¿Momento de cambios?
Un segmento de los grandes empresarios y de sus voceros en la prensa, radio y TV, están tratando de garantizar la permanencia en el gobierno del titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Inicialmente, esto parecía razonable, ya que debía corresponderle los buenos y los malos tiempos para hacer frente a la desaceleración económica y al shock externo. Sin embargo, cada vez más su permanencia está implicando la implantación de algunas medidas que poco promueven inversiones, pero que pueden generar afectaciones al Estado y Sociedad. Se acaba de aprobar un nuevo conjunto polémico de propuestas que involucran a INDECOPI, más facilidades para las obras por impuestos y nuevos criterios de clasificación por tamaño de las empresas.
El titular del MEF ha navegado con viento en popa para recorrer una distancia corta (el corto plazo). Sin embargo, salvo prever en 2012 un mayor nivel de consumo e inversión pública para 2013, su perspectiva para el mediano plazo es limitada y acotada a los equilibrios financieros que ya están garantizados por ley. Ya tiene dos años en el gobierno y no cuenta en su haber con reformas sectoriales en perspectiva para un horizonte más amplio. Salvo las modificaciones marginales al SNIP relativas a contabilizar algunas nuevas externalidades en las carreteras y pavimentación realizadas en 2012, no se ha revisado el tema en otras inversiones ni mejorado el sistema en su conjunto. Sigue subestimando la importancia del planeamiento estratégico y no muestra una visión articulada de los proyectos de inversión pública. Tiene reducida perspectiva económica y su pensamiento se circunscribe al manual de la macroeconomía estándar: sin considerar políticas a nivel micro y meso o intermedias.
Hasta ahora no se concretan las nuevas reglas fiscales de mediano y largo plazo asociadas al establecimiento de un balance estructural. Seguimos con los criterios de 2003. Tampoco se ha avanzado en la constitución de fondos soberanos, más allá al de estabilización fiscal, y se continúa con una política de reducción del endeudamiento público, olvidándose que se desaprovecha la mayor capacidad de pago del país para cerrar las brechas de infraestructura. Aún no se aplica el comparador público-privado para seleccionar entre una obra pública y otra en asociación público-privada.
El gobierno acaba de establecer sanciones a los funcionarios públicos que retrasen las inversiones a través de INDECOPI. Esto no tiene que ver con las funciones básicas de esa institución en defensa de la libre competencia y del consumidor. Lamentablemente continúa en la senda equivocada del gobierno anterior que amplió dichas funciones en 2008. El sector privado debe recordar que el garante del desarrollo sostenible no deben ser personas en particular, sino instituciones y reglas al servicio de la sociedad.
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