¿Talara a medias?
El presidente Regional de Piura acaba de anunciar que la modernización de la refinería de Talara (PMRT) comenzaría en julio de este año. Sin embargo, parecería predominar la posibilidad de que esta se haga en dos partes, donde LA PRIMERA correspondería a la desulfurización de los combustibles y la segunda (quién sabe cuándo) a la ampliación de la capacidad hasta 95,000 barriles diarios (BD), obtener combustibles de mejor calidad y procesar crudo pesado. Decisión cuestionable, en la medida en que este proyecto se planteó integralmente y su realización por partes podría afectar la estabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo.
El PMRT está valuado con información pública en US$ 2,691 millones, más inversiones privadas complementarias por US$ 765 millones. Los montos han sido ajustados por la empresa internacional responsable del proyecto y auditados por otro consorcio internacional, una empresa de consultoría global y una tercera a punto de culminar. Se puede ejecutar de manera directa o acudir a un concurso público internacional que podría reducir los costos internacionales y especialmente los locales, útiles para financiar el 75% de la ampliación de la capacidad hasta 160,000 BD (US$ 200 millones adicionales).
Este proyecto se concibió para ser ejecutado integralmente para financiar la desulfurización que era su componente poco rentable, ya que los consumidores no pagan más por los mejores combustibles. En 1995 la diferencia en precios era del 12% y en 2011 fue del 3% (US EIA, 2012). Hacerla en dos partes podría generar un sobrecosto de US$ 200 millones debido a que los proveedores ajustarían sus precios hacia arriba por menores volúmenes de obra. Asimismo, se estaría aprovechando una línea de crédito internacional en condiciones de mercado pensada para el conjunto, pero poco adecuada cuando se le vincula a LA PRIMERA etapa.
Han pasado casi cinco meses desde que los aspectos técnicos del PMRT debieron estar cerrados y todavía se sigue dando vueltas. El esquema de financiamiento heredado del gobierno anterior no estuvo bien diseñado, ya que preveía un crédito puente inicial y un plazo de más de un año para completarlo. Desde el inicio se debió plantear un esquema de financiamiento integral. Hacia adelante solo quedaría que el gobierno capitalice la empresa en alrededor de US$ 1,000 millones compensándola por todos los daños generados y la evaluación socioambiental realizada, y emitiendo deuda por la diferencia. La otra opción es que todo el proyecto sea financiado por el Estado con recursos propios o por emisión de deuda a largo plazo. La otra senda, en el mediano y largo plazo, es que se deje de refinar y se importen todos los combustibles, continuando con la ruta de desindustrializar el país. El Directorio, la Junta General de Accionistas de la empresa petrolera estatal y el Gobierno tienen la palabra.
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