La FAO ofrece apoyar la política agraria del gobierno peruano
Existe la percepción de que el gobierno aún no ha definido cuál es su política agraria. Es cierto que se han adoptado algunas medidas importantes: la liberalización de la importación de insumos para la actividad agraria, la aprobación de la realización del IV Censo Agropecuario y la moratoria a la importación de semillas transgénicas (ver artículo de R. Marapi en esta edición). Pero las expectativas provocadas por la Gran Transformación propuesta original del plan de gobierno, morigeradas por la hoja de ruta están lejos de ser satisfechas, en particular el apoyo a la agricultura familiar, la definición de una política de seguridad alimentaria y la regulación de la propiedad de la tierra (aunque sobre esto hay señales alentadoras; ver editorial).
Esta situación podría cambiar si la decisión política al más alto nivel apoya la implementación de las recomendaciones de una reciente misión de la FAO. En efecto, a solicitud del presidente Humala, el nuevo director general de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva, envió una misión que durante una semana del mes de abril sostuvo reuniones de trabajo con el Minag, el Midis, el Congreso y diferentes organizaciones de la sociedad civil (entre ellas Conveagro, Cepes y la Mesa de Coordinación de Lucha contra la Pobreza). Graziano da Silva dirigió el masivo programa Hambre Cero, implementado por el gobierno del expresidente Lula, y tiene entre sus prioridades el apoyo a la agricultura familiar, que es el soporte básico de la seguridad alimentaria en un gran número de países en desarrollo, incluyendo el Perú.
Es precisamente en estas dos áreas seguridad alimentaria y agricultura familiar que se centrará lo sustancial del apoyo de la FAO, en consenso con el gobierno peruano. ¿Es este apoyo una garantía de que el gobierno, efectivamente, priorice ambos temas? El descuido de los gobiernos anteriores ha sido tan marcado que se requerirán grandes esfuerzos institucionales y financieros para alcanzar logros significativos. En cuanto a la seguridad alimentaria, en 2004 el gobierno dictó una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria que nunca se aplicó. En la actualidad hay algunas iniciativas de ley en el Congreso, pero realmente no ha habido un debate sobre tema tan importante y complejo. Ni siquiera hay en el aparato del Estado una instancia que sirva de interlocutora en el tema alimentario, aunque el Minag ha tomado hace poco la iniciativa de asumir esa responsabilidad y es de esperar que esta se formalice prontamente. En lo que concierne al apoyo a la agricultura familiar, los esfuerzos gubernamentales nunca han pasado de proyectos o programas de escasa cobertura espacial, poblacional y temporal. Aun cuando ha habido experiencias interesantes, no dejaron de superar el carácter de piloto, sin que inspiren políticas nacionales.
Existen dos barreras que hay que superar, razón por la cual se
requiere de una decisión al más alto nivel, es decir, del propio
presidente. La primera es la conocida renuencia del Ministerio de
Economía y Finanzas a destinar recursos a la agricultura familiar y al
desarrollo rural. La segunda es la desarticulación entre los diferentes
niveles de gobierno, que dificulta que las políticas nacionales en
materia agraria sean implementadas eficazmente.
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