RECONSTRUCCION EN DEBATE

El jefe del gabinete, Fernando Zavala, será el encargado de sustentar el proyecto respectivo, el cual, según destacó el premier, tiene las medidas necesarias para que no se repitan los errores del pasado en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres, como en Pisco, tras el terremoto el 2007.

Por su parte el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció en un mensaje a la Nación en cadena nacional, que ha presentado un proyecto de Ley ante el Congreso para la "reconstrucción con cambio" de las zonas afectadas por los efectos del Fenómeno del Niño.

"El día de hoy he enviado al congreso un proyecto de ley para la 'reconstrucción con cambio'. Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes. No mas pistas que se caen, no mas desagües que se atoran, no mas construcciones precarias en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar".

Grupo Editor del Norte ha preparado un dossier sobre el tema y los puntos de vista de los destacados profesionales, todos estamos en la obligacion de contribuir con nuestra opinion y atentos a denunciar la corrupcion que podria generar la reconstruccion del Peru.

¿Se reajusta la política macroeconómica? 

Alan Fairlie

Si no se relajaba la meta fiscal, debía hacerse un nuevo ajuste de gastos que tanto daño hizo el último trimestre del año pasado, o aumentar impuestos.

El ministro Thorne, en declaraciones públicas y seminario internacional organizado por la Cámara de Comercio, ha hecho diferentes anuncios de política que reafirman algunas cosas, pero deja abiertas otras.

Mantiene expectativas de tasas de crecimiento para la economía alrededor del 3%, que desde diferentes análisis se considera muy optimista. Bruno Seminario, por ejemplo, calcula que por los desastres y corrupción, podríamos estar cercanos a cero. El ministro cree que luego de un mes negativo adicional, habrá un rebote que se mantendrá gracias a la inversión pública que se destinará a la reconstrucción.

Un cambio ha sido que se ha levantado la rigidez inicial de la meta de déficit fiscal, ahora se plantea que puede aumentar y que hay los recursos para invertir. Esto es positivo. También el anunciar que en principio no habrá endeudamiento externo y no se subirán los impuestos.

Si no se relajaba la meta fiscal, debía hacerse un nuevo ajuste de gastos que tanto daño hizo el último trimestre del año pasado, o aumentar impuestos. La recaudación ha caído y las metas no se han cumplido. Solo se recuperará si hay un crecimiento similar al proyectado por el ministro, pero como se ha señalado, parece poco probable de alcanzar.

En efecto, no solo hay una caída de la inversión privada desde antes del escándalo de corrupción y el desastre que nos afectaron. Ahora, las expectativas empresariales según las encuestas disponibles, no han cambiado y no se espera aumento de la inversión privada. Más aún si hay capacidad instalada ociosa en la industria. No habría incentivo para invertir en un contexto de desaceleración de la economía y cifras negativas en varios sectores, donde se ha tenido simultáneamente un shock de oferta y demanda.

 Solo queda la inversión pública, porque no tenemos nuevos proyectos de inversión extranjera adicionales a los mineros que se conocen. Se ha tenido que revisar también las metas y plazos de Pro Inversión, en metas de concesiones, asociaciones público-privadas y obras por impuestos. El problema es que con los escándalos que se conocen de corrupción, no hay suficiente credibilidad.

El ministro ha señalado ahora, que tenemos los recursos fiscales suficientes que sumados pueden llegar al 8% del PBI. No se usarán todos, pero efectivamente hay recursos que se necesitan invertir ahora, como en el caso de las reservas fiscales. Pero, no necesariamente será inversión pública, se está mencionando la modalidad de obras por impuestos. Aquí hay que tener mucho cuidado tomando todas las previsiones en los casos que se implemente, dados los antecedentes de corrupción que aún no se terminan de conocer, no solo en el gobierno nacional, sino en los regionales y locales. Superado ese problema todavía queda el de la gestión y hay imitaciones para hacerlo de forma descentralizada. El MEF está convocando especialistas de proyectos, lo que no está mal, pero es insuficiente. CEPLAN tendría que jugar un rol protagónico.

