La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
La volatilidad de los precios internacionales de los alimentos de origen agrícola y sus efectos en los precios nacionales hace difícil conocer cuáles son los impactos de los tratados de libre comercio en la oferta alimentaria y en la producción nacional. Pero un reciente informe del MIMDES nos alerta de que la situación de vulnerabilidad alimentaria en el Perú es dramática, y que es perentorio que el gobierno defina una política de seguridad alimentaria, pues esta nunca ha existido, a pesar de que formalmente hay una Estrategia Nacional de seguridad Alimentaria, que nadie cumple.
El Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a Nivel Distrital es un notable esfuerzo para mostrar la magnitud del problema. A partir de la definición de seguridad de la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”, el MIMDES mide el riesgo de que esta seguridad no se logre. Vale la pena presentar las conclusiones más saltantes. LA PRIMERA es que el 47.5% de la población del Perú –casi 14 millones de personas- es vulnerable a la inseguridad alimentaria.
La segunda es –como era de esperar- que este porcentaje es mucho mayor en algunos departamentos. El 95% de la población huancavelicana es vulnerable a la inseguridad alimentaria, como lo es el 84% en Huánuco, el 76% en Apurímac y el 74% en Pasco, todos departamentos andinos.
La tercera es que, aunque son varios los factores en la base de esta vulnerabilidad, dos son las principales causas: riesgos de que la producción de alimentos sea insuficiente, y la persistencia de la pobreza. LA PRIMERA tiene que ver con propiedad y uso de la tierra, con rendimientos y con destino de la producción (consumo interno y exportaciones). Lo segundo –la persistencia de la pobreza-, con problemas más estructurales, con la inclusión social, política y económica, con inversión pública y privada en las zonas económicamente deprimidas.
El detalle a nivel distrital de la información sobre la población vulnerable será útil para una mejor focalización de los programas sociales. Pero sería ingenuo pensar que éstos van a resolver un problema que incluye a cerca de la mitad de la población del país.
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