Más allá de los límites a la propiedad de la tierra

 Por Carlos Monge.


La reforma agraria peruana de los años 70 transfirió mas de 10 millones de hectáreas de tierras de las haciendas a nuevas formas asociativas (cooperativas agrarias y a las sociedad agrícolas de interés social), que después se parcelaron, quedando esta tierra en manos de pequeños propietarios parcelarios o comuneros. Antes de eso, un pequeño número de familias hacendadas concentraba la mayor parte de la tierra productiva en el Perú. Suena increíble, pero fuimos, hasta hace apenas 40 o 50 años, un país de latifundistas y yanaconas, de gamonales y de pongos.
 Después de la reforma agraria ha habido un triple proceso de concentración de tierras: compra de las cooperativas por grandes inversionistas privados; ampliación de la frontera agrícola en lotes extensos por grandes proyectos de irrigación; compra venta de tierras por mecanismos de mercado.

Como resultado, especialmente en la costa, se ha producido un acelerado proceso de reconcentración de las tierras en manos de grandes propietarios. Gloria, Romero, Oviedo, Camposol y Maple poseen hoy 80 mil, 30 mil, 23 mil, 25 mil y 13 mil hectáreas, respectivamente. Y el proceso no para.

En respuesta, el presidente Humala ha encargado al ministro de Agricultura Luis Ginocchio proponer límites al tamaño de la propiedad de la tierra. Y en el Congreso ya habían tres proyectos de ley similares de diferentes bancadas: APRA (límite de 40 mil hectáreas), el legislador Virgilio Acuña (límite de 25 mil hectáreas) y el legislador y presidente de la Comisión Agraria José León (límite 10 mil hás. en la costa, 5 mil en la sierra y 20 mil en la selva).

Bien por el presidente Humala y bien por el Congreso, pues resulta necesario establecer límites a una reconcentración de tierras que termina siendo social y políticamente inaceptable.

Pero, el tema estratégico no es solamente la concentración de la tierra, sino el uso que se le da. Por ejemplo, buena parte de estas nuevas grandes propiedades se dedican a la producción de caña para azúcar y etanol, cultivo altamente consumidor de agua en pleno desierto y con cabeceras de cuenca sometidas a un creciente stress hídrico resultante del cambio climático. Mientras tanto, importamos alimentos y la mitad de los niños de la sierra llegan al colegio con algún nivel de malnutrición.

Además, está también el tema de las condiciones de trabajo en estas nuevas plataformas agroexportadoras. Su competitividad está basada en gran parte en el cLima que permite producir y exportar cuando hay escases en el mundo, pero también está basada en salarios bajos y negación de derechos a los y las trabajadoras del campo.

El reto es, pues, frenar la reconcentración de las tierras y al mismo tiempo reorientar su uso hacia la producción de alimentos para el mercado interno, como parte de una estrategia de seguridad alimentaria. En ese camino hay que avanzar. Ojalá que tanto el presidente Humala como el Congreso se animen a ver más allá del tema límites y se propongan una estrategia de uso de la tierra que sin negar los derechos de propiedad establezca para su uso consideraciones que no sean solamente la rentabilidad de los dueños.

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