DERECHOS HUMANOS E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
La consulta previa abre la posibilidad que el país, con los pueblos indígenas involucrados, decidan cuándo y bajo que condiciones nos conviene que haya minería e hidrocarburos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido recibiendo de manera creciente denuncias y solicitudes de medidas cautelares por casos de violación de derechos humanos vinculados a conflictos ambientales en zonas de influencia de industrias extractivas en el Perú.
Siete de quince medidas cautelares emitidas por la CIDH en los últimos años a favor de ciudadanos peruanos en riesgo se relacionan directamente con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
De éstas, cinco están vinculadas a conflictos ambientales mineros: dos a favor de dirigentes de la Comunidad San Mateo de Huanchor; una a favor de un dirigente del Frente de Defensa de Tambogrande; una emitida a favor de localidad de La Oroya por contaminación causada por el complejo metalúrgico. Otro caso en el que CIDH ha dictado una medida cautelar preventiva es el de Marco Arana y Mirtha Vasquez, de la institución GRUFIDES, quienes durante
años han sido hostilizados, perseguidos y amenazados de muerte por aparatos de seguridad privados en la región Cajamarca.
años han sido hostilizados, perseguidos y amenazados de muerte por aparatos de seguridad privados en la región Cajamarca.
Conflictos vinculados aindustrias extractivas están aumentando
Estas medidas cautelares son un indicador del aumento de casos que afectan derechos fundamentales de poblaciones por la presencia de la minería y la explotación de hidrocarburos.
Igualmente desnudan el comportamiento del Estado Peruano, que no cumple con proteger los derechos de poblaciones enteras y ni siquiera reacciona a las recomendaciones de la CIDH: en el caso de La Oroya, por ejemplo, fue necesario solicitar una nueva audiencia a la Comisión para discutir la inadecuada implementación de las medidas cautelares por parte del gobierno peruano para proteger la salud de sus pobladores.
El clima se ha ido enrareciendo en los últimos años como consecuencia de decisiones tomadas por las autoridades. Por ejemplo, el 27 de julio de 2007, El Peruano publicó una lista de decretos legislativos que elevan las penas aplicables por disturbios producidos en el contexto de manifestaciones públicas. Se pretende criminalizar las protestas bajo el supuesto de que así disminuirán los conflictos.
Pero los conflictos ambientales vinculados a industrias extractivas no han disminuido, por el contrario, han aumentado en número y en intensidad, según la Defensoría del Pueblo.
Lo que si han logrado esas medidas es que la cifra de comuneros, dirigentes perseguidos y denunciados crezca: CONACAMI informa que 368 comuneros se encuentran con procesos judiciales abiertos. Solo en el caso Río Blanco, 104 comuneros se encuentran procesados como consecuencia de la marcha al campamento de la empresa en el 2005.
En varias regiones la situación se ha vuelto tensa y peligrosa para la población. En Cajamarca y Piura la lista de dirigentes asesinados, agredidos, perseguidos y hostigados, crece día a día. También aumentan casos como el de los líderes ambientalistas Edmundo Becerra e Isidro Llanos, asesinados en un escenario de oposición a la expansión minera en Cajamarca, y el de Godofredo García Baca, líder de Tambogrande, asesinado en 2001; o los 28 campesinos torturados en el campamento de Minera Majaz (hoy Río Blanco) y Melanio García y Reemberto Herrera Racho, muertos en una movilización al mismo campamento. Esta relación también debe incluir a los cuatro trabajadores de Río Blanco muertos el 1 de noviembre de 2009, luego de una incursión violenta al campamento de la empresa, hecho que todavía no ha sido esclarecido.
Conexiones entre fuerzas de seguridad privada y policiales
Lo ocurrido en Río Blanco muestra las conexiones que se establecen entre fuerzas de seguridad privada y la policía nacional. Luego de una marcha al campamento minero, en julio de 2005, los comuneros fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos de parte de la policía nacional y miembros de la empresa de seguridad privada FORZA -contratada por la empresa minera-. Se ha abierto un proceso penal contra ocho miembros de la policía que habrían participado en las torturas y las víctimas han solicitado que la investigación incluya al personal de seguridad de la empresa.Pese a estos antecedentes, se sigue intentando endurecer las políticas. La lucha de los pueblos amazónicos y el trágico episodio de Bagua lograron detener momentáneamente el tristemente célebre paquete de decretos legislativos que atentaba contra las comunidades. Sin embargo, se continúan respaldando proyectos cuestionados por las comunidades y se desnaturalizan iniciativas legislativas que deberían convertirse en instrumentos importantes para transformar los conflictos por vías pacíficas e institucionales.
El último capítulo ha sido la ley de consulta previa para los pueblos indígenas. Ocho observaciones presentadas por el Ejecutivo modifican aspectos sustantivos de la ley y terminan por desnaturalizarla. Una de éstas señala que la mencionada ley “implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”. Se intenta contraponer los derechos de los pueblos indígenas con un difuso interés nacional, argumento al que se recurre cada vez que las comunidades han exigido ejercer el derecho a la consulta: “¿por qué poblaciones pequeñas tienen que decidir por proyectos que son de interés nacional?”.
El gran problema es que en el Perú no existen políticas públicas que permitan presentar evidencias claras que tal o cual proyecto, responde al “interés de la Nación”.
Está pendiente dotarnos de esos instrumentos: la consulta previa puede ser uno de éstos. Ésta puede y debe implicar varias cosas: acuerdos, diálogo democrático intenso entre el Estado, las comunidades y las empresas; desarrollo de capacidades, aprendizajes. Todo un paquete que debe ser tomado de manera integral para beneficio de las comunidades y para beneficio de todo el país. ¿Cuánto se hubiese ahorrado en materia de conflictos ambientales si hubiésemos contado con este instrumento?
Consulta Previa: conviene a todas las partes
La consulta previa abre la posibilidad que el país, con los pueblos indígenas involucrados, decidan cuándo y bajo que condiciones nos conviene que haya minería e hidrocarburos; cuándo nos conviene, como país, que un determinado ecosistema sea preservado por los servicios ambientales que presta; cuándo y de qué forma conviene una determinada obra de infraestructura, etc. Esto implica un diálogo intenso que ayudará a fortalecer prácticas democráticas y terminará definiendo un clima favorable para todos, incluidos los inversionistas.
Aparentemente, el gobierno pretende seguir eximiendo del proceso de consulta los planes y proyectos que considera de “interés nacional”. Su interpretación sobre las medidas legislativas o administrativas que deben consultarse es restrictiva y vertical. No saca lecciones de años de conflictos ambientales que no han podido ser canalizados por vías institucionales y democráticas como las que plantea la referida ley. Las observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Habrá que esperar las reacciones del Congreso y ver cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado.
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