La institucionalidad de la nueva política industrial
El objetivo de la política industrial tiene que ser transformar el actual estilo de crecimiento, es decir, pasar de la especialización primario exportadora a la diversificación productiva y, por lo tanto, a un crecimiento sustentado en la productividad. A diferencia del actual extractivismo, la política industrial debe promover el desarrollo de instituciones económicas inclusivas --que redistribuyen los recursos y fomentan la innovación, la competencia y el empleo- en una nueva relación del mercado con el Estado. «Los mercados --dicen Acemoglu y Robinson-- no son por sí mismos una garantía de existencia de instituciones inclusivas. Los mercados, abandonados a su suerte, pueden dejar de ser inclusivos, y llegar a ser dominados por intereses económicos y políticos poderosos». Por eso las instituciones económicas inclusivas no pueden prescindir del Estado.
La necesidad de instituciones políticas inclusivas
La diversificación productiva y el desarrollo de mercados internos deben ser procesos simultáneos. Así, la industrialización, para beneficiar al conjunto de la sociedad, debe contribuir a la integración económica, social y política del país. Las instituciones económicas que operan con este fin, deben «simultáneamente redistribuir el ingreso y el poder». Estas instituciones económicas inclusivas «requieren de mercados inclusivos que generen igualdad de condiciones y oportunidades económicas para la mayoría de la población».
En el modelo actual, el Estado ha sido tomado por los grupos de poder económico que no innovan, que rechazan la regulación de los mercados, que se oponen a la redistribución de los ingresos y que debilitan la democracia. Para que se abandone este modelo y ocurra el cambio estructural a favor de la industria, se necesitan instituciones políticas inclusivas. Si la industrialización implica la creación de instituciones económicas inclusivas, ella debe ser resultado de un proceso político determinado por instituciones políticas distintas a las actuales. Las nuevas instituciones económicas industriales, para ser inclusivas, no pueden surgir de un entorno constituido por instituciones políticas donde predomina la corrupción, el clientelismo y los intereses de los grupos de poder.
Se tienen que desarrollar instituciones que incentiven la innovación en la política, que fomenten la democracia y libertad republicanas, que respeten los derechos de las poblaciones nativas, que no toleren la depredación del medio ambiente, que extirpen la corrupción del aparato del Estado, que aseguren que se gobierne a favor de toda la población, y que promuevan el desarrollo de mecanismos eficientes de fiscalización y la rendición de cuentas en todos los poderes del Estado.
«Las instituciones políticas de un país -según Acemoglu y Robinson--- son las que determinan la capacidad de los ciudadanos para controlar a los políticos e influir en la forma cómo se comportan. Esto a su turno determina si los políticos son agentes de los ciudadanos, si abusan del poder que se les ha confiado para amasar sus fortunas y perseguir sus propios intereses en detrimento de los intereses de los ciudadanos». Una de estas instituciones es la Constitución de la República.
La institucionalidad para el desarrollo industrial
La diversificación productiva debe ser fruto del esfuerzo conjunto entre el Estado y el empresariado privado, para innovar, para crear nuevas actividades productivas a lo largo y ancho del país, y para generar externalidades de aprendizaje y tecnológicas en beneficio de toda la sociedad. El dominio del modelo extractivista ha mostrado que el mercado no orienta las inversiones hacia la diversificación y el desarrollo de mercados internos, pero de aquí no se deduce que esta debe ser una tarea exclusiva del Estado.
La administración del Estado es una institución social como lo es el mercado. Ambos no están libres de comportamientos rentistas y corruptos, y de colusión y abuso de poder. Por eso, para industrializarnos, las inversiones que se orientan a generar igualdad de condiciones para el desarrollo de actividades empresariales rentables, y los sistemas de incentivos a la empresa privada orientada a la diversificación, deben ser producto de la coordinación, de la deliberación y del intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas. Para ello, podría constituirse un Consejo de Desarrollo Industrial público-privado donde, además de otras tareas, se identifiquen las necesidades de inversión en infraestructura para crear mercados internos, los proyectos de normas para eliminar costos de transacción y obstáculos a la inversión privada orientada a la diversificación, los sistemas de incentivos y sus condicionalidades, y los apoyos financieros a las inversiones innovadoras.
A modo de Conclusión
Rodrik, en Industrial Policy for the Twenty-First Century (2004), propone un conjunto de elementos constitutivos de la «arquitectura institucional» para la nueva política industrial: apoyo político de alto nivel; coordinación y deliberación público-privada; transparencia y rendición de cuentas; y, criterios para el diseño de las políticas entre los que se encuentran: incentivos solo para nuevas actividades, condiciones de éxito y fracaso, cláusulas de extinción de los incentivos, apoyo público a actividades y no a sectores, y apoyo a actividades que generen externalidades tecnológicas y de información.
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