¿Ajustes perversos?

 Por German Alarco Tosoni


Esta semana Europa y parte del mundo fueron sacudidos por las insólitas declaraciones del presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, quien señaló que el modelo de rescate a Chipre serviría de ejemplo a otros países. Rápidamente estas declaraciones fueron rechazadas por las máximas autoridades políticas de España y Francia. No era para menos, ya que la crisis bancaria de ese país sería en parte financiada con un impuesto a los depósitos bancarios de quienes tienen más de 100,000 euros. El resultado de aplicarse esta política, podría ser una fuga de capitales del sistema financiero no solo de Chipre, sino de toda Europa. Esta modalidad de financiamiento del rescate bancario no solo es inequitativa, amplifica los efectos negativos y no evita a la larga los problemas asociados al inadecuado manejo de las instituciones financieras privadas al potenciar el denominado riesgo moral.
No es LA PRIMERA vez donde, en idioma coloquial, los justos pagan por los pecadores. En los programas de ajuste y de estabilización de América Latina de los años ochenta y noventa fueron los sueldos y salarios reales los que pagaron el costo de los ajustes. Para equilibrar la balanza de pagos o reducir la inflación no solo había que contraer la demanda y el crédito interno, era necesario aumentar la oferta a través de la liberalización de precios y depreciar la moneda nacional. El mejor ajuste, de acuerdo a las instrucciones de los organismos financieros internacionales, era el que integraba a las medidas anteriores mantener las remuneraciones nominales para que alcanzaran, luego del ajuste, los niveles de equilibrio que señalara el mercado. Los efectos negativos son por todos conocidos.

El origen del problema bancario chipriota es el mismo de siempre: nula o laxa regulación bancaria, paraíso financiero y banca múltiple con operaciones internas y off-shore (en el exterior con poco control). El problema se hizo grande para esta isla de casi 1.2 millones de habitantes cuando se captaron significativos depósitos de residentes extranjeros, que se canalizaron a la compra de activos financieros griegos ahora tóxicos. Ante esto, las autoridades locales y el propio FMI permanecieron inmóviles hasta que la crisis reventó. Ahora el programa de rescate bancario requerido es de 10,000 millones de euros.

Es inaceptable que los asalariados o los depositantes paguen por los errores de los banqueros, el gobierno o los organismos financieros internacionales que promovieron la desregulación. La situación es compleja y hay que explorar más soluciones. Los sistemas de rescate bancario deben ser corregidos. El FMI y la Unión Europea no pueden lavarse las manos. Es indudable que va a haber pérdidas, pero no deben ser a costa de los ahora señalados.

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