Hidrocarburos: la corrupción reptante

La tragedia de PetroPerú al margen de la calidad y eficiencia de sus trabajadores de planilla, ha sido ser desde sus inicios una fuente posible de corrupción, de negocios ilícitos, de dinero mal habido, de servir de “caja chica” de los diferentes gobiernos de turno, de reclutamiento laboral por medio de servicios de honorarios, y negocios poco transparentes en los llamados servicios de terceros. Si a ello se agrega la poca o nula voluntad de los últimos gobiernos para su fortalecimiento y modernización como empresa integrada, con solvencia y transparencia en aquellos que toman decisiones otra sería la historia. Sirva de ejemplo la administración de Alejandro Narváez Liceras que en el 2004 llevó adelante a PetroPerú con honestidad y eficiencia a la principal empresa del país.

PetroPerú siempre estará en la mira no solamente por su liderazgo en la producción de combustibles, sino por los volúmenes de compras principalmente de petróleo crudo producido localmente así como de las importaciones. Sin embargo, a pesar de las “partidas inusuales” que se le cargan, de los subsidios indebidos sobre todo en el precio del diesel 2 (que en el 2008 le significaron una pérdida de más 90 millones de dólares), de las demoras en la devolución del fondo de estabilización de combustibles, de los contratos de servicios de terceros, de la obligación que tiene en el abono de las pensiones de la ley 20530, de las onerosas tasas de interés con la banca comercial pactadas para financiar las importaciones de crudo, y de distintos mecanismos de descapitalización de la empresa, PetroPerú sigue generando después de todo utilidades.

Tanto es así, que al tercer trimestre del 2009 ha generado un poco más de 238 millones de nuevos soles, un promedio de 80 millones de dólares, que desde todo punto de vista resultan insuficientes para financiar la modernización de la Refinería de Talara que según su presidente del directorio, Luis Rebolledo estima en más de 1,200 millones de dólares. Evidentemente dicha inversión deberá ejecutarse con la mayor transparencia, pues la necesidad y urgencia de contar con combustibles limpios, procesar crudos pesados y ampliar la capacidad de producción es un imperativo.

Sin embargo, debiera preocupar la débil comunicación y escasa transparencia de los nuevos responsables de PetroPerú para explicar al país las razones por las cuales en el financiamiento de la refinería de Talara ya no se tendría el aval de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ha sido reemplazada por COFIDE entidad financiera de segundo piso para que concerte y obtenga el financiamiento. Ello resulta extraño en razón de la magnitud de los actores, pues se está dejando de lado a una entidad de mayor envergadura que tiene experiencia en créditos al sector energético, frente a COFIDE entidad financiera de donde procede el actual presidente del directorio.

Prácticas corruptas

Constituye un decir común afirmar que los negocios de armas y de petróleo se encuentran entre los más corruptos en el mundo. De allí la susceptibilidad en la opinión pública sobre el anuncio de las compras de tanques chinos, que recuerda las malas compras de municiones chinas, tractores y medicinas de origen chino en la década pasada, sumándose los cleptómanos antecedentes de nuestras más altas autoridades. Por ello, el maestro e historiador Jorge Basadre afirmaba que en el Perú, “la corrupción es un axioma” que no necesitaría demostración. En tal sentido, se tienen que innovar los mecanismos de control y fiscalización para minimizar la fuerza de la corrupción en las relaciones entre el sector público y privado, en especial en el sector de hidrocarburos.

Por ello, ante las denuncias periodísticas sobre supuestos malos manejos en el transporte y cabotaje de petróleo desde Talara a Conchán y al resto del país para asegurar el abastecimiento de crudo y derivados, que debiera ser investigado a profundidad, (denuncia en el diario La Primera artículo R.Wiener del 15/12/09). Recuerdo que fui uno de los que denunció en la década pasada la irracionalidad de la privatización de la naviera Transoceánica filial de PetroPerú que prestaba servicios de transporte marítimo a la principal, y generaba utilidades. Hoy la empresa privatizada haría pingües negociados con PetroPerú como se señala en el artículo que transcribimos en nuestro blog.

