Jugando con fuego
Por José De Echave C.
Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente se encargó de anunciar un paquete de reformas para impulsar las inversiones que coincidan con los pedidos que vienen de los gremios empresariales.
¿Cuáles son algunas de las medidas? La primera es la creación de un equipo que se encargue de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión y que esté adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo se conformará el equipo? ¿Estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep? ¿Incluirán a representantes de organizaciones sociales y académicos? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en temas sociales y ambientales?
Otra medida tiene relación con un reciente decreto que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que se acredite que no existen sitios arqueológicos en zonas donde se pretende desarrollar proyectos de inversión. Como han señalado algunos expertos, esta norma vulnera compromisos internacionales contraídos por el Perú para la protección de nuestro patrimonio arqueológico.
Una de las medidas más preocupantes tiene que ver con un decreto supremo que busca acelerar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo no aporta al fortalecimiento de la certificación ambiental en el país, en la medida que ni la actual institucionalidad ambiental está preparada para realizar evaluaciones rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema de certificación ambiental recién tendrá funciones plenas a finales del 2014.
De nada vale decir que el gobierno no está alterando ninguna exigencia ambiental vigente; no hace falta alterar nada porque lo que existe no funciona y ahora a los procesos de certificación ambiental se los presionará aún más y los funcionarios serán sancionados si no cumplen con los plazos estipulados.
Lo cierto es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones y el ministro Castilla ya anunció que vendrán otras medidas. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país; lo que preocupa es que se sigan perdiendo los necesarios equilibrios sociales y ambientales.
Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad de un gobierno que cede frente a las presiones. Pasó con el tema de Repsol, luego con el entrampamiento de la consulta previa y ahora con este paquete de medidas. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que siguen ganando, en cambio se acrecienta el malestar en los que la ganaron.
Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente se encargó de anunciar un paquete de reformas para impulsar las inversiones que coincidan con los pedidos que vienen de los gremios empresariales.
¿Cuáles son algunas de las medidas? La primera es la creación de un equipo que se encargue de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión y que esté adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo se conformará el equipo? ¿Estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep? ¿Incluirán a representantes de organizaciones sociales y académicos? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en temas sociales y ambientales?
Otra medida tiene relación con un reciente decreto que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que se acredite que no existen sitios arqueológicos en zonas donde se pretende desarrollar proyectos de inversión. Como han señalado algunos expertos, esta norma vulnera compromisos internacionales contraídos por el Perú para la protección de nuestro patrimonio arqueológico.
Una de las medidas más preocupantes tiene que ver con un decreto supremo que busca acelerar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo no aporta al fortalecimiento de la certificación ambiental en el país, en la medida que ni la actual institucionalidad ambiental está preparada para realizar evaluaciones rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema de certificación ambiental recién tendrá funciones plenas a finales del 2014.
De nada vale decir que el gobierno no está alterando ninguna exigencia ambiental vigente; no hace falta alterar nada porque lo que existe no funciona y ahora a los procesos de certificación ambiental se los presionará aún más y los funcionarios serán sancionados si no cumplen con los plazos estipulados.
Lo cierto es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones y el ministro Castilla ya anunció que vendrán otras medidas. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país; lo que preocupa es que se sigan perdiendo los necesarios equilibrios sociales y ambientales.
Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad de un gobierno que cede frente a las presiones. Pasó con el tema de Repsol, luego con el entrampamiento de la consulta previa y ahora con este paquete de medidas. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que siguen ganando, en cambio se acrecienta el malestar en los que la ganaron.
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