Transparencia en las industrias extractivas: un reto por alcanzar

 Por Aída Gamboa Balbín



El Perú, en los últimos años, ha asumido compromisos internacionales para promover la transparencia en el sector extractivo. En 2005, nuestro país fue el primer país latinoamericano en adherirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza estratégica internacional que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil para emplear criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas a los gobiernos y en los ingresos que estos gobiernos reciben de dichas empresas con el fin que tales recursos se usen para fomentar el desarrollo de los países.
 En 2006, se creó la Comisión de trabajo que implementará la EITI y se aprobó el respectivo Plan de Acción de Implementación. El año 2011, tal Comisión EITI Perú es elevada a Comisión multisectorial permanente para el seguimiento y supervisión de la transparencia del empleo de los recursos que obtiene el Estado por el desarrollo de las industrias extractivas minera e hidrocarburífera, compuesta por nueve representantes (con sus respectivos suplentes) del Estado, empresas y sociedad civil.


La iniciativa EITI viene promoviéndose en algunas regiones, aunque todavía requiere de mayor impulso. Este es el caso de Loreto que a través de la Ordenanza Regional 023-2012-GRL-CR (publicada en marzo de 2013) se creó una Comisión Regional Multisectorial Permanente para su implementación.

Un reto importante de la iniciativa EITI es concluir el 2013 con el Tercer Estudio de Conciliación Nacional, 2011 – 2012. La meta es superar el estándar del segundo estudio incorporando un mayor número de empresas extractivas que difundan sus pagos de forma desagregada (empresa por empresa) acercándonos así al nuevo estándar para el 2014: mostrar el 100% de empresas con gastos desagregados.

La transparencia es un principio fundamental para lograr una gestión eficiente y legítima del Estado, que contribuya al uso sostenible de los recursos, a reducir los conflictos sociales, a prevenir la corrupción y aumentar la confianza en la población. Este es uno de los principios para conseguir el “Buen Gobierno” o la gobernanza.

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