No al cáncer de los regímenes “especiales”
Adiferencia de más del 90% de los países de América que cuentan con un Código o Ley General del Trabajo, en el Perú prolifera un significativo número de regímenes especiales que no solo reducen el alcance de los derechos laborales de sus destinatarios, sino que, habiendo sido concebidos como medidas de promoción excepcional y limitados en el tiempo, han sido ampliados por décadas. Dentro de estos se encuentra el de las trabajadoras del hogar –regulado por la Ley 27986 (2003)– que contempla una gama de derechos muy inferior a la que se aplica en el régimen laboral común.
De acuerdo con Sintrahogarp (la organización sindical de las trabajadoras del hogar) existen más de 700 mil trabajadoras en este régimen, de las que el 60% se concentra en Lima. La mayoría labora en precarias condiciones de trabajo: con jornadas de trabajo de 12 o 16 horas diarias; sueldos inferiores a la remuneración mínima vital que oscilan entre los S/ 50 y S/ 300; escasa afiliación a los sistemas de seguridad social y un alto nivel de incumplimiento de las normas laborales.
La vulnerabilidad de este sector laboral es directa consecuencia de la ausencia de una regulación que garantice de manera adecuada sus derechos laborales y las libere de un régimen especial que promueve un trato discriminatorio en perjuicio de ellas. En virtud de éste, ellas tienen menos derechos que los demás trabajadores: gratificaciones de Fiestas patrias y Navidad equivalentes al 50% y no 100% del salario mensual; vacaciones anuales de 15 y no 30 días; compensación por tiempo de servicio (CTS) equivalente a 15 días y no 30 por cada año continuo de trabajo, entre otros. Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo no hay razón que justifique esta diferencia.
Tampoco existen mecanismos de control que garanticen siquiera el cumplimiento de estos derechos. Su situación en materia de seguridad social es crítica, ya que Essalud no lleva un registro sobre el cumplimiento de los aportes de los empleadores a dicho sistema; y lo mismo pasa en materia previsional.
En los países de la región, sin embargo, la regulación laboral aplicable a las trabajadoras del hogar es significativamente distinta. En Brasil, por ejemplo, el pasado 02 de abril, sus poderes legislativo y ejecutivo les reconocieron una jornada semanal no mayor de 44 horas, el pago de horas extras, la prohibición de discriminarlas en materia de salarios, en el ejercicio de sus funciones o en los criterios aplicables en su contratación en el empleo por motivos de sexo, edad, estado civil o cualquier otra discriminación, incluyendo la discriminación por motivos de discapacidad. La nueva legislación brasileña les otorga, además, seguro de desempleo, CTS, indemnización por despido arbitrario, diferencial por trabajo nocturno, salario familia, asistencia gratuita a hijos y dependientes, seguro contra accidentes de trabajo, vacaciones de 35 días, asignaciones por movilidad y alimentación y salario mínimo equivalente al que se abona en todas las actividades productivas y de servicios.
Para encarar esta situación, y la que afecta a todos quienes en el Perú vienen sometidos a regímenes discriminatorios (trabajadores de la exportación no tradicional, en la agroindustria o la industria conservera, en los services y contratos CAS, empleados del Estado prohibidos de negociar colectivamente o expulsados irregularmente durante el Fujimorato y arbitrariamente excluidos en las listas de ceses irregulares, etc.), hemos llamado a movilizarnos y reunir las firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa ciudadana y popular que obligue al Congreso a encarar el tema o, si se niega a ello, a que esta problemática sea sometida a un referéndum. Un ejercicio como el que ya hicieron los Fonavistas: que el pueblo decida.
El trato discriminatorio es un rasgo estructural de nuestro mercado laboral. Constituye una grave enfermedad social que infecta nuestra sociedad y que juntos tenemos que vencer.
Llevemos a cabo para ello una Conferencia Nacional del Trabajo que articule una agenda única alrededor de la demanda del fin de la discriminación laboral en el Perú, que el Presidente cumpla sus promesas en favor de trabajos dignos para las mayorías que reclaman una justa distribución de los beneficios que el crecimiento genera.
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