Camisea: Que el árbol no impida ver el bosque

El Decreto Supremo publicado hace dos días, que establece que en los contratos futuros el precio del gas de exportación no puede ser inferior a los precios del mercado interno y que, además, autoriza a Perupetro a renegociar los actuales contratos por el Lote 88 y el Lote 56 para que se adecúen a ese mismo objetivo puede ser considerado un paso adelante en la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, propiedad de la Nación.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque estos son contratos-ley, que solo pueden ser renegociados previo acuerdo entre las partes, lo que encuentra, además, un blindaje constitucional en el Art. 62 de la Constitución de Fujimori de 1993. Eso no es ningún obstáculo, sin embargo, para que una de las partes –el gobierno, vía Perupetro que preside Daniel Saba– llame a la empresa, a la brevedad, y exponga sus razones.

No olvidemos, además, que más de 100 contratos-ley han sido renegociados, todos a pedido de las empresas (Falabella, Tintaya, Telefónica, LAP Jorge Chávez, entre otras) y solo uno a pedido del gobierno. Este fue el de Camisea, a inicios de este gobierno, consiguiéndose que el precio interno del gas ya no esté indexado al petróleo, medida positiva que ha contribuido al aumento de la demanda desde esa fecha.

La cuestión es que el propio gobierno ha venido disparándose al zapato, con lo cual se ha colocado en una situación desventajosa para la renegociación. Así, el gobierno no cumplió con lo anunciado por Alan García el 28 de julio pasado, cuando dijo que “era delito cambiar las leyes con normas de mayor jerarquía, sacrificando y entregando el mercado nacional de gas natural”. Ahí se debió anular la renegociación del Lote 88 de enero del 2006, por ilegal, retornando al contrato del 2000.

Lo mismo sucedió hace poco, cuando el estudio de abogados Payet, Rey y Cauvi estableció que por el gasoducto no se podía exportar ningún gas que no sea del Lote 88 por un plazo de 10 años, que concluía recién en el 2014. Esta cláusula –inserta en el contrato entre Perupetro y Transportadora de Gas del Perú– hacía imposible el transporte del gas del Lote 56, que está destinado a la exportación.

Pero el gobierno, a través del ministro de Energía, Pedro Sánchez, apeló a otro estudio de abogados –que dijo lo contrario que Payet– y avaló esa opinión, permitiendo la exportación. Segundo disparo.

En mayo del 2008, Repsol le dirigió una carta al ministro de Energía, Juan Valdivia, que decía: “Repsol puso a disposición del MEM la posibilidad de exportar gas del lote 57, donde tiene reservas por 2 TCF, que ubicó en el 2007. Este compromiso no se llegó a cumplir pues, como se sabe, estas reservas se orientarán al mercado local, con el acuerdo al que llegó el gobierno con el consorcio Camisea” (El Comercio, 28/8/09).

Esos 2 TCF podrían reemplazar los 2 TCF del Lote 88 (que están comprometidos e inmovilizados para la exportación), quedando éstos disponibles de inmediato para el mercado interno. Pero en el ínterin Repsol cambió de posición, sabiendo que el precio de exportación era bajísimo, prefiriendo venderlo más caro al mercado interno, pues ahora irá … nada menos que al gasoducto surandino (si se concreta). Pero no, el gobierno se lo aceptó e incluso lo consideró un “logro”. Tercer disparo.

Para terminar, la discusión sobre el precio de exportación –con toda su importancia– no debe desviar la atención del hecho central: las reservas de gas del Lote 88 deben ser para el mercado interno –que está desabastecido– y no para la exportación. Incluso si se obtuviera un mejor precio para las regalías, el costo/beneficio para el país sigue siendo altamente negativo (se exporta, en equivalente calórico, a US$ 1/barril y se importa a US$ 70/barril).

Cuidado con creer que “no hay problema” con la exportación si el precio sube alguito (es lo que nos quiere hacer creer el gobierno). Que el árbol no nos impida ver el bosque.

AUTOR : Humberto Campodonico ; Economista

FUENTE : CRISTAL DE MIRA