El tema de las modalidades de gasto pasa a ser crucial. Por ejemplo, llevar ayuda a las zonas afectadas, no sería tan eficiente como hacer transferencias directas a los damnificados, dicen los expertos. Debería priorizarse la inversión pública directa y solo muy complementariamente las otras modalidades. El tema del ordenamiento territorial o construir planificadamente, tomando previsiones para nuevos fenómenos deber ser considerados.

Se están juntado mecanismos de corto plazo con largo plazo, que deben combinarse bien. Ojalá se consiga.

El BCR debe ayudar bajando las tasas de interés. El aumento de la inflación probablemente se revierta dado que la emergencia está pasando, y tampoco se prevén grandes fluctuaciones cambiarias, aun con alzas de la tasa de interés internacional. Debería priorizarse la reactivación, acompañando el esfuerzo de inversión pública. También facilitar crédito especialmente a los productores afectados y las pymes.

 El anuncio de Cofide de canalizar los 700 millones de soles de crédito es positivo, también los cambios anunciados en Mivivienda que permita mayor impulso financiero y de inversión.

Sobre el mediano plazo hay señales contradictorias . Se anuncia política de clústers para pymes, lo cual está muy bien porque dinamiza sectores productivos no solo primarios. Pero se critica la diversificación productiva, y funcionamiento de los CITES, sin poner en ejecución una alternativa inmediata. Ojalá no se abandonen objetivos de diversificación productiva y de cadenas productivas y de valor que nos ayuden a cambiar la inserción internacional del país, así como de la matriz productiva.

Solo en la medida que se aplique correctamente el shock de inversión pública que reactive la economía, creará un crowding -in, reanimando la inversión privada, para retomar una senda de crecimiento. Pero no debería ser en la misma senda ya transitada, sino con nuevos horizontes, tomando esta crisis como una oportunidad de desarrollo sostenible que el país requiere.

Reconstrucción con trueque y silencio administrativo positivo 

Félix Jiménez

El autor expresa puntos de vista críticos sobre el proyecto de ley de reconstrucción enviado por el Gobierno al Congreso.

El gobierno acaba de presentar al Congreso de la República el Proyecto de Ley Reconstrucción que será sustentado el próximo lunes 24. Según su exposición de motivos este proyecto ley permitirá: 1) Atender en forma rápida a la población; 2) Recuperar prontamente las condiciones de vida y de producción de las zonas afectadas; 3)Planificar las intervenciones generando economías de escala en las contrataciones de bienes y servicios; 4) Planificar integralmente de tal forma de identificar sinergias en los servicios y mejoras en el diseño de la infraestructura; y, 5) Reubicar a la población que habitaba en zonas de riesgo alto y muy alto. Para el logro de estos objetivos se crea una Autoridad a cargo de un Director Ejecutivo con rango de Ministro. Esta Autoridad será entonces responsable de la denominada «Reconstrucción con Cambios».

LAS AUSENCIAS EN EL PROYECTO

No se entiende cómo se puede diseñar una organización, con un director (con rango de ministro), encargada de reparar los daños causados por los recientes desastres naturales, si no se tiene, aunque sea solo aproximadamente, el costo total de la reconstrucción. El acápite de costos y beneficios solo tiene un listado de dichos daños en la población y sus medios de vida, pero no hay una taxonomía del tipo de intervenciones del Estado de acuerdo a si se trata de una obra nueva o de solo una reparación. No era difícil convocar a los técnicos de los distintos ministerios involucrados, para aproximarse al costo total de la reconstrucción.

Contar con información del tipo de obras y de intervenciones del Estado, habría ayudado incluso a definir tipos de responsabilidades burocráticas: no es lo mismo gestionar la reparación de algo que ya existe que gestionar la construcción de obras nuevas. Por ejemplo, los propios ministerios, con participación de los respectivos gobiernos regionales o locales, se podrían encargar de las reparaciones de colegios, centros salud, carreteras y canales de riego afectados, con una adecuada ampliación presupuestal y con plazos prefijados. De otro lado, la gestión de la construcción de obras nuevas se pudo haber encargado al CEPLAN con un comité técnico integrado por representantes de los respectivos ministerios.

