CHINCHERO: ¿A quién beneficia el aeropuerto?

El escándalo de Lava Jato y los mega proyectos de construcción con sus adendas y toda la corrupción salpicada en todos estos años, no ha impedido al gobierno, empezar el proyecto del aeropuerto de chinchero con las dudas y los cuestionamientos que significa una obra lesiva a los intereses del País.

Economía Peruana presenta un Dossier sobre el tema a cargo del economista Humberto Campodónico.  

“Chinchero va” contra viento y marea

Por Humberto Campodonico

La probable aprobación de la adenda del aeropuerto de Chinchero constituye un tremendo error y un grave precedente en las relaciones entre el gobierno y las Asociaciones Público Privadas.

Primero, porque la inversión de US$ 265 millones, acordada en el 2014, ya no será del consorcio Kuntur Wasi (KW), sino del Estado. Si ya no la hace el privado, la propia definición de APP pierde todo su contenido. Veamos.Se supone que las APP ponen el dinero para realizar obras que al Estado le interesan, principalmente, infraestructura. Si el privado pone el dinero, entonces el Estado puede hacer otras obras. Así, habría complementariedad virtuosa entre las APPs y Estado para sacar adelante las obras públicas.

El dinero que pone la APP lo recuperará cuando el proyecto ya esté en marcha, después de los 3, 4 ó 5 años que demore su construcción. ¿Cómo? Con los ingresos que cobrará durante 20 o 30 años, lo que se materializa en un contrato entre el Estado y la APP. Si es una carretera, serán los peajes. Si es un aeropuerto habrá una tarifa por el servicio. Y así.

En Chinchero el tope máximo fijado por Proinversión fue US$ 457 millones. Hubo tres postores y KW ganó ofreciendo US$ 265 millones, 192 millones menos. Los otros dos ofertaron US$ 411 y 348 millones. Está claro que KW hizo una oferta temeraria y agresiva con el objetivo de ganar el contrato. De allí para adelante la solución es conocida: si ha problemas, se piden adendas (modificaciones). Allí entran los asesores: Newlink de Cecilia Blume, asesoró a KW y, dice El Comercio, Patricia Teullet es la vocera de KW (1).

KW presentó una adenda para que le paguen los US$ 265 millones, más intereses, lo que llevaba a un costo total de US$ 800 millones, según el vicepresidente Vizcarra. ¿Qué cosa? Sí, porque los problemas financieros de KW elevaban su riesgo y los bancos solo le prestaban a tasas de interés que triplicaban las del mercado.

El gobierno tenía entonces dos alternativas: o pagaba los US$ 800 millones o le cancelaba el contrato a KW, lo que significaba volver a licitarlo con las demoras correspondientes (un año por lo menos), el costo político con la población cusqueña y la admisión del fracaso del “destrabe”.

El gobierno optó por una tercera vía. El Estado desembolsará los US$ 265 millones y nos “ahorramos” US$ 535 millones, es un decir, de los intereses propuestos por KW. Esta decisión se tomó por 2 votos a uno, siendo la opositora Patricia Benavente, presidenta del Ositran. ¿Por qué? Porque el riesgo de la inversión se traslada del privado al Estado. Por eso, Benavente renunció.

Sigamos. Si el Estado pone la plata y no KW, entonces ya no es APP sino una obra pública normal, como lo dijo Alfredo Thorne, en lapsus significativo del que después se desdijo. Pero es verdad. Por tanto, KW ya no debería administrar Chinchero durante 30 años. Wilfredo Alvarez, de la Federación de Trabajadores del Cusco, dice que es un “negocio chino” aludiendo a lo dicho por Benavente. Agregó Alvarez que no se opone al proyecto, pero sí que se realice con la mayor transparencia posible.

Hoy se aprobaría la adenda y “Chinchero va” con KW. Grave, porque el gobierno no está deslindando con las apuestas temerarias y demuestra que se le puede presionar políticamente, así ello cambie la naturaleza del proyecto. Chinchero debe ir, pero, como dice José Luis Guasch, ex Jefe del Banco Mundial para APPs, la asignación de riesgos no puede ser modificada con una adenda (2).

Grave porque los Decretos Legislativos otorgan a los funcionarios del gobierno una amplia discrecionalidad para el manejo de las adendas, además que se “agilizan” los trámites para “destrabar” la aprobación de las APP.

Grave también porque este gobierno va a aumentar las APP de un promedio de US$ 700 millones anuales a US$ 2,500 millones en promedio para el periodo 2017-2019, como lo acaba de anunciar el ministro Thorne. Con Chinchero y las tristemente célebres APP de los últimos años (incluidas las de Odebrecht) auguramos más problemas con las adendas y, quizá, más corrupción.

El sector privado ve en las APP una tabla de salvación ahora que está de caída la inversión privada. El gobierno le juega en pared con la creación del Fondo de Infraestructura Pública y Servicios Públicos (DL 1276) para “impulsar la productividad de la economía mediante la disposición de recursos públicos para financiar las diferentes fases del desarrollo de las APPs”. ¿No era que las APP ponían de la suya?

Estamos, entonces ante la privatización de buena parte de la inversión pública. Es clave promover una amplia discusión en el Congreso, en los colegios profesionales, universidades y la sociedad civil. Las APP deben analizarse de manera integral, lo que incluye el diseño del proyecto, el avance de la ingeniería, las adendas, el financiamiento, la tasa de interés y el ingreso mínimo garantizado.

Si eso no se hace, las adendas seguirán. Y la corrupción tendrá una carretera ancha.

