INEXPLICABLE MEDIDA

Por Efrain Gonzales de Olarte

“La reducción de los impuestos al consumo no tienen explicación económica razonable, el problema es saber si tiene un explicación política”

Los impuestos al consumo son regresivos, pues desfavorecen relativamente a los pobres, pues pagan el mismo porcentaje y ganan proporcionalmente menos. Por ello, una rebaja del IGV o del ISC podría ser una medida favorable a los que menos tienen. En un país con tanta desigualdad esto sería bueno.

En la práctica, con un bajo registro tributario y gran informalidad, la rebaja se la van a ganar los productores y comerciantes informales. Sólo gastarán menos los sectores formales, los que compran con tarjeta de crédito, pero los pobres que pagan al contado, probablemente no sientan en sus bolsillos los 500 soles que promete el ministro de economía.

Por el lado fiscal, la medida es a todas luces un error o un presente griego al siguiente gobierno, pues no está demostrado que la famosa curva de Laffer funcione y que la reducción del impuesto genere una mayor actividad económica y en consecuencia una mayor recaudación. Apuesto un “cebiche perfecto” a que no tendrá mejorará la recaudación, sino mas bien empeorará.

El resultado será que la presión tributaria disminuirá, haciendo más difícil alcanzar metas en políticas sociales o cualquier otra política distributiva. El Perú necesita una presión tributaria de por lo menos 20% sobre el PBI, para convertirse en un país emergente es decir uno con mayores ingresos pero también con mayor equidad.

Por otro lado, una política auténticamente redistributiva, propia de gobiernos socialdemócratas, debería reducir los impuestos indirectos y aumentar los impuestos directos. No sólo para mantener el nivel del gasto sino para tener efectos redistributivos tanto por el lado de los impuestos, como por el lado del gasto público. Este no es el caso.

Finalmente, una medida de este calibre debería haber sido planteada durante el debate presupuestal el año pasado como una de las premisas del nuevo presupuesto del 2011.

Es obvio que se trata de una medida improvisada, poco técnica y contraproducente para la equidad y la gobernabilidad. La pregunta es ¿porqué la decide el gobierno a seis meses de salir? El Dr. García tiene la palabra.

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