Inversión con equidad
Las leyes de exportación no tradicional, de promoción agraria y de promoción y formalización de la MYPE si algo han tenido en común es la incorporación de un Régimen Laboral Especial (RLE) como uno de los “incentivos” para el fomento de las exportaciones, de la inversión agraria y la formalización de las MYPE, respectivamente. El RLE, significó en cada caso, reducción de derechos laborales respecto el régimen general.
Las leyes de exportación no tradicional, de promoción agraria y de promoción y formalización de la MYPE si algo han tenido en común es la incorporación de un Régimen Laboral Especial (RLE) como uno de los “incentivos” para el fomento de las exportaciones, de la inversión agraria y la formalización de las MYPE, respectivamente. El RLE, significó en cada caso, reducción de derechos laborales respecto el régimen general.
El tema es que dichas medidas legislativas, otorgan una ventaja competitiva de corto plazo a las empresas del sector. Por una sola vez la ley les reduce sus costos pero, precisamente por ello, podría estar restándoles incentivos para mejorar su eficiencia en otras áreas. Los “incentivos” conseguidos a través de la ley pueden estar operando como una “renta” ya que el inversionista logra una mejora en su competitividad y rentabilidad no por efectos de una mayor eficiencia económica sino, eventualmente, por la acción de un lobbying.
Es sintomático que, por ejemplo, ad portas del vencimiento del plazo para la culminación del RLE en el caso de la micro y pequeña empresa, haya sectores que indican que ello supone “castigar” a las micro empresas que han tenido éxito en formalizarse y en estar exportando. ¿Por qué va a ser un “castigo”? Se responden diciendo que, al tener que pasar su planilla del RLE al régimen laboral general, acabarán pagando mayores costos laborales lo cual les reducirá sus márgenes y pondrá en riesgo la continuidad de la inversión.
Esa respuesta conlleva, sin duda, una lógica rentista ya que, primero, el término del RLE estaba pre anunciado en el origen de la norma. Es decir, cualquier plan de negocios tendría que haber incorporado que en julio del 2013, el costo de la contratación laboral se alinearía con el régimen general. Segundo, la obtención de mayor competitividad y de ganancias de productividad por acción de una mejor gestión empresarial, de innovación y de cambio tecnológico acaban siendo reemplazados por esfuerzos concentrados en la prórroga de una norma.
Más bien, la culminación de dicho “incentivo” debe ayudar a que la agenda de competitividad encare los temas de fondo, es decir de las políticas industriales, de generación de mayor valor agregado y de innovación empresarial.
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