PetroPerú y ElectroPerú en su rol subsidiario
Por Jorge Manco Zaconetti.
La
intervención del Estado en la economía salvó al capitalismo de la
crisis general que sacudió al conjunto de las economías en los años
treinta del siglo pasado con la excepción de la economía soviética. El
nacional socialismo de Hitler en el poder desde 1933 sin haber leído la
“Teoría General del Empleo, Dinero e Interés” de Keynes (1936), también
recuperó la economía germana de la crisis con la intervención del
Estado, mediante el rearme militar en alianza con el gran capital,
reprimiendo las libertades individuales y a los sindicatos. Es célebre
la afirmación de Herman Goering ante cientos de empresarios si se debe
elegir entre la producción de “cañones o mantequilla” y la elección
llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial.
La
esencia del aporte keynesiano al análisis económico consistió en
justificar teóricamente la intervención del Estado generando demanda
efectiva, fomentando inversiones públicas, incrementando el consumo y
empleo, para compensar las tendencias histórico naturales de la economía
capitalista a la depresión y desempleo.
La
intervención del Estado en la economía es recurrente, cíclica a pesar
del cuestionado discurso liberal que limita sus funciones básicas a las
propias del siglo XIX. Es decir, la satisfacción de las necesidades
sociales de educación, salud, seguridad etc. La frase de Adam Smith
sobre los “Vicios Privados Virtudes Públicas”, en el sentido que cada
empresario buscando su propio interés permite alcanzar el bienestar
general, constituye un dogma desmentido que termina en la anarquía de la
producción y a las crisis económicas periódicas que abaten al
capitalismo.
Siempre
se soslaya la intervención del Estado para enfrentar las recurrentes
crisis económicas financieras que sacuden al sistema. Por ello, bien
vale recordar el último rescate financiero del gobierno norteamericano a
fines del 2008 que tuvo que inyectar más de 800 mil millones de dólares
para asumir pasivos privados, comprar “deuda sucia” y oxigenar a la
primera economía del mundo, en bancarrota por la especulación y la
usura. A pesar de ello, el problema sigue latente y la recesión mundial
está a la vuelta de la esquina, pese a los malabares financieros de los
gobiernos europeos y a San Obama.
La
intervención del Estado en la economía es y será un tema polémico por
los intereses económicos y sociales contrapuestos que están en juego,
por las diferencias entre el interés público y privado; por ello la
oposición entre Estado y Mercado se supera en la práctica con políticas
sensatas que satisfagan el interés público, el crecimiento económico, y
aseguren la gobernabilidad del país.
La
prueba es que en nuestro país, en el sector energético operan una serie
de empresas estatales con eficiencia y rentabilidad para sus matrices.
Pruebas al canto: Petrobras del Brasil, Ecopetrol de Colombia, KNOC de
Corea del Sur, Sapet y CNP International de la China Comunista, ENAP de
Chile, Sonatrach de Argelia.
En
la parte eléctrica, en el Perú la trasmisión de energía está bajo
responsabilidad de la empresa ISA de Colombia con una mayoría accionaria
del Estado, y la transnacional Endesa de Italia tiene como accionista
importante al propio Ministerio de Economía y Finanzas del Estado
italiano.
Lo
que debiera interesar en la gestión de una empresa sea estatal o
privada es la eficiencia, productividad, rentabilidad y transparencia en
sus actividades. Es más, en sectores que están relacionados con la
energía, la seguridad es una responsabilidad del Estado y no de las
empresas.
¿POR QUÉ INTERVENIR?
La
participación directa del Estado en la economía es más urgente y
necesario cuando buena parte de la población como es el caso del Perú
está considerada como pobre según los distintos indicadores que se
asuman para su estimación, con históricas fracturas sociales, falta de
integración nacional, y graves conflictos sociales, sobre todo
provocados por faltas ambientales, uso del agua que dificultan la
promoción de inversiones privadas.
En
el caso de la intervención del Estado peruano por medio de sus empresas
estatales PetroPerú y ElectroPerú, como socio minoritario en el
Gaseoducto Andino del Sur, con inversiones colaterales en la generación
eléctrica con una planta térmica a gas natural de 200 megavatios y una
pequeña planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) en
Quillabamba provincia de La Convención-Cusco, más una planta de
fraccionamiento de líquidos en Kespahiato distrito de la referida
provincia, son necesarias desde el punto de vista social pero de una
dudosa rentabilidad en el corto y mediano plazo.
