Agentes de la banca al ataque
Según Óscar Ugarteche, en un artículo denominado “La Nueva Corrupción”, publicado por la revista Nueva Sociedad: Quizás el mayor modo moderno de corrupción sea la presencia de asesores y funcionarios remunerados por empresas y estudios de abogados, a fin de asegurar que el ministerio y/o la agencia del Estado que corresponda haga lo que ellos requieren para garantizar una ganancia mayor a la empresa o empresas que representan”.
Y, a continuación, pone el ejemplo del abogado del Banco de Crédito “prestado” al MEF para que ayude a redactar la Ley de Bancos, que permitió obtener la cartera de clientes y de créditos de la banca de fomento y bancos quebrados, antes que sus competidores. En el siguiente capítulo de la historia el abogado regresa al banco, premiado con un alto sueldo y créditos subsidiados. Y todo eso ha quedado como si fuera lo más normal del mundo.
Otro caso es el de los abogados del Midland Bank de Londres (posteriormente HSBC) y el Banco de Crédito convertidos en asesores legales del MEF a comienzos de los 90, cuando empezaban a discutirse las futuras privatizaciones. Estos profesionales llegaron en paralelo a la formación del Peru Privatization Fund (PPF- Fondo de Privatización Perú), impulsado por los dos bancos, con sede en Islas Gran Caimán, que entró agresivamente a comprar papeles de deuda externa que sus tenedores daban casi por perdidos, a precios irrisorios (un promedio del 10% del valor nominal).
Los letrados provenientes de los bancos redactaron, sin embargo, la ley y los decretos complementarios que harían posible canjear papeles de la deuda al 100% de su valor nominal durante la venta de empresas públicas. Esto le permitió al PPF ofertar su stock de estos documentos a alrededor del 80% de su valor nominal (8 veces más) a los interesados en participar en las privatizaciones. Se calcula que ese negocio dejó una utilidad de más de 100 millones de dólares. Los abogados destacados al MEF, dejaron luego sus cargos y volvieron a sus bancos.
El negociador peruano de la deuda de esa época era funcionario de Opinvest, operadora de fondos internacionales que facilitaron las operaciones reseñadas. En otras palabras, los gatos hacían a cada rato de despenseros. El Estado estaba copado por dentro de agentes de los bancos.
Hoy tenemos que el presidente del Tribunal Constitucional que tiene que resolver un enorme pago de los bonos de reforma agraria, es un ilustre abogado que ha servido 21 años al Banco de Crédito, que por casualidad ha sido el principal comprador de estos papeles adquiridos a precio de huevo y por los que ahora tiene demandado al Estado. Y cuando le piden que se abstenga de decidir en este caso por simple decoro, sale al frente a defender una autonomía que es difícil de creer. Como si no hubiera tanta historia detrás de este tipo de situaciones.
Comentarios