Ilo, La Oroya y los estándares de calidad ambiental
El viernes pasado se conoció que la empresa Southern Peru piensa cerrar la Fundición de Ilo argumentado que no puede bajar sus emisiones de dióxido de sulfuro a los nuevos límites que estarán vigentes a partir de enero del 2014. Right Business -que administra el Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO)- también dice que es imposible adecuarse a estos nuevos límites.
Desde el 2001 está establecido que en las zonas urbanas el límite de emisión de dióxido de azufre debe ser de 20 microgramos por metro cúbico (20 ug/m3), que a partir de enero del 2014 ya no se permitirá emisiones por arriba de esos niveles, y que mientras tanto se puede operar emitiendo hasta 80 ug/m3. Pero ambas empresas señalan que no existe en el mundo la tecnología que haga posible bajar las emisiones de las fundiciones de cobre a los límites que entrarán en vigor el próximo año.
Ahora bien, CMLO ya procesa plomo y de zinc con emisiones de 80 ug/m3 y tiene el diseño tecnológico y planes concretos de inversión para lograr que en cuatro a seis años su circuito de cobre baje las emisiones de las actuales 365 ug/m3 a 80 ug/m3. Entonces, si se extendiese el plazo, CMLO podría seguir operando en esos niveles hasta que se resuelva si en realidad se puede bajar a 20 ug/m3.
Pero Southern –que también emite 365 ug/m3- no parece tener ningún plan en marcha para llegar aunque sea a los 80 ug/m3 transitoriamente vigentes, y su única alternativa es “cierro y me voy”. El asunto es serio, pues si Southern efectivamente cierra la fundición, el Perú prácticamente dejaría de exportar cobre refinado.
¿Está pidiendo el MINAM un imposible? ¿O estamos ante un chantaje empresarial para evitar hacer los gastos necesarios para cumplir con nuevas normas ambientales? De hecho, ya hemos visto cómo el sector empresarial ha usado la baja de los precios de los minerales para crear pánico y lograr del gobierno medidas para hacer más fácil la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental y la obtención de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos, además de la práctica liquidación de la Ley de Consulta para los proyectos mineros en la sierra.
La izquierda lideró y ganó entre de los 70 e inicios de los años 80 una gran batalla ambiental para que la Southern baje los niveles de contaminación que entonces causaba en Ilo. La lucha de hoy en torno a los estándares de calidad ambiental en Io y a nivel nacional es su directa continuación. El Frente Amplio debe asumirla como suya, exigiendo que se pongan todos los argumentos y opciones técnicas sobre la mesa. No se puede pedir un imposible, pero tampoco se puede aceptar que las empresas chantajeen al país para mantener sus tasas de ganancia a costa de la calidad del ambiente.
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