¿Y si parara la inversión minera?: haciendo números

 Por Pedro Francke.


Ni siquiera los anti-extractivistas más extremos proponen que se detenga totalmente la inversión minera. Pero deben establecerse regulaciones ambientales que reduzcan la contaminación al mínimo, implementar en serio la consulta previa a las poblaciones afectadas y asegurarse que los campesinos y agricultores no se vean afectados por la pérdida de agua, y con esas medidas habría algunos proyectos mineros que no saldrían adelante.
 ¿Cuánto perdería el Perú con una política de ese tipo? Junto con Vicente Sotelo quisimos responder con números a esa pregunta. Calculamos qué hubiera pasado si las elecciones del 2006 las ganaba Ollanta Humala y, consecuente con su prédica anti-neoliberal de entonces, tomaba la medida extrema de no permitir ningún proyecto minero nuevo y establecía un 50% de impuesto a las sobreganancias mineras.

El primer cálculo que hicimos es qué pasaba con los ingresos fiscales. Entre el 2007 y el 2010, con un impuesto a las sobreganancias de esta magnitud, se hubiera recaudado 41,977 millones de soles, lo que equivale a 23 veces el presupuesto del Seguro Integral de salud o 18 veces el presupuesto del Programa Juntos.

El segundo cálculo es qué hubiera pasado con las cuentas externas. Por un lado, la inversión minera de varios proyectos grandes no hubiera ocurrido, por lo que habrían entrado US$ 2,440 millones de dólares menos a nuestra economía. Habrían habido 5,600 millones de dólares menos de exportaciones, pero también 2,500 millones menos de importaciones (insumos y maquinaria). Pero el efecto más importante es que, producto del impuesto a las sobreganancias, las utilidades que las trasnacionales se llevan habrían disminuido en 11,100 millones de dólares. Sumando todo, con estas medidas nuestra balanza de pagos habría estado MEJOR, no peor, en 5,600 millones de dólares. En otras palabras, el ingreso nacional hubiera sido 5,600 millones de dólares MAYOR, no menor, que lo que fue.

Con esta política, lo recaudado con un buen impuesto a las sobreganancias mineras se podría inyectar a nuestra economía, mediante inversiones públicas, salud y Educación, promoviendo nuevas actividades productivas y el aprovechamiento económico de nuestra biodiversidad. Lo que se ganaría de esa manera compensaría largamente el menor crecimiento de la minería en algunas zonas del país.

Es importante recordar que estas estimaciones se han hecho bajo el escenario extremo de una paralización de todas las inversiones mineras. Pero si, como es razonable, se permiten los proyectos extractivos compatibles con un desarrollo nacional sostenible, los resultados económicos serían mejores.

Es mentira que no se pueda pensar en un modelo de desarrollo distinto al actual, centrado en la minería y permisivo de empresas contaminadoras y antidemocráticas como Yanacocha. Otro desarrollo, con justicia social, democracia y sostenibilidad ambiental, es posible.