Cae la industria y la gran minería se gana
En marzo la industria decreció 3,6 por ciento, mientras la inversión minera en el primer trimestre aumentó más de 20 por ciento. La conclusión que parece sacar el gobierno: hay que dar más ventajas a las trasnacionales mineras recortando derechos sociales.
En efecto, el ministro Castilla ha salido a decir que hay que dar más facilidades a las inversiones mientras el gobierno da marcha atrás en la consulta previa y el acomodaticio ministro de energía y Minas, Jorge Merino, afirma que Cañariaco (el proyecto rechazado por la comunidad indígena de Cañaris) va de todas maneras. En el transcurso, Ollanta Humala, mostrando una ignorancia supina, habla de restringir la consulta solamente a pueblos no contactados.
Eso no parece del todo lógico, ¿no? Si cae la industria, ¿no habría que apoyarla? Si a la minería le va muy bien y avanza como nunca pero con grandes costos ambientales y sociales, ¿deben centrarse allí las propuestas de crecimiento económico? Si fuera el caso que la macroeconomía tiene problemas, ¿debe por eso agravarse la exclusión social y política?
¿No sería más lógico, darle un poco más de apoyo a la industria, al agro y al turismo? ¿Darle atención a las pymes y cooperativas? ¿Promover el mercado interno en vez de responder solo a las demandas externas? ¿Favorecer el biocomercio y el comercio justo en vez de seguir exportando recursos naturales no renovables?
Por otro lado, hemos aprendido, lamentablemente con mucha sangre de por medio, que imponer grandes proyectos mineros sin la consulta a la población afectada deviene posteriormente en conflictos agudos. Por eso hay una ley precisando el derecho a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas antes de que se les afecte con la entrega de recursos naturales. Pero el gobierno ahora trata de excluir del mismo a pueblos de costa y sierra ocultando la base de datos donde se especifica quiénes tienen este derecho.
La industria cae producto de la enfermedad holandesa producida por la minería y el gobierno reacciona recortando derechos sociales y ambientales a favor de las grandes empresas mineras. A profundizar el modelo primario-exportador. A rematar nuestro oro y cobre. A aumentar los desequilibrios estructurales. A mantener la exclusión social y política. Muy mal.
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