RESUCITANDO EL AFFAIRE DE LOS PETROAUDIOS
Por Jorge Manco Zaconetti - Investigador UNMSM
Las
ampliaciones en las investigaciones de la Comisión Tejada serían un distractor
de la grave realidad del sector de hidrocarburos que se relaciona con la
indebida prórroga contractual por 10 años en los contratos próximos a su
vencimiento, la indefinición respecto al futuro de PetroPerú y la modernización
de la refinería de Talara, y los retrocesos en el Gaseoducto del Sur
petroquímica incluida. En política no existen casualidades.
El acucioso
periodista Gustavo Gorriti está en deuda con sus lectores pues luego de la
publicación de su libro “PETROAUDIOS; Políticos, espías, y periodistas detrás
del escándalo” Ed. Planeta, agosto del 2009 primera parte, no se ha publicado
lo que sería la segunda entrega. A pesar de la rica información proveniente de
dos sendas comisiones investigadoras conformadas a inicios del 2009 y 2010,
(Abugattás y Jhony Peralta), más el expediente policial sobre el espionaje
industrial acumulado entre el 2008 y 2013.
Se recordará
el escándalo que sacudió al segundo gobierno del Dr. Alan García hecho público en
el mes de octubre del 2008 con las intercepciones telefónicas a políticos,
empresarios, y que trajo consigo la renuncia de medio gabinete, en especial del
presidente del Consejo de ministros y del ministro de energía y minas de ese
entonces entre otros altos funcionarios de organismos públicos como PerúPetro y
PetroPerú.
He sido
testigo de excepción de las varias comisiones de investigación formadas en el
Congreso de la República siendo la más relevante para el caso la Comisión
presidida por el congresista del partido de gobierno Daniel Abugattás, teniendo
como asesor principal al hoy también congresista Manuel Dammert. Los resultados
y conclusiones de dichas investigaciones están publicados en los archivos digitales
del Congreso de la República y en verdad luego de meses de pesquisas,
interrogatorios, confrontaciones, la Comisión encontró indicios razonables de
corrupción, de asociación ilícita contra los intereses del Estado, que fueron
materia de un juicio político y denunciados ante las diversas instancias del
poder judicial.
Coincido
con el periodista Gorriti cuando denomina como escándalo las diversas acciones
llevadas a cabo por una serie de personajes ligados al entonces partido de
gobierno, empresarios y lobistas, si por ello entendemos “dicho o hecho reprensible
que es ocasión de daño y ruina espiritual en el prójimo” En todo caso, las
conversaciones telefónicas intervenidas ilícitamente por la empresa de seguridad Business Track demuestran
la pobreza moral de nuestra clase política como las filmaciones del asesor
Montesinos en el fujimorismo, y la
vigencia del concepto patrimonialista sobre el estado, al cual hay que asaltar
utilizando el poder del gobierno de turno.
En verdad,
el affaire de los petroaudios mostraron la desvergüenza moral de una serie de
personajes pretendiendo hacer negocios especulativos que no comprometían
ninguna reserva probada de petróleo ni de gas, pues en el caso específico de la
licitación de los lotes del Zócalo Continental se trataba de contratos de
exploración/explotación, donde en primer lugar había que invertir cuantiosos
montos de capital para realizar estudios de sísmica, perforación exploratoria
para descubrir reservas. En el mar las inversiones requeridas se incrementan,
así los mayores volúmenes de inversión para la perforación de un pozo de riesgo
podría superar los 50 millones de dólares, con resultados inciertos.
Este sería
el caso de los lotes petroleros que fueron materia del llamado “faenón
petrolero” en la licitación convocada por PerúPetro a mediados del 2008. Éste
es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el
sector y de la supervisión de los contratos y uno de sus directores que fue
nombrado directamente por la Presidencia de la República concertaba negocios
privados para favorecer a terceros, como parte de un loby que repito no
comprometía reservas probadas de hidrocarburos.
Al mismo
tiempo se debiera recordar que uno de los actores centrales en este escándalo era
el consorcio conformado por la empresa noruega Discover Petroleum en asociación
con la petrolera estatal PetroPerú que no tiene presencia en las actividades de
exploración/explotación; el referido consorcio había desplazado en algunos
lotes licitados a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana, que prácticamente
tenía la mayor cantidad de lotes licitados en el mar.
Es decir,
sin mayores inversiones Petro Tech hubiese resultado en la empresa que hubiese
concentrado la mayoría de los lotes marinos de haber ganado la cuestionada
licitación, lo cual hubiese otorgado un mayor valor de venta a sus acciones en
una futura transferencia.
La empresa
de W. Kallop estaba siendo sujeta a
investigación por la Sunat y por PerúPetro en la gestión de D. Saba, al punto
que en el primer semestre del 2008 tuvo que abonar perentoriamente más de 35
millones de dólares por regalías dejadas de pagar por la extracción indebida de
líquidos de gas natural del lote Z-2B, bajo la amenaza de una rescisión
contractual relacionadas con la Planta de Procesadora de Gas Pariñas (PGP),
empresa vinculada, por lo que existía una violación contractual.
