¿Concentración in crescendo?

 Por Germán Alarco Tosoni

Todas las semanas nos enteramos que una empresa o negocio adquiere a otro. Este es un fenómeno usual en todas partes, más aún bajo la perspectiva de que los procesos de competencia conducen hacia una mayor concentración. Sin embargo, la magnitud y escala en que esto ocurre ahora en el Perú rebasa lo observado en todas las décadas previas y probablemente es mayor que en otras economías de tamaño similar. Lamentablemente no hay registro oficial de este fenómeno, aunque algunos medios especializados reportan periódicamente el consolidado de las principales operaciones públicas. En esta semana Química Suiza, que adquirió las cadenas minoristas Mifarma y Fasa, está integrando sus 500 locales bajo el logo de la primera cadena comprada por ellos.

En nuestro país, a diferencia de la mayor parte de las economías en desarrollo y desarrolladas, no existe regulación en la materia. En la mal denominada hoja de ruta de 2011 se hablaba de fortalecer los mecanismos de defensa de la libre competencia y se tenía planeado una norma para regular la concentración a partir de determinados montos y circunstancias particulares que pudieran tener implicaciones sectoriales y nacionales.

Ahora, de acuerdo a la nueva lógica y aliados del gobierno, el proyecto duerme el sueño de los justos en el Congreso de la República. En lugar de fortalecer a INDECOPI, le han agregado nuevas funciones, como la de vigilar burócratas o promover la libre importación que lo distraen de sus funciones básicas a favor de la libre competencia y la defensa a los consumidores.

Es cierto que la concentración puede conducir a algunos beneficios como las economías a escala (producir más a menos costos unitarios) y facilitar el cambio tecnológico, pero en general el balance tiende a ser negativo. Se facilitan malas prácticas que reducen las cantidades producidas y elevan los precios. En la competencia imperfecta, con énfasis en el monopolio, aumenta el excedente de los productores (utilidades), se reduce el excedente del consumidor y disminuye el bienestar social por los menores niveles de actividad económica. La apertura de la economía no es suficiente para hacer frente a estos efectos. No en vano a nivel internacional la evaluación de los casos de concentración sometidos a la autoridad respectiva concluyen en que éstos se prohíben, limitan o condicionan.

La concentración conduce inexorablemente a más desigualdad con efectos económicos, sociales y políticos negativos. La que se produce en los medios de comunicación, limitada en teoría por la Constitución Política, y la de la tierra tienen otras implicaciones nocivas. Mientras el Ministerio de Industria de España acaba de disponer que REPSOL no podrá elevar el número de sus gasolineras en 35 provincias del país (ya que no puede tener más de 30% en cada mercado), aquí no pasa nada.