Farmacéutica involucrada en corrupción
El gobierno chino investiga a la multinacional británica Glaxo Smith Kline (GSK) al percatarse que funcionarios de la compañía han realizado lavado de dinero a través de agencias de viajes, para contar con dinero para sobornos y otras actividades ilícitas. El gigante farmacéutico que el año pasado facturó un total de 40 mil millones de dólares por tres de sus productos (Paxil, Avandia y Zantac) ha reconocido que sus funcionarios están comprometidos en los delitos investigados. La compañía dijo “estar profundamente preocupada y decepcionada por estas acusaciones de comportamiento fraudulento y conducta no ética de ciertos individuos de la compañía y agencias de terceros”.
Los investigadores del caso han afirmado que altos oficiales de la compañía en China utilizaban agencias de viajes para lavado de dinero y así dirigir fondos para sobornar médicos, hospitales, asociaciones médicas y oficiales de gobierno.
Cabe preguntarse cuán común son los comportamientos ilícitos que son conducidos por funcionarios de las grandes compañías farmacéuticas. Uno de los funcionarios detenidos ha confesado a la policía: “Esa es la manera como funcionan los negocios”. Es común hacer esto”. Como para corroborar esta afirmación, otro gigante farmacéutico, Eli Lilly, decidió en diciembre pasado pagar 29 millones de dólares como respuesta a la acusación de la US Securities and Exchange Commission al haber detectado que empleados de la compañía habían entregado dinero en efectivo y regalos a empleados gubernamentales de China, Brasil, Rusia y Polonia para facilitar sus negocios. Pfizer también ha sido multado en agosto 2012 con más de 60 millones de dólares por casos de sobornos en el exterior.
Lo que significa que las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales deben establecer regulaciones más estrictas para prevenir estas actividades que pueden afectar a los sistemas de salud y usuarios, pues el costo de dichas actividades se incluye en los precios de los medicamentos. En esa perspectiva los gobiernos y organizaciones no gubernamentales deben poner bajo escrutinio las actividades de las compañías farmacéuticas en sus relaciones con oficiales gubernamentales, prescriptores y dispensadores y otros profesionales de la salud y sus organizaciones.
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