A ello se
sumarían otras acotaciones de impuestos dejados de pagar desde el inicio de sus
operaciones en 1994. Por ello reproduzco la entrevista realizada al congresista
por Piura, Jhony Peralta, presidente de otra Comisión Investigadora del
Congreso de la República que tenía como objetivo central el análisis de la
venta de la empresa Petro Tech Peruana S.A. adquirida a inicios del 2009 por el
consorcio colombo/coreano Savia Perú; esta transferencia comprometía las
reservas probadas y probables de hidrocarburos que por naturaleza del contrato
de servicios y por la propia ley de hidrocarburos, las reservas de
hidrocarburos “in situ” constituyen propiedad de la Nación.
Es más, el
propietario de Petro Tech, W. Kallop también valorizó en la transferencia las
plataformas marinas que eran y siguen siendo propiedad de la petrolera estatal
PetroPerú. Se trata de un capital físico que debiera renegociarse a más tardar
a fines del 2013 en razón que la tarifa pagada por el alquiler de las
plataformas sigue siendo la vigente a la firma del contrato, 10 millones de
dólares anuales, cuando el precio del crudo costaba menos de 20 dólares el
barril y ahora se cotiza por encima de los 100 dólares el barril y se sigue
abonando la misma tarifa.
La
referida entrevista fue publicada en un medio como Expreso que no puede ser
calificado de veleidades izquierdistas, ni remotamente socialista, y allí se
resume la posición sobre los diversos adeudos tributarios que tenía Petro Tech con
el estado peruano antes de la transferencia y venta de sus acciones de la
empresa petrolera con las empresas vinculadas que operaban en el lote Z-2B y
que además mantenía la titularidad sobre una serie de lotes ubicados en el
Zócalo Continental.
Por tanto
existían indicios razonables para suponer que la empresa financista interesada
en el espionaje industrial detrás de Business Track fuera Petro Tech, pero las
interceptaciones telefónicas captaron una malla de intereses cruzados sobre
futuros negocios con los recursos del estado que sobrepasaban las actividades
de hidrocarburos, pues abarcaban áreas como la salud, infraestructura, cementos,
petroquímica, que operadores ofrecían en venta desde un año atrás al destape de
octubre del 2008, y que diario El Comercio se negó a publicar en preservación
de la gobernabilidad, según el libro “Petroaudios”.
UNA
CORTINA DE HUMO MÁS: LA REAPERTURA DEL CASO BTR
En
política no existen coincidencias ni casualidades por ello no debiera extrañar
la reapertura de la investigación sobre el espionaje industrial relacionado con
la empresa Business Track y los petroaudios después de casi cinco años, y denunciar
las supuestas interferencias del ejecutivo sobre el poder judicial, fiscalía y
la policía de investigaciones para encubrir, desviar y/o ocultar información en
las incautaciones que se hicieron a los responsables del chuponeo telefónico,
en una empresa formada por personal retirado de la Marina de Guerra, la misma
que prestaba servicios especializados a las empresas mineras, petroleras,
bancos y partidos políticos tal como se expone en el libro sobre los
“Petroaudios”
En ese
contexto existiendo problemas más graves que afectan al sector de hidrocarburos
tales como el futuro de los lotes próximos a su vencimiento contractual tanto
en las operaciones Talara (II, III, IV, VI/VII) y particularmente el lote 1-AB
en la selva con más de 400 millones de reservas probadas y probables de crudo,
las mismas que debieran servir como respaldo financiero para la modernización
de PetroPerú que actualmente no tiene acceso a la renta petrolera.
Próximamente
el pleno del Congreso de la República tendrá que votar sobre la prórroga
contractual de los lotes de hidrocarburos por 10 años dejando de lado a la
petrolera estatal que ni siquiera estaría considerada como socio minoritario en
un conjunto de lotes cuyas reservas “in situ” corresponden a la Nación, y donde
el partido de gobierno con el Presidente del Congreso y de la Comisión de
Energía y Minas habrían comprometido su voto a favor con el fujimorismo, el
aprismo y el resto de los partidos de la derecha económica.
Igualmente
la secuela de los “petroaudios” encubre la indefinición sobre el futuro de
PetroPerú y la modernización de la refinería de Talara, cuya inversión
representa por ahora más de 2,730 millones de dólares bajo responsabilidad de
la petrolera estatal y más de 800 millones de dólares a cargo de empresas privadas,
valores necesarios para asegurar el crecimiento de la economía.
A pesar
del discurso presidencial del 28 de julio pasado los ministros responsables de
la Junta de Accionistas, Jorge Merino de Energía y Minas y Luis Castilla de
Economía y Finanzas sabotean la decisión presidencial, a pesar del interés de
los inversionistas y la necesidad de procesar internamente combustibles limpios
a partir del 2016 en especial del diesel 2 con 50 partículas por millón de
azufre.
