Una más de las AFP ¿y el Estado dónde está?
Hace unas semanas, algunas Administradoras de Fondo Pensiones (AFP) anunciaron el incremento en el cobro de la prima de seguros para sus afiliados.
En el caso de AFP Integra el descuento pasaría de 1.03% a 1.24% del sueldo percibido por los afiliados, mientras que en AFP Prima el incremento sería de 1.06% a 1.09%.
Lo primero que hay que decir es que este incremento en específico es un problema que compete directamente a una minoría privilegiada del país. Solo dos de cada diez peruanos que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) aportan a uno de los sistemas de pensiones¹. Asimismo, solo cuatro de cada diez adultos mayores reciben algún tipo de pensión, lo que significa que hay más de 1.6 millones de adultos mayores que no reciben pensión alguna. El problema de fondo en este tema radica en el cuestionamiento al sistema de contribuciones individuales como mecanismo sustituto y no complementario al sistema público y en la recuperación de la solidaridad como principio rector en el sistema de pensiones en el país. Tema que hemos desarrollado previamente en nuestro suplemento: “Pensión digna, derecho de todos”.
Centrémonos ahora en el incremento “per se”. En conformidad con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a diciembre de 2010 el fondo que administra el Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a S/. 87,295 millones. Monto que representa el 20% del Producto Bruto Interno (PBI) y 70% de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Ahora bien, el monto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la República para 2011 asciende a S/. 89,600 millones, lo que representa poco más de 20% del PBI.
Partiendo del supuesto de usar el ratio presupuesto público /PBI como métrica del tamaño del Estado, podemos darnos cuenta que la proporción de recursos que maneja el SPP es prácticamente equivalente al “tamaño del Estado”. ¿Esto qué significa? Significa que las cuatro AFP locales concentran una altísima cuota de poder económico. Poder económico que deviene en poder político que en conformidad a nuestro supuesto estaría a la par con el Estado Peruano. A las cifras nos remitimos.
Es evidente y finalmente legítimo que las AFP busquen maximizar sus beneficios a expensas de los afiliados (no son entidades benéficas), pero es justamente aquí donde debería entrar a tallar el Estado. Más aún a sabiendas de que el servicio que brindan las AFP a sus afiliados no es cualquier tipo de bien o servicio, sino que se trata de las pensiones que son la garantía de una vida digna para los peruanos. No obstante y conforme a los cálculos, el Estado peruano cuenta con una limitada capacidad de acción en el campo de la economía política nacional.
No es gratuito entonces, que los dueños de las AFP que ¡casualidad de la vida! también tienen participación en las compañías de seguro -que ellas mismas contratan- opten por elevar arbitrariamente (sin consulta a los afiliados) la prima de seguro. Con esto queremos decir que este incremento no es un hecho aislado, como no lo es tampoco de que el SPP peruano cobre una de las comisiones más altas de América Latina (ver gráfico) que sumada a la comisión por la prima de seguro representa cerca del 30% de nuestro aporte. Es decir aportamos S/.100 y las AFP nos cobran S/.30. La lógica detrás de estos hechos (como en el caso de los derechos laborales) se sustenta en el tipo de relación Estado-Mercado del actual modelo económico. Relación que debe tender a ser más equitativa con el propósito de que el Estado actué en resguardo del bien común y no de unos pocos intereses.
Es indudable que el Estado Peruano requiere un conjunto de reformas para mejorar su eficiencia, sin embargo consideramos que ese no es todo el problema. Si hacemos un análisis desde la economía política, entonces tendremos que además de una mayor eficiencia operativa del Estado, se requiere una mayor presencia del Estado. ¿Esto significa estatismo? No, en lo absoluto. Esto significa que el Estado asuma el rol que le compete en una economía de mercado. Ni más, ni menos. Esto se traduce entre otras cosas en una mayor presión tributaria (más recursos) para que se provea de Educación y Salud pública de calidad, se traduce también en hacer respetar los derechos laborales y el derecho de los consumidores con un férreo sistema regulatorio. Asimismo, esta mayor presencia del Estado significa que el tema de las pensiones deje der ser el problema de una minoría privilegiada y se reconozca el derecho a una pensión digna para todos nuestros adultos mayores.
¹ Revisar el texto. “Los fondos de pensiones: ¿Qué futuro nos espera?” de Jaime Delgado y Aldo Fuentes.
En el caso de AFP Integra el descuento pasaría de 1.03% a 1.24% del sueldo percibido por los afiliados, mientras que en AFP Prima el incremento sería de 1.06% a 1.09%.
