Los árboles y el bosque
Hasta el momento el conflicto producido alrededor del Proyecto Conga ha mostrado cómo una decisión adecuada, tomada tardíamente, no produce los resultados esperados.
La medida hecha pública por Minera Yanacocha, por iniciativa del gobierno nacional, de suspender el proyecto, no ha conseguido que la mayoría de autoridades y organizaciones promotoras del paro indefinido decida levantar la medida y reiniciar el diálogo. Durante las semanas previas, el país y en especial los cajamarquinos, tuvimos que escuchar por los más diversos medios, de boca de periodistas, autoridades nacionales y políticos, de las bondades del proyecto y la calidad técnica de su EIA. Por enésima vez la conclusión era que la irracionalidad e ignorancia del campesino era manipulada por radicales –según Rospigliosi “izquierdistas disfrazados de ambientalistas”- antimineros con torvos propósitos.
Nuevamente, tuvimos que ser participantes de un guión del que ya hemos conocido buena parte de los capítulos. Declaraciones despectivas, posiciones parcializadas a favor de la empresa, demanda a los cajamarquinos de pensar en el interés nacional –cuando al Perú formal le preocupa poco las condiciones en que viven la mayoría de cajamarquinos- y una estrategia gubernamental definida desde una lectura conspirativa del conflicto no hicieron sino empujar a un sector de dirigentes y a la población a posiciones más duras. Una vez más, en vez de preguntarse sobre si detrás de la protesta existen demandas legítimas, la acción del gobierno, del empresariado y de buena parte de los medios masivos produce rechazo y empuja a los manifestantes a posiciones más radicales y principistas. La situación es más complicada si este desempeño proviene de un gobierno que fue elegido por un discurso que proponía cambios en la relación entre Estado-sector privado y ciudadanos.
Al igual que en el conflicto a raíz de Tía María, la confirmación de la existencia de observaciones al EIA, en vez de ser un motivo para que el gobierno y la empresa modifiquen su posición, ambos la defienden tercamente, repitiendo las razones originales, aunque existan más argumentos técnicos que confirman que Conga no es tan distinto a otros proyectos cuestionados.
En este escenario, si bien saludamos la decisión de suspender el proyecto, esta medida terminó siendo insuficiente, ya que no calmó la desconfianza que creció en Cajamarca ante un gobierno que creían cercano y que, más bien, comienza a ser visto con rasgos parecidos a la gestión anterior. El devenir del conflicto ha llevado a que un sector de los manifestantes sienta que tiene hoy la legitimidad y las condiciones políticas para conseguir la cancelación de Conga.
La decisión de detener el proyecto, sin otra señal que permita prever cuál será el siguiente paso no generó las expectativa prevista. Las declaraciones del presidente y del premier comprometiéndose a defender el agua, y el medio ambiente, son excesivamente generales en un momento en que se requieren decisiones que comuniquen con la mayor claridad posible cuál va a ser el derrotero gubernamental en estos temas. Si es que el gobierno no decide dar este paso, el conflicto es probable que se defina en esta etapa por el agotamiento de algunas de las partes o por el uso de la represión.
Sin embargo, los dirigentes de la protesta tienen importantes retos que afrontar. Visto desde fuera de Cajamarca la suspensión del proyecto fue leído como un triunfo pero en la región norteña no necesariamente no ha sido vista así. La meta que se han planteado es su cancelación y el principal medio para conseguirlo es la continuación de su medida de lucha.
La experiencia en Tambogrande y en Tía María muestra que esta estrategia ha sido exitosa. En ambos casos los agricultores consiguieron que las empresas involucradas se retiraran. Sin embargo, es también cierto que el interés por la explotación de esos yacimientos se mantiene y que existen, en el Estado y en el sector privado, quienes se hallan a la espera que se presenten las condiciones favorables para retomar la iniciativa. Quienes lideraron o apoyaron estas luchas, no estuvieron en la capacidad, o no tenían en su agenda, promover los cambios institucionales que le diera mayor consistencia a la protección de su territorio. Obtener cambios en ese terreno habría tenido repercusión no solo en los proyectos mencionados, sino que se tendrían nuevos estándares para futuras inversiones.
Conga puede ser una oportunidad de avanzar en esta dirección, ya que ha servido para confirmar, por ejemplo, las debilidades que afectan a los EIA y la institucionalidad relacionada al agua y al ambiente. Hoy son más personas en el Perú que, gracias a este conflicto, conocen de estos temas, cuentan con más información y constatan la precariedad estatal en este campo.
Hay que tomarle la palabra al gobierno respecto a su preocupación por el agua y el ambiente. Se requiere que el diálogo no sea solo sobre Conga, sino que considere las reformas a las políticas que permitieron que el proyecto avanzara a pesar de las debilidades conocidas.
El reto de los dirigentes es dar un paso más a lo logrado en Tambogrande y Tía María: hay que pensar en Cajamarca y en el Perú.
Comentarios