Acortan plazos del modelo primario-exportador

 Por Patricia Patrón Álvarez



La dependencia económica del Perú en base al modelo primario-exportador es un tema de fondo. Un reto para el país es contar con un modelo diversificado y lograr cambios sociales e institucionales uraderos que permitan el desarrollo en armonía con la naturaleza, superando las lecciones del pasado, antes de acabarse los minerales e hidrocarburos. No obstante, se persiste en asegurar el modelo extractivo, aun ello signifique debilitar los estándares sociales y ambientales.
La aprobación de los Decretos Supremos, 054 y 060-2013-PCM, que facilitan los procedimientos administrativos para l as inversiones, principalmente extractivas, imponen nuevas reglas a la revisión, evaluación y aprobación de Estudios de Impacto Ambiental-EIA fuera del marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA; demuestra un interés contradictorio del gobierno por fortalecer la institucionalidad ambiental y salvaguardar nuestro patrimonio natural y cultural.

El mensaje: asegurar la inversión sin importar qué inversionistas se atraigan, aunque esto implique obligar a las autoridades, bajo amenaza de sanción, aprobar rápidamente proyectos, aumentando la posibilidad de generar conflictos socio-ambientales no identificados previamente.

Estos decretos no consideran las dificultades que tienen las autoridades encargadas de revisar los EIA como son: baja calidad de los EIA, limitado número de evaluadores, escasos criterios estandarizados de evaluación, restringida información del territorio nacional, entre otros.

Según expertos, los EIA deben aplicarse participativamente, lo más temprano en la toma de decisiones, a través del ciclo de vida del proyecto y deben considerar el screening (nivel de detalle del EIA), el scoping (aspectos socioambientales), evaluación de alternativas, impactos, mitigación, y monitoreo, como tareas principales. Entonces las mejoras deben ir en esa dirección.

Exhortamos a que bajo el marco institucional del SEIA que ha venido alimentando la confianza ciudadana por el Ministerio del Ambiente, se retome el debate ampliado y aprueben normas que mejoren la calidad de los EIA y su evaluación por las autoridades, incluyendo las sectoriales, regionales y locales. 

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