En el proyecto de ley no se define claramente qué es reconstrucción con «cambios». ¿Dónde identificar los «cambios»? ¿Habrá «cambio» en el control técnico de la calidad de las obras y en la determinación de su vida útil? ¿Quién lo hará? ¿Habrá control previo, control durante la ejecución y el control posterior de los proyectos de obras? ¿El «cambio» estará en la justificación rigurosa, si se opta por una APP, de por qué el proyecto de obra se destina al sector privado y no al sector público? ¿Habrá un modelo de vivienda y de urbanización con todos los servicios que se ofrecerá a los damnificados, reubicados y no reubicados? ¿Habrán veedores neutrales provenientes de los colegios de ingenieros y de arquitectos? No sabe dónde identificar los cambios simplemente porque en el proyecto no se explicitan.

El gobierno argumentará que los cambios están definidos en los objetivos del proyecto. Uno de ellos dice que se planificarán las obras de tal manera que se logren economías de escala en las contrataciones. Pero esto es lo que toda organización eficiente y que planifica, debe hacer. También se dice que se evitará la «urbanización» en zonas de riesgo y se buscará crear sinergias en los servicios públicos y mejoras en la infraestructura. Pero no se dice cómo. No hay criterios orientadores para los que se encarguen de la planificación de la reconstrucción. Por lo demás, el proyecto de Ley prescinde del CEPLAN que se supone que es un organismo especializado en planificación.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO Y OBRAS POR TERRENOS

El «cambio» parece estar en el artículo 8 del proyecto de ley sobre Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales. Para atender a la población afectada y reparar sus condiciones de vida en forma rápida, el proyecto apela a procedimientos administrativos simplificados «con un plazo máximo hasta 7 días hábiles» y sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Estos «procedimientos administrativos necesarios» (permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, etc.), serán anunciados públicamente para que sean fiscalizados por la ciudadanía y los organismos de control? En el citado artículo se dice, además, que «los distintos niveles de gobierno deben poner sus predios a disposición a solo requerimiento de la autoridad», para ejecutar los proyectos de acuerdo al Plan. ¿Estos proyectos serán evaluados financiera y técnicamente antes de ejecutar el «requerimiento de la autoridad»?.

El otro «cambio» podría estar en la novena disposición complementaria que dice: «Dispóngase que la inversión privada en el encausamiento y escalonamiento de los ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista, conforme se determine mediante Decreto Supremo. Las modalidades de compensación incluyen la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por la Ley». Esto es trueque de obras por terrenos. Pero, tampoco hay criterios orientadores para encausar este trueque de manera transparente. ¿No es acaso indispensable definir la participación de los gobiernos regionales o locales en la formulación de los proyectos que impliquen la cesión de sus predios?

A MODO DE CONCLUSIÓN

La creación de un director ejecutivo de la reconstrucción, existiendo CEPLAN, no parece ser lo más adecuado. Se puede aprovechar esta coyuntura para fortalecer técnicamente a esta institución que, por cierto, «debe trabajar de la mano con la Presidencia de Consejo de Ministros».

Más sombras que luces en la reconstrucción

Humberto Campodónico.

Hoy se debe debatir en el Congreso el Proyecto de Ley de Autoridad para Reconstrucción con cambios presentado por el Ejecutivo. Un aspecto positivo es que se presenta a tiempo, cuando la situación de emergencia nacional así lo exige. Bien.

Pero hay varios aspectos conceptuales e institucionales que merecen un amplio debate. Uno, su carácter centralizado. Mucho depende de la autoridad y se decide en Lima. Dos, se salta a la garrocha muchas de las funciones de la Contraloría, lo que puede abrir las puertas a la corrupción. Tres, que no han participado los gobiernos regionales y locales (superando los problemas de corrupción en algunos de ellos).