(1) http://elcomercio.pe/economia/peru/kuntur-wasi-se-defiende-demora-aeropuerto-chinchero-noticia-1963729
(2) Ver http://larepublica.pe/impresa/economia/843198-consigo-el-proyecto-y-con-la-adenda-que-lo-arregla-todo-me-genera-renta
Brighten your day.

Chinchero y el cruce del Rubicón

Por Humberto Campodónico

El gobierno cruzó el Rubicón al firmar la adenda de la APP de Chinchero, causando un enorme perjuicio económico y financiero al Estado, a la vez que grandes ganancias al consorcio Kuntur Wasi. No solo eso. La deslegitimación de las APP, ya afectadas por la corrupción de Odebrecht y otras empresas, vuelve al primer plano porque este gobierno actuó de forma parecida –si no igual– a los anteriores.

Veamos lo que pasa cuando un postor hace una apuesta agresiva (se “tira al piso” y ofrece hacer el proyecto por un precio bajísimo) y después usa estratagemas –vía adendas– para obtener ganancias abultadas no previstas.

Primer acto. El año pasado, aún durante Humala, Kuntur Wasi (KW) presenta una propuesta sobre el repago de la inversión de US$ 265 millones en la construcción del aeropuerto. La propuesta eleva el repago hasta US$ 800 millones.

Segundo acto. En enero del 2016 el MTC le dice a KW que la forma de cálculo de los intereses se rige por el contrato y, también, por documentación de público conocimiento de los postores, como el Acuerdo # 1671-491 de enero del 2014 de Ositran (antes de la licitación), colgado en la página web de Proinversión y publicado en El Peruano el 7 de enero del 2014.

Tercer Acto. KW responde que “desconocen el contenido de documentación pública generada en el desarrollo del proceso licitatorio” y que “tienen una lectura distinta del Contrato sobre la determinación del pago (…) por lo cual alcanzan una propuesta de adenda” (Carta 195-2016 de Kuntur Wasi del 2 de diciembre).

Cuarto Acto. Durante todo el 2016, hasta antes del CADE 2016, tanto el gobierno de Humala como el actual rechazan la propuesta de KW. Sorpresivamente, en diciembre el gobierno comienza a hablar sobre el “ahorro” de US$ 590 millones en intereses si es que el gobierno, ya no KW, ponía los US$ 265 millones para la construcción del aeropuerto.

Quinto Acto. En enero el gobierno propone una Adenda para poner los US$ 265 millones. Ya “no va” la adenda de KW (qué “suerte” la de algunos). El 20 de enero el Comité Directivo de Ositran aprueba, por dos a uno, la adenda del gobierno. Y el 3 de febrero se publica la Resolución Ministerial del MTC que autoriza la adenda.

Varias cosas. Una, hasta noviembre nunca se aceptó la adenda de KW. Por tanto, el ahorro de US$ 590 millones es humo puro. Dos, que si el gobierno se mantenía firme y no había “cierre financiero” (KW no acreditaba los US$ 265 millones en la forma establecida en el contrato), el contrato caducaría. Tres, que KW, con fuertes dificultades financieras, llevaba las de perder en un litigio que llegara al arbitraje pues la posición del gobierno (MTC, Ositran y también Proinversión) era sólida.

Pero eso no sucedió. Y ahora lo que tenemos es una adenda que demuestra que se pueden hacer los cambios que el privado quiere cuando se tienen amigos y amigas en el gobierno, o sea “lobbies”, porque ahí está la madre del cordero.

Justamente, hay un tema que solo se entiende porque hay “lobbies”. Si KW ya no pone la plata, ¿por qué prosigue con la operación y mantenimiento (OyM) de Chinchero durante 35 años? ¿Tan difícil era hacer un agregado? Recordemos que el contrato garantiza a KW un ingreso anual mínimo de US$ 35 millones. Ese monto no incluye los ingresos no regulados por hoteles, duty free, tiendas y restaurantes. En el Jorge Chávez éstos fueron US$ 73 millones en el 2015 (1). Y en Chinchero, ¿cuánto serán? ¡Qué bonito, y gratuito, negocio!

Chinchero debió ir, pero no así. Veremos qué pasa en los próximos meses.

Urge, por tanto, una amplia revisión de la legislación sobre las APP –como hemos visto tiene enormes vacíos y permite adendas a gusto del cliente–. Solo después de esta revisión –que incluye el DL 1276 hoy en el Congreso– se deberían licitar los proyectos de APP por US$ 4,077 millones que el gobierno planea para el 2017 (2) y que hay que mirar con microscopio. No debiera otorgarse una APP más sin la seguridad de que nuestros impuestos van a estar bien gastados.

No es que antes de este cruce del Rubicón estuviéramos frente a un gobierno de otra naturaleza. Pero lo que esta adenda demuestra es que no ha sido capaz de avanzar en la privatización de la inversión pública (lo que no avalamos) de manera honesta y transparente (¿puede existir tal cosa?), a tal punto que muchos liberales ya lo tildan de “mercantilista” para abajo.

Más allá: están en cuestión y en crisis 25 años de neoliberalismo. El crecimiento económico producto del superciclo de altos precios de las materias primas no se aprovechó para la diversificación productiva. Pero la crisis viene, sobre todo, porque la soberbia no impulsó la institucionalidad (el “libre mercado” proveerá) y se perdió la transparencia. Y en ese campo creció la corrupción existente. No duraron mucho las promesas de PPK en la campaña electoral. Pero era difícil prever cuánto demoraría en incumplirlas. Ahora ya lo sabemos.

(1) Ver https://goo.gl/Usu208

(2) Ver https://goo.gl/VNJZon




Ademas: Chinchero: un negocio de amigos