Reorganizando el Estado, ¿para debilitarlo?
“Preferimos que supervise y sancione una oficina dependiente del Ministro de turno, con poco presupuesto y sueldos bajos, y no un organismo independiente con presupuesto propio, con profesionales capaces y motivados”. Esta es la lógica que parece explicar el debilitamiento sistemático –quizá deliberado– de la supervisión y fiscalización de las actividades mineras, en campos tan sensibles como la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente.
La interferencia política con la supervisión minera se agudizó durante el gobierno anterior, cuando el MEF decidió sujetar la ejecución presupuestal del OSINERGMIN a aprobaciones previas, y a recortar sus fondos mediante decretos de urgencia. Luego se transfirió al OEFA, del Ministerio del Ambiente, la supervisión en temas ambientales. El OEFA se ha limitado a replicar los procesos a cargo del OSINERGMIN, en lugar de atender actividades más necesitadas de supervisión. El último paso ha sido la Ley 29873, formulada por el Congreso anterior y promulgada por el gobierno actual, en agosto pasado, la cual transfiere al Ministerio de Trabajo la supervisión de las normas de seguridad minera. Esta ley no fue observada por el Ejecutivo y se promulgó sin disposiciones transitorias, que hubieran facilitado una transferencia ordenada.
La responsabilidad de fiscalizar y sancionar a las empresas mineras se ha entregado entonces a los Ministerios, donde los sueldos son más bajos y las autoridades suelen cambiar con el Ministro de turno. Estas funciones estaban a cargo del OSINERGMIN, un organismo público con numerosos premios y reconocimientos, que cuenta con profesionales competentes y especializados, seleccionados por sus méritos, cuyos directores no pueden ser removidos del cargo arbitrariamente.
El cumplimiento de normas como aquellas referidas a la calidad del aire y la seguridad de las estructuras dentro de las minas, o a la construcción de depósitos de relave, dependerá ahora de la buena voluntad de las empresas mineras, pues en términos prácticos la supervisión ha sido debilitada y en algunos casos paralizada. Los expedientes de los procesos sancionadores en temas de seguridad y salud en el trabajo están siendo enviados al Ministerio de Trabajo, el cual probablemente los almacenará hasta que prescriban, pues no cuenta con personal especializado, procedimientos ni presupuesto. Los equipos de fiscalización que el OSINERGMIN había logrado constituir ya han empezado a disgregarse. Es improbable que sus integrantes acepten trabajar en los Ministerios sin estabilidad y con sueldos más bajos; un buen número irá a trabajar al sector privado. Bajo estas condiciones el daño provocado suele ser irreversible, al perderse toda la experiencia y el conocimiento acumulado.
Lo sorprendente es que estas leyes pasen inadvertidas en pleno contexto de controversias sobre los proyectos mineros, que ponen en cuestión la credibilidad del Estado en su función de defender los derechos ciudadanos. Muchas personas desconfían de los organismos públicos, creen que responden más a intereses privados que al bienestar de la sociedad. Así, mientras la tendencia mundial es fortalecer la supervisión bajo el modelo de organismos reguladores autónomos, en el Perú retrocedemos con la promulgación de este tipo de normas. Una hipótesis benevolente es la del típico “complejo de Adán”, de querer “reorganizar el Estado” con cada cambio de gobierno. Pero quizá tenga más sustento pensar en que detrás de estas decisiones se oculta la influencia de poderosos intereses privados, que quieren reorganizar el Estado para debilitarlo.
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