Ambiente, economía y debate político
No hace mucho el Banco Mundial presentaba un informe en el que señalaba que el costo de la degradación ambiental en el Perú equivalía al 3.9% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto le cuestan al país los conflictos ambientales? ¿Cuánto nos ha costado el colapso de los relaves mineros de Caudalosa Chica en los ríos de Huancavelica o los años de contaminación del Corrientes, Pastaza o el Marañón por las petroleras? ¿Cuánto nos cuesta Madre de Dios o La Oroya y los daños a la salud ocasionados por Doe Run? ¿Cuánto nos cuestan los cinco mil pasivos ambientales mineros regados por el país?
Cualquier propuesta seria de gobierno debería partir de la premisa que la gestión ambiental es una estrategia central para generar desarrollo. Sin embargo, uno de los balances más negativos de los últimos gobiernos tiene que ver precisamente con lo ambiental, y por lo que vienen presentando los actuales candidatos no hay muchas razones para ser optimista sobre lo que pasará en los próximos cinco años.
Pese a que la política ambiental en nuestro país es relativamente nueva, no solo no termina de consolidarse sino que muestra una peligrosa tendencia de retroceso: un buen ejemplo son los recientes decretos de urgencia que intentaron favorecer proyectos de inversión flexibilizando requisitos ambientales. Este hecho muestra que la política ambiental sigue siendo vista como un obstáculo para la inversión y que se pretende pasar por encima de los procedimientos establecidos.
De nada ha servido crear un Ministerio del Ambiente con facultades recortadas, sin recursos ni respaldo político. Una de las críticas a la gestión del ministro Brack es precisamente el haberse prestado al juego de un gobierno que carece de sensibilidad en el tema y su falta de decisión para liderar la política ambiental que el país requiere con urgencia.
Se necesita un giro de 180°. El propio Banco Mundial reconoce que las políticas que se siguen en el Perú han tenido como efecto el debilitamiento de las normas ambientales. Debemos desarrollar y no recortar la política ambiental. Algunas pistas: necesitamos terminar de construir una verdadera autoridad ambiental autónoma que recupere credibilidad y que asegure la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos para la protección ambiental.
Se necesita abordar con urgencia el tema del agua que se ha convertido en una fuente de serios conflictos entre regiones: los recursos hídricos con los que cuenta el país no son bien utilizados ni se distribuyen adecuadamente. Además, en el tema del agua debemos abordar dos problemas graves: la disminución alarmante del recurso y su contaminación.
Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las capacidades de prevención de impactos, más aún en un escenario de cambio climático; necesitamos evaluaciones ambientales rigurosas; límites máximos permisibles de emisiones que se actualicen a los mejores estándares internacionales; que se implementen los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica.
Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el caso Doe Run, para darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar. Una verdadera política ambiental es la mejor garantía de desarrollo económico.
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