Es
importante recordar que estas inversiones están respetando el mandato
constitucional del llamado rol subsidiario del Estado en la economía,
pues no resultaría interesante para el capital privado invertir en una
central térmica en Quillabamba, cuando lo utilitario desde el punto de
vista de la ganancia privada es la inversión en el “sur chico” de Lima
para conectarse fácilmente con el gaseoducto de Camisea, comprando gas
barato del lote 88 y vendiendo energía cara.
Pare
ello bastaría los resultados financieros de las empresas de generación
eléctrica como Edegel, Enersur de Suez Energy, Kallpa, en especial sus
utilidades operativas y las partidas de depreciación y las
amortizaciones, más conocido como la Generación Interna de Recursos
(GIR)
Se
debe tener presente lo que la empresa holandesa Shell en los años
noventa (1996/1998) recomendaba establecer una planta eléctrica de 400
megavatios en Quillabamba como una forma efectiva de asegurar mercado
interno para el gas natural y descentralizar la producción de energía en
el país. Por el contrario, en el 2001 ElectroPerú tuvo que asegurar la
compra de 70 millones de pies cúbicos diarios para asegurar la demanda a
la unidad térmica de Ventanilla del grupo Endesa, ahora parte de
Edegel. Es decir, sin la intervención del Estado los efectos positivos
de Camisea hubiesen demorado.
Levantar
una planta eléctrica en Quillabamba constituye una tarea del Estado
para fomentar la descentralización, y sobre todo propender a la
seguridad energética del sistema del sur, donde casi la mitad de la
capacidad de potencia de generación de las empresas Egasa (Charcani) y
Egesur (Aricota) está conformada por generación térmica que usa
derivados del petróleo. Por tanto su construcción constituye un objetivo
propio del interés público para asegurar el crecimiento económico que
demanda una mayor energía.
Es
más, en La Convención hubo una vorágine de violencia regional, y por
tanto se debiera recordar que constituye un compromiso del gobierno
anterior ante la gravedad de los conflictos sociales en el 2009/2010 con
heridos, muertos y bloqueos que obligaron a la firma de cartas de
compromiso y la presencia del Presidente del Consejo de Ministros de ese
entones más los responsables del sector.
En
la región y en Quillabamba en particular, la demanda de una planta de
envasado de GLP, pues su población tenía que pagar más de 57 nuevos
soles (US$ 21) por un balón de 10 kilos, y se tuvo que llegar a un
acuerdo temporal de expender el balón en todas las provincias del Cusco
al mismo precio vigente de Lima. Esto fue ratificado mediante un acuerdo
entre Repsol y la PCM de ese entonces.
Debiera
ser evidente que al Consorcio Camisea no le resultaría rentable la
inversión en un ducto de líquidos hacia Kespahiato ni establecer una
planta de envasado por lo reducido del mercado local. Este compromiso
por decisión del gobierno lo asumirá PetroPerú como su participación en
el Gaseoducto Andino en razón del interés público.
Teóricamente,
históricamente y socialmente está justificada la intervención del
Estado en una serie de negocios que serán rentables en el largo plazo
pero que apuntan a justificar una demanda de gas natural que hagan
viable cuantiosas inversiones que significarán la masificación del gas
natural en los departamentos del sur peruano, con el Gaseoducto Andino,
donde PetroPerú será socio y accionista minoritario en representación
del Estado.
Se
debe tener presente que los más importantes proyectos mineros están en
el sur peruano, sea Las Bambas en Apurímac, Tía María en Arequipa,
Quellaveco en Moquegua, ampliación de la planta de Southern, de Cerro
Verde etc. Solamente un proyecto como Toromocho en la sierra central
requeriría una demanda de energía de más de 200 megavatios.
En
resumen, alcanzar la seguridad energética es una responsabilidad del
Estado que está por encima de los intereses privados. La dinámica de la
economía peruana, y su crecimiento sostenido exige satisfacer una mayor
demanda de energía, en especial en el sur peruano donde importantes
proyectos mineros requieren energía oportuna, a precios competitivos y
donde la mayoría de su población es pobre. En este sentido, la
construcción del Gaseoducto Sur Andino constituye una posibilidad de
desarrollo y de inclusión social.
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