Cuatro, que participan la PCM, el MEF, el MTC y el Ministerio de Vivienda. No está el Ministerio de Vivienda para el Ordenamiento Territorial y la Zonificación Ecológica. Casi todo es cemento, arena y fierro. Quinto, no está el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), lo que nos dice que el MEF continuará al mando. Sexto, todo el PL se preocupa por la participación privada (gran énfasis en Obras x Impuestos) y casi no se menciona el impulso a los organismos de línea de la inversión pública en los ministerios como MTC (Provías) y Vivienda. Tampoco se menciona el rol del Ministerio de Defensa en esta emergencia.

Es en lo económico donde se notan los mayores problemas. Un primer aspecto tiene que ver con la cuantificación. Primero, el Ministro de Defensa Jorge Nieto dijo que eran US$ 15,000 millones, lo que Thorne desmintió. Después, el Ministro Vizcarra dijo US$ 2,663 millones para su sector, reemplazando 200 puentes y 2.331 de carreteras dañadas. Luego el Premier Zavala ha dicho que son US$ 3,000 millones pero que la cifra final la dará el INEI. Habrá que esperar entonces.

Otro tema es el financiamiento. El ministro Thorne confía en que ello se logrará con las medidas tomadas en los últimos meses. Pero eso es imposible. El PBI no va a crecer 4.8% como lo dice el Presupuesto del 2017. Ahora el MEF habla de 3%. Otros dicen que es mucho menos. Y algunos prevén hasta 0%. En gran parte esto se debe al innecesario “ajustón fiscal” del IV Trimestre del 2016.

Por tanto, la recaudación no subirá sino bajará, lo que ya está sucediendo en enero y febrero de este año. No va a aumentar la recaudación del Impuesto a la Renta, a pesar de que la tasa sube del 28 al 29.5%, anulando la rebaja de Segura. Además, el aumento de las devoluciones del IGV reduce los ingresos.

La repatriación de capitales (DL 1264) tampoco hará la diferencia. El gobierno preveía recaudar entre US$ 5,000 y 6,000 millones, el 2% del PBI (Gestión, 29/01/17). Hoy, Aldo Defilippi estima que serán entre S/ 2,000 a 2,500 millones, el 0.3% del PBI.

Ahora, desde Washington, el ministro Thorne nos dice que le han dicho que tiene que reducir las exoneraciones tributarias para recaudar más, como si acabara de descubrir la pólvora. Claro que hay que eliminar las exoneraciones al sector financiero y de las actividades extractivas. Pero, ojo, las exoneraciones no son malas siempre, per se. No. Algunas son necesarias, como en el caso de los alimentos perecibles, el apoyo a la educación y la cultura.

Este panorama de baja recaudación no quiere decir que no haya dinero para la reconstrucción. Sí lo hay y son los ahorros fiscales de la época de las “vacas gordas”. Está el Fondo de Estabilización Fiscal con US$ 8,000 millones y en el BCR hay depósitos por US$ 4,000 millones adicionales. Pero de eso no habla el gobierno. Si no se usan ahora, ¿cuándo?

Para invertir en la reconstrucción, así como para implementar el Plan de Estímulo Fiscal de enero de 1% del PBI), hay que elevar sí o sí la meta de déficit fiscal de 2.5% del PBI, lo que tiene consenso en todas las tiendas. Pero hasta ahora el ministro Thorne –si bien ya dijo que la va a subir– no ha dicho cuánto ni cuándo.

Debe hacerlo pues se dice que se va a aumentar en 10% la inversión pública de S/ 34,200 millones del Presupuesto del 2017, cifra que queda corta pues ya se habían acordado S/ 5,500 millones en el Plan de Estímulo Fiscal. El presupuesto 2017 de los tres niveles de gobierno para Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes es de S/ 4,000 millones. Esto habría que duplicarlo por lo menos, lo que no es fácil, en algunos casos, por la corrupción existente en algunos de ellos.

En otras palabras, todavía no hay un monto definido por el gobierno y tampoco queda clara la institucionalidad necesaria, más aún cuando todo lo planteado significa cambios estructurales con impacto de largo plazo. La discusión en el Congreso debe definir claramente estos temas con la participación de todos los grupos políticos.

