¿Minería de valor compartido?
Para resolver los conflictos entre la minería y la sociedad hay que considerar diversas premisas. El sector minero es importante para el país en términos de divisas, recursos fiscales –aunque esta debe ser mayor-, contribución al PBI y excedentes generados.
También coadyuva a la generación de empleos, pero con una aportación mínima. Sin embargo, se trata de una actividad extractiva de vida limitada, que genera algunas externalidades positivas, pero neutralizadas -o superadas- por otras negativas relativas a sus impactos sobre el medio ambiente y por su escala, afectando las condiciones de vida de sectores amplios de la sociedad no involucrados directa o indirectamente con la actividad minera. Por otro lado, tampoco hay que olvidar que las estrategias de desarrollo alternativo a partir del sector agropecuario tienen potencial, pero implican una inversión de mediana maduración y una experiencia institucional por crear.
El balance de las externalidades positivas y negativas generadas por la actividad minera es incierto a nivel nacional, por el efecto pernicioso de la abundante entrada de divisas asociada a la enfermedad holandesa. No hay que olvidar que esta aprecia la moneda nacional, reprimarizando la economía, afectando a las otras actividades menos productivas que enfrentan la competencia internacional.
A nivel local, es obligado que la empresa minera demuestre un balance positivo para la sociedad, ya que de lo contrario su operación sería inviable. Sin embargo, donde el esfuerzo empresarial debe ser mayor es en el ámbito regional, ya que debe aportar a la generación de empleos indirectos, no afectar a las otras actividades productivas, mostrar sostenibilidad para el mediano y largo plazo, no acrecentar desigualdades y evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población regional.
Los conflictos no se resuelven por la decisión de una de las partes. Tampoco por anuncios vinculados a nuevas condiciones virtuales de inversión y de operación, que soslayan que éstas deben acompañarse de cambios legales e institucionales concretos. A pesar de las lamentables circunstancias actuales, se debe dar paso a una nueva etapa de dialogo. La empresa minera debe superar la visión de responsabilidad social estrecha, por otra más amplia de crear valor compartido para todos. Al Estado le compete coadyuvar a que se logre que los beneficios de la actividad sean superiores a sus costos, tanto a nivel nacional, regional, como local. Por último, la sociedad debe evaluar la importancia de la actividad minera, reconociendo que cualquier decisión a favor o en contra tiene beneficios y costos. Las consultas ciudadanas informadas son el medio para establecer estas posiciones colectivas. Las soluciones intermedias no deben ser desechadas, ya que probablemente se trataría de establecer una minería a escala técnica más humana.
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