Sin embargo, los supuestos malos manejos en la petrolera estatal no debieran hacernos perder de vista el asunto Camisea y la exportación del gas natural. Es decir, en el Congreso de la República las sendas investigaciones realizadas por miembros de las diversas bancadas y presididas por conspicuos representantes del partido de gobierno, tales como el grupo de investigación de los contratos de hidrocarburos y mineros presidida por el congresista Guevara Trelles, la comisión Jhonny Peralta responsable de investigar la venta de las acciones de Petro Tech Peruana, y la comisión Carrasco Távara con el encargo de revisar los contratos de exportación del gas de Camisea, no han podido sustentar, ni siquiera discutir en la Comisión de Energía y Minas y menos en el Pleno. ¿Por qué será?

Los evidentes actos de corrupción en los contratos firmados en el lote 56, los cambios contractuales en el lote 88 para hacer posible la exportación del gas natural, el proceso de investigación de Petro Tech que representa millonarias pérdidas al país por el abono ridículo de regalías equivalentes menores a una tasa del 16%, el contrato del Z-1 donde una empresa sin referentes en el sector asume un lote con reservas de gas conocidas desde los años setenta, y que abona regalías del 5%, constituyen algunas perlas.

El sentido común debiera preguntarse ¿cómo fue posible comprometer las reservas de gas natural del lote 56 para la exportación si estas como lo sostienen voceros de PerúPetro no tenían el carácter de reservas probadas en el 2004? En el mismo sentido, ¿cómo se pudieron pactar regalías por la exportación de gas cuyas tasas y determinación no tenían respaldo legal en la ley de hidrocarburos y su reglamento?

Seguramente en la historia de la corrupción, el “escándalo de los petroaudios” ocupe las primeras planas por la posición comprometida del ex Presidente del

Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, la actuación del ex presidente del directorio de PetroPerú, César Gutiérrez Peña, de las faltas del abogado Alberto Químper miembro del directorio de PerúPetro, y de otros funcionarios públicos de PetroPerú y PerúPetro que están pasando piola.

En verdad, en el asunto Discover Petroleum y su participación con PetroPerú todo lo avanzado está en el poder judicial que viene trabajando a paso de tortuga. Después del show parlamentario en la Comisión Abugattás y su informe de minoría, todo parece indicar la existencia de una santa alianza al más alto nivel político para no afectar la estabilidad política y económica de un gobierno que tiene en la corrupción su peor pasivo.

Sin embargo, la Comisión Investigadora del asunto Petro Tech a diferencia de las comisiones de Guevara Trelles y de la Carrasco Távara, tiene el acuerdo del Pleno del Congreso de la República y un Informe terminado que debiera discutirse en el Pleno del Congreso de la República, donde entre sus conclusiones señala el adeudo al fisco por parte de Petro Tech por más de 410 millones de dólares.

En tal sentido, el asunto de Discover Petroleum y su asociación con PetroPerú constituía un negocio de altos funcionarios del gobierno ligados al APRA y por más turbias que hayan sido sus acciones no han representado pérdida alguna para el fisco, pues se trataban de contratos de licencia de lotes exploratorios donde no había ningún barril de reserva probada de hidrocarburos, y donde había que realizar fuertes inversiones. En mi opinión querían hacer lo que es el comportamiento de muchas empresas junior, hacerse de lotes para luego buscar accionistas o transferirlos con beneficios especulativos, como ha sido el caso de Petro Tech y los lotes del Zócalo Continental.

Es muy distinto el caso referente a la entrega del lote 56 en negociación directa en el 2004 al mismo Consorcio Camisea que opera el lote 88. Se negociaron reservas probadas que ya estaban comprometidas para la exportación hacia México.

En ese sentido, si la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas hubiese reconocido el carácter de reservas probadas al gas natural descubierto por la empresa transnacional Shell antes del 2001, el gas del lote 56 tendría la limitación de abastecer prioritariamente el mercado interno del país, en volúmenes suficientes para las empresas industriales y eléctricas.

Por ello, las prácticas corruptas deben ser investigadas a profundidad y sancionadas pues debilitan y desacreditan la democracia. En el caso del sector de hidrocarburos y las sendas comisiones investigadoras del Congreso de la República se debiera asumir una actitud fiscalizadora para levantar la imagen del llamado primer poder del Estado. Si se es tan permisivo con la corrupción se está afectando de muerte la democracia que tanto significó a los millones de peruanos.

AUTOR : JORGE MANCO ZACONETTI
FUENTE : ALAI