Perú: País trabajador y creativo
Por Pedro Francke
La economía peruana viene creciendo de manera sostenida y acelerada en la última década. Pero al mismo tiempo mantiene niveles inaceptables de pobreza y acrecienta su desigualdad interna como resultado de una organización de la economía en la que grandes corporaciones internacionales y los grupos económicos nacionales monopolizan el acceso a los recursos naturales y las actividades económicas y de servicios más rentables y se concentra el ingreso en manos de pocos, mientras se abandona el rol redistributivo del Estado.
Tenemos entonces –junto con la depredación creciente de nuestra biodiversidad y recursos naturales renovables– una enorme concentración de la propiedad y de la riqueza en el marco de una apuesta de re-primarización extractivista neoliberal de nuestra economía, que nos expone a la volatilidad cíclica de los mercados internacionales y es ambiental, económica, social y políticamente insostenible.
El modelo económico vigente –diseñado a inicios de la década de 1990 y puesto en práctica por los gobiernos de Fujimori, Toledo y García– supone que más de la mitad del país queda excluida de los beneficios del crecimiento y se refugia en estrategias de sobrevivencia en la micro y pequeña empresa urbana y la producción familiar campesina rural como espacios de reproducción precaria de baja productividad y carentes de derechos laborales y sociales básicos.
Un aspecto básico del modelo es la flexibilización laboral y la existencia de regímenes laborales de excepción (como es el caso de los sectores de textiles y de agro exportación) que permiten que la competitividad internacional se sustente en el «cholo barato».
Por las mismas razones, la gran mayoría de la población trabajadora –que se ubica en el sector informal de la economía o está sujeta a regímenes laborales de excepción– queda al margen del acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones, pues ambos son de base contributiva.
En este contexto, un cambio en nuestro país requiere afirmarnos como un país de economía diversificada y sostenible, socialmente inclusiva y democrática, orientada a la generación de empleo y de rentas públicas usando sosteniblemente los recursos naturales renovables para responder a las necesidades humanas y productivas en el mercado interno.
La economía peruana viene creciendo de manera sostenida y acelerada en la última década. Pero al mismo tiempo mantiene niveles inaceptables de pobreza y acrecienta su desigualdad interna como resultado de una organización de la economía en la que grandes corporaciones internacionales y los grupos económicos nacionales monopolizan el acceso a los recursos naturales y las actividades económicas y de servicios más rentables y se concentra el ingreso en manos de pocos, mientras se abandona el rol redistributivo del Estado.
Tenemos entonces –junto con la depredación creciente de nuestra biodiversidad y recursos naturales renovables– una enorme concentración de la propiedad y de la riqueza en el marco de una apuesta de re-primarización extractivista neoliberal de nuestra economía, que nos expone a la volatilidad cíclica de los mercados internacionales y es ambiental, económica, social y políticamente insostenible.
El modelo económico vigente –diseñado a inicios de la década de 1990 y puesto en práctica por los gobiernos de Fujimori, Toledo y García– supone que más de la mitad del país queda excluida de los beneficios del crecimiento y se refugia en estrategias de sobrevivencia en la micro y pequeña empresa urbana y la producción familiar campesina rural como espacios de reproducción precaria de baja productividad y carentes de derechos laborales y sociales básicos.
Un aspecto básico del modelo es la flexibilización laboral y la existencia de regímenes laborales de excepción (como es el caso de los sectores de textiles y de agro exportación) que permiten que la competitividad internacional se sustente en el «cholo barato».
Por las mismas razones, la gran mayoría de la población trabajadora –que se ubica en el sector informal de la economía o está sujeta a regímenes laborales de excepción– queda al margen del acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones, pues ambos son de base contributiva.
En este contexto, un cambio en nuestro país requiere afirmarnos como un país de economía diversificada y sostenible, socialmente inclusiva y democrática, orientada a la generación de empleo y de rentas públicas usando sosteniblemente los recursos naturales renovables para responder a las necesidades humanas y productivas en el mercado interno.
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