PERUPETRO: RENUNCIA DE AURELIO OCHOA Y PERSPECTIVAS DEL LOTE 56
Por Jorge Manco Zaconetti
A pocas horas de que el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa,
anunciara la posibilidad de rescindir el contrato de explotación del
lote 56-usado para la exportación-, tras acusar de incumplimiento
contractual al Consorcio Camisea, sorpresivamente, el Ministerio de
Energía y Minas decidió ayer reemplazarlo.
En resolución suprema del MEM, se dispone aceptar la renuncia de Ochoa y
nombra en su lugar a Isabel Tafur Marín, quien se venía desempeñando
como gerente general de esa empresa.
Aunque ayer Ochoa afirmó que, tras su nombramiento en ese puesto-a
comienzos de este gobierno-, esperaba mantenerse por un año en ese
cargo, y que ese plazo ya se ha cumplido, fuentes del sector señalaron
que el citado funcionario se declaró también sorprendido por esa
repentina resolución.
Además, Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM,
dijo tener conocimiento de que fue el ministro de Energía y Minas,
Jorge Merino, quien habría pedido esa renuncia, en vista de que Ochoa
habría tenido diferencias irreconciliables con su gerente general Isabel
Tafur, y su gerencia de contratos, precisamente por cómo el presidente
de esa firma estatal había llevado a cabo el procedimiento vinculado al
lote 56.
En la víspera, el titular de Perupetro había señalado que, desde este 20
de julio, corría plazo de 60 días para que el consorcio explicara cuál
fue el destino real de diez embarques de gas natural licuefactado (LNG)
que si bien partieron del Perú con destino a tres puertos en el Golfo de
México, Estados Unidos, en la práctica habrían sido reexportados a
otros destinos, pero pagando una regalía menor al Estado.
Como además dicho funcionario había advertido que si el consorcio no
pagaba la regalía solo cabía la rescisión del contrato al cabo de 60
días, horas después el consorcio anunció que iría a un arbitraje
internacional.
Manco indicó que, al parecer, la gerencia no estuvo de acuerdo con que
Ochoa optara por dilucidar el problema en un proceso de conciliación,
pues no había ningún aspecto jurídico que conciliar, sino solo técnico
(no informar sobre el destino final de las regalías), por lo que lo
único que cabía era rescindir el contrato.
Si no hubiera habido conciliación, no habría necesidad de ir al
arbitraje, observó Manco. Por su parte, Ochoa señalo ayer que, si en el
arbitraje se le da la razón a Perupetro, ya no cabría resarcir por las
regalías dejadas de pagar, sino que la única salida será rescindir el
contrato.
CONTRATOS CON CONSORCIO CAMISEA FUERON PERJUDICIALES PARA EL PERÚ (Publicado en el Diario La República)
Según el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, el problema de fondo son los contratos firmados con el Consorcio que desde que se suscribieron, se advirtió eran perjudiciales para el Estado peruano.
"Fue negociado en desmedro de los intereses del país", enfatizó Herrera Descalzi a La República.
Indicó que el marco legal del contrato nos ampara, por lo que el Estado peruano tiene todas las de ganar ante el Tribunal Arbitral Internacional (Ciadi).
En tal sentido, apuntó que no sólo el Lote 56 podría volver al Estado sino que además el Consorcio tendría que pagar las regalías que debe (US$ 50 millones) más los intereses, gastos del proceso arbitral e incluso una penalidad.
"El Consorcio Camisea rompió las reglas del contrato del Lote 56", manifestó.
El ex ministro explicó que si el Lote 56 retorna a manos del Estado, sería decisión de la nueva administración de Perupetro sacarlo a licitación tal y como ocurrirá con los próximos 22 lotes de explotación y exploración.
Jorge Manco Zaconetti, investigador de la UNMSM, reconoció que si bien el gas comprado a precio Henry Hub a US$ 2,50 por millón de BTU, era reexportado un precio tres veces mayor, señaló que se debieron agotar los esfuerzos para llegar a una conciliación antes de ir al arbitraje internacional.
"Hay que respetar los contratos firmados. No podemos patear el tablero porque a lo que apunta este gobierno es a traer más inversión", anotó.
Herrera Descalzi precisó que las acciones legales que se vienen no son un desincentivo para los inversionistas privados, porque más bien el Estado con su accionar está dejando en claro que se rige con base en los contratos suscritos y se ampara en el marco jurídico.
El Consorcio respondió que se trata de una discrepancia con respecto a la interpretación de una cláusula que prevé cómo se determina el valor de referencia del gas natural para efectos de las regalías, lo cual en su posición debe ser resuelto por un árbitro internacional.
PETROPERÚ UNA OPCIÓN
Según Alejandro Narváez Liceras, ex presidente de la empresa estatal Petroperú, lo que le corresponde hoy a las autoridades es preservar los intereses del Estado peruano, lo cual es técnica y económicamente defendible.
"Yo creo que el Consorcio va a litigar hasta donde le sea posible, porque además tiene recursos para hacerlo, pero si el lote en disputa vuelve al país, una opción sería que Petroperú pueda ingresar", dijo.
En tal sentido, Narváez manifestó que el ingreso de la petrolera estatal no sería descabellado en función a que hoy está buscando ganar rentabilidad para salir al mercado de valores.
EL CONSORCIO DEBERÁ PAGAR
El ex presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, afirmó a La República que más allá de su presencia en la administración pública, el arbitraje internacional es la única vía posible para resolver la diferencia con el Consorcio y que no hay marcha atrás. "Es un tema irreversible, no hay vuelta que darle. El Consorcio o paga o el contrato se rompe", afirmó.
Pese a ello, estimó que el Consorcio teminará pagando las regalías que debe al Estado por re exportar el gas de Camisea, porque el contrato es claro al señalar que se paga por concepto de destino de consumo y no de consumo final.
Aurelio Ochoa apuntó que el fallo sobre el Lote 56 no interferirá con el contrato del Lote 88, donde está asegurada la devolución de los 2,5 TCF de gas que se destinarán al mercado interno.
LAS CLAVES
El Gobierno aceptó la renuncia de Aurelio Ochoa en la presidencia de Perupetro y nombró en el cargo a Isabel Mercedes Tafur Marín, quien se desempeñaba como gerente de la entidad.
El congresista Rubén Coa dejó entrever que hubo presiones para la salida de Ochoa por su firme posición en defensa de los intereses del país. Pedirá explicación a ministro de Energía y Minas.
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