El final de las cuerdas separadas.

Por Edgardo Cruzado Silverii

El presidente electo, en su visita a Chile, anuncio que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.

La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de Energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.

Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.

La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza.