¿Qué ofrecen los candidatos en materia laboral?
Básicamente, trabajo. La mayoría de manera demagógica, con ofrecimientos que no se sostienen en cálculos realistas, ni ahondan en cómo lograrlos. Con ello buscan movilizar el deseo de seguridad económica presente en la población (57% de los limeños, según IOP-PUCP). El problema viene después, cuando los eslóganes de campaña se quedan en eso: en eslóganes, y las promesas no cumplidas devienen en descontento y conflictividad social.
Por eso es importante prestar atención a los contenidos programáticos de los candidatos en carrera. Acá lo hacemos enfocándonos en cinco aspectos claves del sector, a partir de lo expuesto en sus respectivos Planes de gobierno.
Promoción del empleo. La mayoría ofrece promover el empleo adecuado encarando el problema de la informalidad. Perú Posible promete hacerlo promoviendo la “empleabilidad” de la fuerza de trabajo. Solidaridad Nacional impulsando la formación de “ciudades industriales y tecnológicas” (sic), y saneando legalmente mercados y centros comerciales para “modernizar” su infraestructura.
Alianza Por el Gran Cambio plantea incentivos tributarios (reducción de 5% del impuesto a la renta para las empresas que aumenten en 10% o más su planilla formal). Gana Perú va más allá; propone un cambio en el modelo de desarrollo que permita el tránsito hacia una economía nacional de mercado centrada en la producción local, agrícola e industrial, que genere valor agregado y empleo sostenible.
Ingresos. Todos ofrecen incrementar el salario mínimo. Pero a diferencia de PP y Fuerza Social (que delegarían al Consejo Nacional del Trabajo la tarea de fijar los montos) y de AGC (que habla solo de aumentos “graduales”), la única fuerza que adelanta –no una cifra pero sí un equivalente– sobre el mínimo vital es GP, que se compromete a equipararlo en función del costo de la Canasta Básica Individual y a la productividad laboral.
Seguridad social y pensiones. Sobre este tema los candidatos no han ahondado mucho. Destaca la propuesta de GP de fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (donde las AFP serían una opción más, no la principal) y el ofrecimiento de implementar una pensión universal de S/. 250 para la población pobre de 65 años a más. PP promete promover la gestión democrática de los sistemas de seguridad social, incorporando a los beneficiarios en los sistemas de seguridad social, de acuerdo a los convenios de la OIT, mientras que SN refiere un sistema simplificado de seguridad social para los peruanos en el extranjero.
Productividad y competitividad. Más allá de las generalidades, solo PP y GP han planteado una mayor inversión en capacitación y diversificación productiva; en ambos casos a través del diálogo social. F2011 ofrece adecuar el perfil ocupacional de los trabajadores a la demanda laboral mediante convenios con institutos, universidades y colegios secundarios.
Marco institucional. El ámbito más importante, pues refleja la visión que tienen los actores políticos sobre la relación entre Estado, capital y trabajo. Acá encontramos dos posturas. Tanto el fujimorismo como SN y AGC se inclinan decididamente por una mayor flexibilización laboral, fórmula que se viene implementando desde la década pasada con los resultados ya conocidos. Por el contrario: PP y GP apuestan por impulsar la aprobación de la Ley General del Trabajo, cuyo principal objetivo es ordenar el marco normativo y equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Toledo tuvo la oportunidad –durante su gobierno 2001–2006– de concretar este proceso, pero optó por profundizar las reformas laborales fujimoristas utilizando el mismo argumento que usan hoy los candidatos de la derecha (reducir derechos para formalizar). Ollanta ofrece, por su parte, impulsar la Ley del Empleo Público, eliminando los contratos no personales y planteando un ordenamiento de la escala remunerativa en el aparato estatal.
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