Reforma de salud y medicamentos

 Por Roberto López Linares


El Consejo Nacional de Salud tiene el encargo de presentar una propuesta de reforma de salud. Oportunidad para debatir a nivel nacional y con todos los actores las propuestas que por muchos años han sido levantadas, evaluar su pertinencia y asumirlas en una propuesta nacional que tenga amplio consenso, respondiendo a un abordaje de la salud como un derecho humano que asiste a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto es un aspecto esencial de la inclusión: todos los peruanos deben acceder a la atención que requieren en caso que su salud se haya perturbado. Esto, además, asegura una población saludable como factor fundamental para el desarrollo del país.
En esta perspectiva, es tiempo de abandonar aquellas estrategias de focalización que privilegiaron a algunos segmentos de población y descuidaron a otros. Cada persona debe recibir la atención que necesita independientemente de su condición.

En este escenario, garantizar los tratamientos con medicamentos es un desafío que debe partir de una examen profundo de las virtudes, debilidades y deficiencias que existen todavía en los sistemas públicos de suministro de abastecimiento, desde las adquisiciones hasta la llegada de los medicamentos e insumos médicos a las manos del usuario sea el consumidor final o quien los usa para tratar al paciente. Esto significa mejorar aún más las modalidades de adquisiciones para evitar que muchas unidades compren lo mismo y a diferentes precios; que se asegure tener personal entrenado para que las programaciones de necesidades se ajusten a la realidad y sean oportunas para que las adquisiciones respondan a las necesidades reales de los establecimientos de salud; que los sistemas de distribución propios o contratados sean efectivos para llegar oportunamente con los medicamentos en insumos a los establecimientos que los requieren.

Finalmente, los altos precios actuales de algunos o muchos medicamentos efectivos no pueden ser justificación para no atender a la población que los necesita. El gobierno tiene que, además de mejorar los sistemas de adquisición aludidos arriba, utilizar todas las herramientas legítimas para promover la competencia en esos submercados terapéuticos donde los monopolios imponen precios altos, así como el uso de salvaguardas vigentes en la legislación nacional y acuerdos internacionales para garantizar los tratamientos y hacer que los programas de salud sean sostenibles. 

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