Finalmente, el que no aparece en la película es el BCR, que no baja la tasa de interés para alentar la inversión y estimular el consumo. Si esto no se hace, la tasa de crecimiento puede ser menor al 2% del PBI, como ya lo dicho Bruno Seminario. Hay, entonces, mucho para discutir en estos días.

¿Lobbies en Proinversión?

German Alarco

Es evidente que el medio principal, no el único, para la corrupción de los últimos tiempos ha estado estrechamente vinculado con las Asociaciones público privadas (APP). También hay que reconocer que, si bien estas hicieron posible una razonable prestación de servicios respecto de la caótica década de los ochenta, la mayoría tuvo problemas y enfrentan limitaciones para el futuro. La lista de APP con problemas es larga: aeropuerto de Chinchero, Gasoducto Sur Andino, IIrsa´s, Línea 2 del Metro, Terminal Norte y Sur del Puerto del Callao, vía urbana de Puente Piedra, entre otras. Aún la emblemática concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene serios problemas en sus accesos al privilegiar áreas de estacionamiento, excesiva contaminación visual, elevados costos y faltan indicadores para la mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios. El Decreto Legislativo 1251 y su reglamento deberían ser útiles para mejorar los problemas estructurales del sistema y hacer frente a la corrupción.

Hay algunas mejoras como la relativa a reducir el número de adendas dentro de los tres primeros años del contrato. Ahora sólo se podrían realizar por errores materiales, aspectos operativos que impidan la ejecución del proyecto y otros hechos imprescindibles (¿?). También hay avances al precisar procedimientos, promover un mayor rol para los gobiernos regionales y locales, incluir una cláusula anticorrupción en los contratos y el plan nacional de infraestructura. Solo hay promesas cuando se señala que se plantearían reglas que reduzcan al mínimo los espacios para ofertas temerarias o colusión de postores.

 Las normas hacen agua al formalizar el abandono de la práctica internacional del comparador público-privado (CPP) que selecciona la alternativa de mejor calidad al menor costo. Ahora se supone equivocadamente que la APP es superior a su opción como obra pública. El CPP se sustituye por unos criterios de elegibilidad difusos que antes elaboraba el MEF y ahora prepararía Pro inversión en un claro conflicto de interés. ¿Se trata de colocar proyectos o priorizar el interés público? Por otra parte, se abre la puerta a los lobbies cuando la mitad de los miembros de su Consejo directivo no serían funcionarios públicos: ¿qué garantiza que representen el interés público? Para remate se formaliza que consultoras privadas puedan realizar hasta el informe de evaluación de los proyectos. En otros lugares eso sería responsabilidad de las autoridades respectivas.

No se amplían las funciones de Pro inversión y se ignora al Ceplan responsable del planeamiento estratégico del país (¿quién va a priorizar?). Se soslaya o minimiza el proceso de selección de las mejores opciones técnicas y tecnológicas como lo ocurrido en la IIrsa´s donde el objetivo interoceánico se lograba a través de la opción ferroviaria y no la carretera. No se establece un sistema de información con parámetros comparativos de costos y componentes de inversión para las evaluaciones ex ante de los proyectos. No hay obligatoriedad para las evaluaciones ex post, ni se insiste en la incorporación de indicadores para mejorar continua de la calidad de los servicios. La opinión de los organismos reguladores nos es vinculante (¿no se va a fortalecer a los reguladores sectoriales? Los problemas con el registro de pasivos en firme y contingentes se mantienen al aplicar una tasa de descuento en los primeros y criterios no homogéneos en los segundos. El registro nacional de contratos sigue incompleto al no incluir las propuestas económicas de los concursantes y su evaluación. No se profundiza en la necesidad de las evaluaciones socio-económicas más allá de las financieras. No se establecen reglas y límites a algunas APP como por ejemplo las de vías urbanas que tantos conflictos vienen generando. No queda claro cómo se va a mejorar la calidad de los contratos de concesión salvo la cláusula anticorrupción (¿no se va a revisar el sistema de pagos por obra que ha dado origen a tanta corrupción o establecer mayores garantías?), ¿dónde están las nuevas reglas para los concursos y evitar las de un sólo postor?, entre otros temas. ¿La fiesta continua?