Ordenar el territorio para crecer
El costo económico de los daños ocasionados por el Fenómeno de el Niño de 1998 en el Perú se estimó en más de mil cuatrocientos millones de dólares. Anteriormente, en el Fenómeno de el Niño de 1982-1983, las pérdidas se estimaron en 12% del PBI. Las primeras aproximaciones económicas de los daños acumulados por la actual temporada de lluvias en el sur andino superan los doscientos millones de dólares.
Muchos consideran que el sistema de prevención de desastres en el país no funciona adecuadamente, tanto
porque el proceso de descentralización no ha logrado transferir capacidades junto con competencias, así como por la negligencia de diferentes niveles de autoridades ante la información generada por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) creado el año 2001.
Lo cierto es que, más allá de la calidad de los sistemas de prevención y de la capacidad de respuesta de las autoridades, uno de los instrumentos de política que ha brillado por su ausencia en los últimos acontecimientos es el ordenamiento territorial.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (1997), hasta la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (2004), pasando por las Leyes Orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales, y la última Ley de Recursos Hídricos (2008), se ha venido discutiendo qué significa zonificar y ordenar el territorio para promover un aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales. Si bien ya contamos con un reglamento de zonificación económica-ecológica, el cual se viene implementando lentamente en varias Regiones, aún no se ha logrado reglamentar y exigir el diseño e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial, tanto a nivel regional como en los niveles de los Gobiernos locales.
En el proceso varias han sido las limitaciones encontradas: poca disposición del sector privado para participar, llegando inclusive a presionar para frenar el proceso; superposición de funciones entre múltiples sectores (Ambiente, Vivienda, Producción, y hasta la Presidencia del Consejo de Ministros con sus tareas de Demarcación y Delimitación Territorial); insuficiente sistematización de la información social y económica necesaria para el debate acerca de los usos alternativos del territorio; incapacidad para promover el debate sobre los escenarios futuros (prospectiva) desde una perspectiva territorial.
Los crecientes conflictos socioambientales inducidos por la expansión de un modelo extractivo (minería, hidrocarburos, madera) en la última década, irónicamente, han contribuido para colocar el instrumento en la agenda política regional. Así, por ejemplo, el Grupo Norte, conglomerado de empresas en la Región Cajamarca, viene participando activamente en el último año en el proceso de zonificación
económica-ecológica en esa región. Y la Defensoría del Pueblo, en varios de sus reportes sobre conflictos sociales, alerta acerca de la necesidad de contar con estos instrumentos.
En ese sentido, es urgente que los Planes de Desarrollo Concertados en los diferentes niveles territoriales (regionales, provinciales, distritales), cuenten como uno de sus insumos fundamentales con el Plan de Ordenamiento Territorial. Es indudable que esto no se puede lograr en el corto plazo. Pero esta coyuntura de elecciones para nuevas administraciones en los Gobiernos regionales y locales, donde se están revisando los Planes de Desarrollo Concertado hacia el año 2021, hacen necesario debatir una primera aproximación a los Planes de Ordenamiento Territorial. Esto debería ser parte de la agenda del Ceplan, el cual deberá lograr, en primer lugar, un ordenamiento institucional que facilite esto en un horizonte temporal de cinco a diez años.
Esto es más urgente aun por la alta vulnerabilidad ante el cambio climático que tiene el Perú, por su creciente y desordenado proceso de urbanización y altos índices de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. Es momento que el Ejecutivo promueva el debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, estableciendo con claridad las competencias sectoriales y territoriales. Si no queremos que las predicciones del Informe Stern (2007) -pérdida sistemática de 5% anual del PBI- se hagan realidad en el Perú, es necesario complementar las mejoras en la predicción climatológica fortaleciendo las capacidades locales de respuesta ante los shocks.
AUTOR : Manuel Glave Testino
FUENTE : DIARIO GESTION
Muchos consideran que el sistema de prevención de desastres en el país no funciona adecuadamente, tanto
porque el proceso de descentralización no ha logrado transferir capacidades junto con competencias, así como por la negligencia de diferentes niveles de autoridades ante la información generada por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) creado el año 2001.
Lo cierto es que, más allá de la calidad de los sistemas de prevención y de la capacidad de respuesta de las autoridades, uno de los instrumentos de política que ha brillado por su ausencia en los últimos acontecimientos es el ordenamiento territorial.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (1997), hasta la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (2004), pasando por las Leyes Orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales, y la última Ley de Recursos Hídricos (2008), se ha venido discutiendo qué significa zonificar y ordenar el territorio para promover un aprovechamiento económico sostenible de los recursos naturales. Si bien ya contamos con un reglamento de zonificación económica-ecológica, el cual se viene implementando lentamente en varias Regiones, aún no se ha logrado reglamentar y exigir el diseño e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial, tanto a nivel regional como en los niveles de los Gobiernos locales.
En el proceso varias han sido las limitaciones encontradas: poca disposición del sector privado para participar, llegando inclusive a presionar para frenar el proceso; superposición de funciones entre múltiples sectores (Ambiente, Vivienda, Producción, y hasta la Presidencia del Consejo de Ministros con sus tareas de Demarcación y Delimitación Territorial); insuficiente sistematización de la información social y económica necesaria para el debate acerca de los usos alternativos del territorio; incapacidad para promover el debate sobre los escenarios futuros (prospectiva) desde una perspectiva territorial.
Los crecientes conflictos socioambientales inducidos por la expansión de un modelo extractivo (minería, hidrocarburos, madera) en la última década, irónicamente, han contribuido para colocar el instrumento en la agenda política regional. Así, por ejemplo, el Grupo Norte, conglomerado de empresas en la Región Cajamarca, viene participando activamente en el último año en el proceso de zonificación
económica-ecológica en esa región. Y la Defensoría del Pueblo, en varios de sus reportes sobre conflictos sociales, alerta acerca de la necesidad de contar con estos instrumentos.
En ese sentido, es urgente que los Planes de Desarrollo Concertados en los diferentes niveles territoriales (regionales, provinciales, distritales), cuenten como uno de sus insumos fundamentales con el Plan de Ordenamiento Territorial. Es indudable que esto no se puede lograr en el corto plazo. Pero esta coyuntura de elecciones para nuevas administraciones en los Gobiernos regionales y locales, donde se están revisando los Planes de Desarrollo Concertado hacia el año 2021, hacen necesario debatir una primera aproximación a los Planes de Ordenamiento Territorial. Esto debería ser parte de la agenda del Ceplan, el cual deberá lograr, en primer lugar, un ordenamiento institucional que facilite esto en un horizonte temporal de cinco a diez años.
Esto es más urgente aun por la alta vulnerabilidad ante el cambio climático que tiene el Perú, por su creciente y desordenado proceso de urbanización y altos índices de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. Es momento que el Ejecutivo promueva el debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, estableciendo con claridad las competencias sectoriales y territoriales. Si no queremos que las predicciones del Informe Stern (2007) -pérdida sistemática de 5% anual del PBI- se hagan realidad en el Perú, es necesario complementar las mejoras en la predicción climatológica fortaleciendo las capacidades locales de respuesta ante los shocks.
AUTOR : Manuel Glave Testino
FUENTE : DIARIO GESTION
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