LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II
Por Jorge Manco Zaconetti *
EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN
Desde
la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el
candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca
en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la
posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y
autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una
toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin
exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla,
con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la
preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.
Ello
evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el
titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o
maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que
certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región
Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el
declarado apoyo al proyecto Conga.
En
verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de
una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la
inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las
empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como
ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales,
directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un
“stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad
privada.
En
tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del
nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual
viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a
la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en
departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la
fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido
de gobierno.
La
debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y
minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada
señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad.
Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio
Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los
noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto
ambiental ad hoc.
El
ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado
tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización
de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de
presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son
realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por
las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas
preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.
En
el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos
mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto
ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas
mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en
particular la referente a las reservas y la vida útil de los
yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos
naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar
autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de
Camisea.
Si
bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas
especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son
abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte
de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la
complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos
hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en
los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe
una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea
de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de
lobbys empresariales etc.
En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de
economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente
respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de
parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa,
la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta
realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.
Por
ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización
económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse
adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el
fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar
aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el
radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera
en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la
inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento
económico del país requiere.
¿POR QUÉ LA CONGA?
En
el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la
importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la
explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción
aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos
marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San
José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción
constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia
de la explotación de minas Conga.
El
proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las
fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas
adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en
promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían
rápidamente recuperados.
Ello
significaría que con los precios actuales del oro por encima de los
1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se
tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y
excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares
por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los
gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello
significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y
los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la
pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.
De
allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas
subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha
formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la
explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de
un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de
agua.
Como
resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades,
valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una
mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de
impuestos y regalías.
En
este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y
beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera
seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e
impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio
anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del
proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de
dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.
Cabe
interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a
la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los
montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto
compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el
destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el
comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse
¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia
que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación
al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un
sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.
Con
un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el
Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las
acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la
irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se
demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros
proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin
embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la
promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula
participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y
utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.
Investigador UNMSM *
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