Construyendo un discurso peligroso
En un reciente debate en RPP sobre los conflictos en Cajamarca y Espinar, dos exministros normalmente ponderados y responsables en sus afirmaciones (Fernando Sánchez Albavera y Juan Incháustegui) señalaron que estábamos ante una insurrección.
Y no se trató de la infeliz coincidencia de errores en el mismo tiempo y lugar, sino del manejo consciente de un concepto que, por su propia naturaleza, convoca a que el Estado responda a la protesta social de pleno en el campo militar, subordinando a ello temas de derechos humanos, libertades políticas e institucionalidad democrática.
Ayer, la periodista Rosa María Palacios celebraba que Óscar Mollohuanca estuviera preso. Y dijo que es gracias a esta medida que en Espinar ya no hay conflicto, no hay protestas, no hay muertos. Casi literalmente “muerto el perro, se acabó la rabia”. Se obvia en esta reflexión la cantidad de ilegalidades cometidas en esta detención (lo detuvieron cuando iniciaba diálogo con el presidente Regional Jorge Acurio y la congresista Verónika Mendoza; la orden de captura fue servida 12 horas después de la detención; el marco legal para trasladarlo y juzgarlo en Ica fue legalmente vigente 48 horas después de su traslado). Se desprende de esa afirmación que lo que habría que hacer es meter presos a por lo menos a Santos, Arana, Saavedra, Hernández, Benavides y Sánchez en Cajamarca, y quizás también a los Huamán, Bazán e Isarra de la CGTP, CUT y FENTAP que apoyan las protestas de Cajamarca, y después a varios más en Moquegua, Arequipa y Tacna y en Amazonas y Loreto. Pero ignora que en Espinar este conflicto arrastra más de 3 décadas y que no se va acabar porque metan preso al alcalde.
Y en respuesta a una muy moderada columna de Antonio Zapata de la semana pasada, el neutral perito español Rafael Fernández Rubio y varios otros representantes empresariales se tiran con todo contra la idea de hacer zonificación ecológica y económica para establecer dónde sí y dónde no se puede hacer minería. No quieren ningún límite…
Y líderes del PPC ya hablan de la necesidad de ilegalizar a Tierra y Libertad por estar incitando a la violencia. Es decir, buscan que el sistema electoral le aplique a Tierra y Libertad la misma lógica que le aplicó a MOVADEF, la fachada legal de Sendero Luminoso. La reflexión a la base es que protesta social y terrorismo son lo mismo.
Se va construyendo así un discurso sumamente peligroso: la minería no debe tener otro límite que el de su propia rentabilidad; hay que meter presos e ilegalizar a todos los que se oponen; y si esto no basta, entonces hay que enfrentar esa oposición como si fuese una insurrección.
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