Urge una Conferencia Nacional del Trabajo
La pugna entre trabajo decente y trabajo oprimido marca las características del crecimiento económico peruano y constituye una bandera fundamental del cambio social.
El 94% de la población económicamente
activa está empleada y un 70% de ellos labora en el sector informal (es
decir no planilla, no seguro ni seguridad social). El INEI concuerda con
diversos estudios que señalan que el trabajo independiente no
calificado, el trabajo en pequeñas empresas urbanas de menos de 10
trabajadores, el trabajo campesino y el trabajo en hogares constituyen
alrededor de las tres cuartas partes de la ocupación nacional.
En el sector formal, las cosas no están
mejor. El Ministerio de Trabajo dice que alrededor del 30% de la
población ocupada en este sector recibe una remuneración menor a 1.200
soles (sin incluir pesca y minería).
Menos de la quinta parte de la población
ocupada tiene seguridad social y como dice PPK, sólo el 15% de la
población tiene un aporte real al sistema de pensiones. El 85% no tendrá
pensión en el futuro.
Ante ello hay dos opciones contrapuestas:
la que busca promover la creación de nuevos puestos de trabajo y
mejorar la calidad del empleo y la que impulsa el continuismo de las
políticas en materia laboral y la flexibilización de los derechos
laborales.
La primera se ha recogido en el Acuerdo
Nacional y en los programas de los partidos ganadores de las últimas
elecciones. En su Plan de Gobierno Humala se comprometió a: reorientar
la inversión pública en infraestructura y en proyectos que generen
empleos; fijar el salario mínimo en función de la canasta básica;
promover acuerdos de largo plazo para que las empresas convengan con los
trabajadores en mejoras salariales; fortalecer el Sistema Nacional de
Pensiones; aprobar la Ley General del Trabajo, fomentar la libertad
sindical, la negociación colectiva y respetar la autonomía sindical;
eliminar el uso de los “services” en el sector público y establecer
mecanismos que impidan los abusos laborales.
Por otro lado, diversos grupos de poder
económico (Confiep, SIN, asociaciones de agroexportadores, entre otros)
abogan por el continuismo. Con el argumento de la “competitividad”
fomentan la protección de los beneficios que obtienen a costa de una
injusta reducción de derechos y salarios de los trabajadores. Ninguno de
estos actores ha ganado una elección en los últimos 15 años, pero no
cabe duda que la agenda que ellos promueven es la que se ha
implementado.
Nada cambió con Humala. Está paralizado
el debate de la Ley General del Trabajo. En el Congreso no se debaten
proyectos de ley que planteen: eliminar el despido arbitrario, prohibir
el uso indebido de los contratos temporales, proteger la libertad
sindical y el derecho a la huelga, fomentar la negociación colectiva,
equiparar el salario mínimo a la canasta básica y el cambio de los
regímenes laborales del sector agrario, de las exportaciones no
tradicionales y de las Mype que hoy permiten la existencia de
trabajadores de segunda con menos derechos y remuneraciones pero igual
trabajo.
No es un hecho desconocido que las
medidas más eficaces de inclusión social son aquellas que se basan en
remuneraciones justas y empleos dignos; pero, al igual que Toledo y
García, en año y medio de gobierno Humala ha demostrado que no tiene la
fuerza ni la voluntad política para cumplir con sus compromisos de
campaña e implementar las medidas necesarias para promover empleos
dignos para todos.
¿Qué hacer para que los hombres y mujeres
del Perú tengan trabajo digno? Queremos remuneraciones justas,
condiciones adecuadas y seguras de trabajo, seguridad social y derechos
de organización y negociación colectiva. Urge articular y aglutinar
fuerzas. Los cambios no llegarán solos. Hay que imponer la agenda del
cambio sobre la agenda de la continuidad. Los partidos políticos que
están por el cambio, los sindicatos y los trabajadores en general tienen
la obligación de establecer una plataforma que impulse una campaña
sostenida a favor del trabajo decente y un justo reparto de la torta del
crecimiento. Una Conferencia Nacional por el trabajo decente que
levante una plataforma común de los trabajadores y su unidad en la
acción abriría las puertas de una auténtica transformación.
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