TLCs y los conflictos de la agenda de implementación

La coyuntura de la actual crisis internacional no ha hecho variar las
políticas del gobierno. Mientras el resto de países usan la política
comercial para protección del mercado interno y apoyar a los
exportadores, aquí solo se ha hecho tibiamente lo segundo. Tampoco se
han considerado políticas sectoriales o para pymes o agentes que se
definan como prioritarios o vulnerables. Se ha continuado con la apertura unilateral y la suscripción de nuevos TLCs. No solo no es la mejor coyuntura para hacerlo, sino que cuando
entren en vigencia y se implementen paulatinamente se sentirán sus
costos, que se sumarán a los que la propia crisis internacional genera.

Los acuerdos de libre comercio vienen con una agenda de acompañamiento que
se divide en dos partes: la agenda de implementación, que se refiere a
las medidas obligatorias inherentes al tratado, y la agenda
complementaria, que son medidas y políticas voluntarias
de apoyo.

El gobierno no solo no ha impulsado una agenda positiva de competitividad
promoviendo la articulación de sectores y actores (se ha confiado
exclusivamente en las concesiones, el mercado), sino que no ha
respondido de manera integral a la crisis cautelando el mercado nacional
y la economía. Sin políticas defensivas (diferentes a algunas
macroeconómicas adoptadas), el sector productivo nacional y la población
en su conjunto, tendrán que enfrentar no solo la crisis internacional,
sino la implementación de los TLCs cada vez más numerosos.

El gobierno ha impulsado básicamente la agenda de implementación, y de una
manera desprolija.

No ha sido una agenda consensuada en torno a dispositivos que permitan la
ejecución del TLC con EEUU. Luego de afirmar que el Perú estaba listo,
se puso en evidencia que se requerían diversos cambios en normativa e
instituciones. Pero, se hizo a nivel nacional a través de los decretos
legislativos, por delegación de facultades otorgados por la mayoría
parlamentaria. Y en el ámbito andino, con el cambio de normativa
comunitaria en propiedad intelectual.

El casi centenar de decretos legislativos fue muy polémico. Primero,
porque una proporción considerable habría excedido las atribuciones
concedidas al no referirse al TLC propiamente, sino que se utilizaron
para profundizar el modelo de liberalización y apertura de los noventa,
siguiendo los lineamientos que el jefe de Estado planteó en su tesis del
“perro del hortelano”. Tendría por tanto un carácter inconstitucional.

Segundo, porque dichos decretos afectaban derechos de comunidades nativas de la
sierra y selva, y no estaban en concordancia con el Decreto 169 de la
OIT que obliga a una consulta previa. Es decir, que las concesiones de
tierras para explotación minera y/o petrolera se daba en tierras que las
comunidades reclamaban como suyas, y muy ricas en biodiversidad que
sería destruida. Este enfrentamiento llevó a los sangrientos hechos de
Bagua donde perecieron numerosos nativos y policías. Los decretos se
tuvieron que anular por el Congreso y se produjo una crisis parcial
ministerial. El Congreso recientemente aprobó una ley para adecuarse a
la los convenios OIT, pero ha sido observado por el Ejecutivo. En su
opinión, otorgaría un derecho de veto a las comunidades nativas que
puede frenar la inversión extranjera.

Tercero, porque hay un conflicto que se está presentando entre la protección de
las inversiones y derechos de los inversionistas, con la protección del
medio ambiente definido en altos estándares contenidos en las adendas
del TLC. Se han dado concesiones sobre tierras que tienen actualmente
uso agrícola, son bosques o fuentes de agua y más allá de los argumentos
de cada parte, lo concreto es que los conflictos van en aumento y
potencialmente son numerosos y significativos.

En la minería hay importantes inversiones no solo de EEUU, sino europeas,
canadienses y chinas; países todos con TLC. En los primeros casos, con
elevados estándares en los acuerdos, con China no se acordó ese
capítulo. Aunque, también hay conflictos en el marco de la integración
regional y bilateral con Brasil, particularmente en la proyectada
integración energética y en menor medida con la ejecución del IIRSA.

En otras palabras, el conflicto se deriva no solo de contenidos de los
capítulos que se puedan tomar para la defensa de diferentes intereses
presentes en los TLCs. En última instancia, depende de la profundización
de la estrategia de apertura que impulsa el gobierno, utilizando la
implementación de los TLCs. Esta situación es de difícil solución, y se
acerca una coyuntura electoral que posiblemente complicará el panorama.

Se debería discutir las mejores opciones para el Perú en el enfrentamiento
de la crisis internacional y las agendas complementarias, buscando
puntos de consenso. Persistir en la política del “perro del hortelano”,
solo agudizará los conflictos. El diálogo es el camino, y no la
represión, la criminalización de la protesta o la expulsión de
religiosos comprometidos en las luchas regionales.

AUTOR: Alan Fairlie Reinoso
FUENTE :ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU