Es necesario relanzar la reforma.
Segundo, en el Perú todo el canon petrolero y minero se gasta de inmediato, sin guardar pan para mayo. Esto sí se hace en países como Noruega y, también, sin ir muy lejos, en Trinidad y Tobago. Debe discutirse ya, qué porcentaje del canon puede alimentar un fondo intergeneracional y/o un fondo de estabilización macroeconómica (el que existe en el Perú se alimenta del superávit fiscal, pero no de manera explícita de la renta de las extractivas).
Tercero, en el Perú el canon minero y petrolero solo va a las regiones y municipios de donde se extrae el recurso, lo mismo que en Argentina (las provincias cobran las regalías). En Bolivia, Brasil y Colombia se benefician todas las regiones, no solo las productoras. Lo mismo en Venezuela, que tiene el grado más alto de descentralización fiscal a partir de la Ley del Situado Constitucional de 1999.
Urge, por tanto una distribución que beneficie a todos los peruanos, porque los recursos naturales son de la Nación. De esa manera se combate también la “idea” de que los recursos son “propios” y no se deben compartir con los vecinos. De los S/. 3,817 millones de canon minero del 2013, solo 7 regiones recibieron el 86% (Áncash fue la primera con S/. 1,003 millones). Y de los S/. 3,033 millones de canon de hidrocarburos del 2013, Cusco y Piura tuvieron el 78%, siendo Cusco la primera con S/. 1,760 millones.
Cuarto, el canon minero y petrolero está, además, mal distribuido dentro de las regiones, municipios y distritos. Varias veces se han planteado reformas en el Congreso (2008-2009) y en el Poder Ejecutivo, siendo la última la del expremier César Villanueva. Pero, desde febrero, la reforma debe estar acumulando polvo en algún cajón de la PCM.
Quinto, existe una tendencia internacional hacia el uso del canon para la mejora del capital humano. En Brasil, desde el 2013 la nueva ley dice que la renta que provenga del Pre-Sal (costa atlántica) se distribuirá, en un 50% para un Fondo Social y el 50% restante se dedicará íntegramente a educación (75%) y a salud (25%), respetándose los derechos adquiridos antes de la nueva ley. Saquemos las lecciones que correspondan.
Sexto, debe mejorar el planeamiento y la calidad del gasto en el canon minero y petrolero. Esta debilidad se presenta en muchos países de la región y se han tomado ya medidas para mejorar el diseño presupuestal, así como la elaboración de proyectos que abarquen dos o más regiones, con una visión integral de las necesidades del territorio, en un plan de mediano y largo plazo. Aquí el principal escollo es la ideología neo-liberal que no quiere saber nada de “largos plazos” porque “para eso está el mercado·”.
Séptimo, no existen dispositivos legales que exijan la realización de estudios de impacto económico, social y ambiental de las rentas mineras y petroleras de distribución descentralizada. Esta anomalía se constata en toda la región. Pero mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. Debe haber estudios anuales o bienales para mejorar y corregir lo que se viene haciendo y cambiar o eliminar lo que no funciona.
Para terminar, dos cosas. El canon minero y petrolero fue obtenido después de largas luchas contra el centralismo limeño. Ha sido, por tanto, un instrumento progresivo. Pero, ojo, todo se mueve y hoy es necesaria una reforma para que no se convierta en un instrumento de la derecha contra las regiones.
La otra: el boom de ingresos mineros y de hidrocarburos debe servir para la diversificación productiva, ya que de un lado el boom de precios no dura para siempre y, de otro, son recursos agotables y no renovables. Hay que sembrar el petróleo y la minería en infraestructura, capital humano y un patrón de producción más homogéneo, con mayor valor agregado y empleos dignos. Nada más, pero tampoco nada menos.
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