A más consulta, menos conflictos

Ese fue el lema de los promotores de la ley de consulta. La frase nos lleva a pensar cuánto se habría ahorrado el país en todos estos años si hubiésemos contado con un buen mecanismo de consulta. El convenio de la OIT fue ratificado por el Perú en 1994: dieciséis años han pasado y hasta ahora nada.

El lunes 21 de junio, el Ejecutivo presentó en fecha y hora límite, un conjunto de observaciones a la Ley de Consulta Previa Para los Pueblos Indígenas, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 19 de mayo.

Son ocho las observaciones presentadas por el Ejecutivo que modifican aspectos sustantivos de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés general de la Nación. Se señala, además, que la ley de consulta “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”.

En esta observación se contraponen los derechos de los pueblos indígenas con un difuso interés nacional. Cabe señalar que éste ha sido un argumento muy utilizado en las últimas décadas, cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.

El gran problema es que en un país como el Perú, no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras que tal o cual proyecto, responde al “interés de la Nación”. Precisamente, uno de los retos pendientes es dotarnos de esos instrumentos y uno de ellos puede ser la consulta previa.

La consulta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso entre el Estado, las comunidades y las empresas; desarrollo de capacidades, aprendizajes, etc. Hay todo un paquete que debe ser tomado de manera integral para beneficio de las comunidades y por supuesto para el beneficio de todo el país.
En ese paquete está la posibilidad que el país con las poblaciones indígenas involucradas decidan cuándo y bajo que condiciones nos conviene que haya por ejemplo minería o hidrocarburos; cuándo le conviene al país que un determinado ecosistema sea preservado; cuándo y de qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, etc. Todo esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer las prácticas democráticas y que terminará definiendo un clima más favorable para todos, incluidas las inversiones.

Aparentemente, el actual gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los planes, proyectos y programas que considera de “interés nacional”. Su interpretación sobre las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva y profundamente vertical. Además, no se sacan las lecciones de años de conflictos que no han podido ser canalizados por vías institucionales como las que plantea la referida ley.

Las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Habrá que esperar qué reacciones se producen en el Congreso y como las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado.

AUTOR : JOSE DE ECHAVE ; Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú y coresponsable de la investigación sobre Minería y Comunidades: Manejo de Recursos Naturales y Pobreza para la Universidad de Massachussets y el Political Economy Research Institute (EEUU). Igualmente, es miembro del grupo promotor de la Red Mundial sobre Minería.

FUENTE : COORDINADORA NACIONAL DE RADIO