Un argumento autocomplaciente
A menudo se escucha decir que los problemas que aquejan al país nada tienen que ver con el actual estilo de crecimiento económico. Allí no estaría el problema sino en la ineficiencia del Estado, tanto en la esfera del gasto público corriente en bienes y servicios (en cristiano: el día a día de todos los ministerios e instituciones públicas) como en la (mala) inversión que realizarían los diferentes organismos del Estado.
Veamos en este artículo la inversión pública (IP). A pesar de su avance en los últimos años –en el 2010 fue 6% del PBI– todavía no hemos llegado al nivel promedio para América Latina, que es de 7% según la CEPAL. Recordemos que del 2001 al 2005 el promedio de IP fue tan solo 2.8% del PBI, porque se consideró que ante la situación de déficit fiscal, para cerrarlo “había que recurrir” a la reducción de la IP.
La cuestión es que del 2005 al 2010 la IP creció de manera notable, pasando de S/. 6,328 millones a 24,586 millones, aumentando en 289% (ver cuadro). El gobierno central pasó de S/. 3,141 a 9,630 millones (+ 207%), los gobiernos regionales de S/.1,020 a 4,955 millones ( + 386%) y las municipalidades de S/. 2,155 a 9,999 millones (+364%).
Estos aumentos nos hablan de tasas de crecimiento de 40% anual en promedio, lo que indica que los organismos del Estado sí son capaces de avanzar y reducir los déficits existentes. Ciertamente, no solo importa el aumento en la cantidad, pues debemos también preocuparnos de la calidad de la IP.
En este campo también ha habido una notable mejora, en todos los niveles, como lo certifican recientes estudios. Pero, como siempre, quienes se oponen dogmáticamente al Estado buscan la sinrazón para atacar la IP, lo que hacen señalando algunas inversiones ciertamente superfluas e innecesarias (el monumento al árbitro, por ejemplo). Pero la verdad es que la casi totalidad de la inversión pública cumple con sus objetivos.
Claro, hay todavía muchos problemas, donde debiéramos destacar la lucha contra toda corrupción, grande o pequeña. Aquí debe jugar un importante rol la reforma del Estado (meritocracia y homologación de sueldos) para tener un servicio civil digno de ese nombre. Pero ésta siempre es postergada. Debe también haber una reforma de la ley de canon minero y petrolero, para garantizar que sus ingresos lleguen prioritariamente a las regiones donde están los recursos, pero también a todos los peruanos.
El aumento de la capacidad de inversión pública también ha tenido importantes implicancias macroeconómicas: en el 2009, ante la crisis mundial, se pudo aplicar un Plan Estímulo cuyo eje fue el aumento de 50% de la IP, justo cuando la inversión privada cayó 32%, pasando de 22.5% a 15.3% del PBI del 2008 al 2009. Sin el Plan Estímulo, el PBI no habría crecido 0.9% en el 2009.
Queda claro, entonces, que si bien se ha avanzado mucho (tomando siempre en cuenta, ojo, que estábamos superrezagados), todavía no hemos alcanzado el promedio de América Latina, por lo cual hay que persistir en el aumento y la mejora de calidad de la IP. Pero el MEF ha vuelto a recortar la IP con la dación del DU-012 en marzo, con el argumento de que la IP estaría causando inflación, lo cual no es cierto.
También queda claro que no se puede decir que el descontento de buena parte de los ciudadanos nada tiene que ver con el modelo de crecimiento económico (porque “funciona bien”) y que, por tanto, la culpa la tiene el Estado. Ese es un argumento errado pero, sobre todo, autocomplaciente, cuyo objetivo es que todo siga igual, a pesar de que el 75% de los ciudadanos –según las encuestas– quieren cambios en la política económica. ¿No es cierto?
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