Lo primero que hay que decir es que este incremento en específico es un problema que compete directamente a una minoría privilegiada del país. Solo dos de cada diez peruanos que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) aportan a uno de los sistemas de pensiones¹. Asimismo, solo cuatro de cada diez adultos mayores reciben algún tipo de pensión, lo que significa que hay más de 1.6 millones de adultos mayores que no reciben pensión alguna. El problema de fondo en este tema radica en el cuestionamiento al sistema de contribuciones individuales como mecanismo sustituto y no complementario al sistema público y en la recuperación de la solidaridad como principio rector en el sistema de pensiones en el país. Tema que hemos desarrollado previamente en nuestro suplemento: “Pensión digna, derecho de todos”.
Centrémonos ahora en el incremento “per se”. En conformidad con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), a diciembre de 2010 el fondo que administra el Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a S/. 87,295 millones. Monto que representa el 20% del Producto Bruto Interno (PBI) y 70% de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Ahora bien, el monto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la República para 2011 asciende a S/. 89,600 millones, lo que representa poco más de 20% del PBI.
Partiendo del supuesto de usar el ratio presupuesto público /PBI como métrica del tamaño del Estado, podemos darnos cuenta que la proporción de recursos que maneja el SPP es prácticamente equivalente al “tamaño del Estado”. ¿Esto qué significa? Significa que las cuatro AFP locales concentran una altísima cuota de poder económico. Poder económico que deviene en poder político que en conformidad a nuestro supuesto estaría a la par con el Estado Peruano. A las cifras nos remitimos.
Es evidente y finalmente legítimo que las AFP busquen maximizar sus beneficios a expensas de los afiliados (no son entidades benéficas), pero es justamente aquí donde debería entrar a tallar el Estado. Más aún a sabiendas de que el servicio que brindan las AFP a sus afiliados no es cualquier tipo de bien o servicio, sino que se trata de las pensiones que son la garantía de una vida digna para los peruanos. No obstante y conforme a los cálculos, el Estado peruano cuenta con una limitada capacidad de acción en el campo de la economía política nacional.
No es gratuito entonces, que los dueños de las AFP que ¡casualidad de la vida! también tienen participación en las compañías de seguro -que ellas mismas contratan- opten por elevar arbitrariamente (sin consulta a los afiliados) la prima de seguro. Con esto queremos decir que este incremento no es un hecho aislado, como no lo es tampoco de que el SPP peruano cobre una de las comisiones más altas de América Latina (ver gráfico) que sumada a la comisión por la prima de seguro representa cerca del 30% de nuestro aporte. Es decir aportamos S/.100 y las AFP nos cobran S/.30. La lógica detrás de estos hechos (como en el caso de los derechos laborales) se sustenta en el tipo de relación Estado-Mercado del actual modelo económico. Relación que debe tender a ser más equitativa con el propósito de que el Estado actué en resguardo del bien común y no de unos pocos intereses.
Gráfico Comisión de las AFP como % del salario 2008
Fuente: Bajo la Lupa
Elaboración: Otra Mirada
Para cerrar, hace unos días salió publicada una encuesta de IMASEN en la que 36.5% de la población aseveraba que quería un cambio radical del modelo económico y 37.4% algún cambio en el actual modelo. Apelando al enfoque económico convencional (neo-clásico) muchos analistas han salido a interpretar esta cifra aseverando que lo que demanda esta población son solo ajustes en pos de una mayor eficiencia del Estado.Es indudable que el Estado Peruano requiere un conjunto de reformas para mejorar su eficiencia, sin embargo consideramos que ese no es todo el problema. Si hacemos un análisis desde la economía política, entonces tendremos que además de una mayor eficiencia operativa del Estado, se requiere una mayor presencia del Estado. ¿Esto significa estatismo? No, en lo absoluto. Esto significa que el Estado asuma el rol que le compete en una economía de mercado. Ni más, ni menos. Esto se traduce entre otras cosas en una mayor presión tributaria (más recursos) para que se provea de Educación y Salud pública de calidad, se traduce también en hacer respetar los derechos laborales y el derecho de los consumidores con un férreo sistema regulatorio. Asimismo, esta mayor presencia del Estado significa que el tema de las pensiones deje der ser el problema de una minoría privilegiada y se reconozca el derecho a una pensión digna para todos nuestros adultos mayores.
¹ Revisar el texto. “Los fondos de pensiones: ¿Qué futuro nos espera?” de Jaime Delgado y Aldo Fuentes.
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