Asimismo,
el escándalo de los “petroaudios” distrae a la opinión pública sobre los
retrocesos acerca de la viabilidad del Gaseoducto Andino del Sur, propuesta
ganadora en la campaña electoral del presidente Ollanta Humala. Sencillamente
el anunciado retiro de la petrolera brasileña Petrobras titular del lote 58 y
socio minoritario con Repsol en el lote 57, posterga a la “calendas griegas” la
realidad del gaseoducto para el macro sur del Perú.
Sin el
carácter de reservas probadas los hidrocarburos de los lotes 58 y 57
difícilmente las empresas supuestamente interesadas en la participación del Gaseoducto
del Sur podrán levantar financiamiento internacional. Ello se agrava con el
desaire empresarial del Consorcio Camisea al Presidente de la República y la
supuesta recuperación las reservas probadas del lote 88 comprometidas como
respaldo al proyecto de exportación de gas licuefectado del Consorcio Perú LNG,
estas reservas del orden de 2.4 trillones de pies cúbicos de gas natural sirven
de garantía financiera.
Por ello,
las sucesivas ampliaciones en el plazo en la Comisión Parlamentaria presidida
por el congresista del oficialismo Sergio Tejada apuntan hacia una acusación
constitucional al ex presidente Alan García que lo descalificaría como candidato
a la Presidencia de la República en el 2016, encubriendo las promesas
incumplidas y los graves problemas del sector de hidrocarburos.
“Petro-Tech reconoció defraudación”
Lo
hizo al pagar US$ 11 millones por fallo de Tribunal Fiscal, señala
congresista.
El congresista Jhony
Peralta, presidente de la Comisión que investigó la venta de acciones de
Petro-Tech, sostuvo que la mencionada empresa petrolera cometió delito de
defraudación tributaria al haber obtenido indebidamente un crédito fiscal que
asciende a US$ 78 millones. “De ese monto, el Tribunal Fiscal ordenó a la
empresa US$ 11 millones y Petro-Tech, al pagar, tácitamente ha reconocido que
cometió el delito”, agregó.
Además señaló que la Ley
Penal Tributaria establece que la defraudación tributaria se reprime con una
pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de 12.
─
Usted sostuvo en el Pleno del Congreso que Petro-Tech incurrió en
defraudación tributaria. ¿Cómo se configuró este delito?
La cláusula Nº 10 del
contrato firmado entre Petro Perú, Perupetro y Petro-Tech establecía que el
IGV a la importación y los aranceles que utilice Petro-Tech para poder
comprar o importar equipos desde el exterior para poder incrementar su
producción en los pozos, ésos impuestos eran pagados por el Estado, es decir
por Perupetro.
─
¿Cómo operaba esto?
Petro-Tech desde el año
1994 hasta el 2008 ha venido importando equipos, entonces, con la orden de
compra de esos equipos iba a Perupetro y les decía ‘señores de Perupetro, de
acuerdo a la cláusula 10 quiero que me paguen los impuestos y los aranceles’
y Perupetro procedía a girar un cheque a nombre de Petro-Tech que iba, hacía
la compra e importaba los equipos.
Pero, como esa compra
venía a nombre de Petro-Tech y no de Perúpetro ellos utilizaban esas facturas
como un gasto, lo cual tenía impacto en la utilidad. A mayor gasto, menor
utilidad y, por lo tanto, menor pago de Impuesto a la Renta.
Pero también utilizaban
este IGV a la importación como crédito fiscal. La Sunat hizo una evaluación
tanto a Perupetro como a Petro-Tech y encontró que Petro-Tech había venido utilizando
indebidamente el crédito fiscal por ese IGV, de tal forma que le hizo reparos
en varias resoluciones.
Nosotros hemos llegado a
calcular, de acuerdo a las cifras que hemos tenido, que el crédito fiscal
obtenido indebidamente por Petro-Tech asciende a US$ 78 millones.
─
¿Y cómo se sanciona a quienes incurren en este delito?
La Ley Penal Tributaria
establece que la defraudación tributaria se reprime con una pena privativa de
libertad no menor de ocho años ni mayor de 12, es decir carcelería efectiva.
Es más, la Constitución y la Ley Penal sostienen que cuando este delito se da
en contra del patrimonio del Estado la sanción se duplica. Pero como este ‘modus
operandi’ de Petro-Tech se ha dado hasta años recientes, este delito no ha
prescrito y está vigente.
Es más, de esos US$ 78
millones que hemos llegado a determinar como crédito fiscal indebidamente
obtenido por Petro-Tech –al que tienen que aplicársele los intereses y las
multas del caso–, Petro-Tech debe devolverle al Estado US$ 78 millones.
─
¿Y ante esto qué ha hecho la Sunat?
La Sunat ya se ha
pronunciado en varias resoluciones y ha fallado que se ha cometido el delito
tributario y, por lo tanto, Petro-Tech debe restituir ese pago al Estado.
Petro-Tech apeló esas resoluciones de la Sunat pero a fines del año pasado
nos enteramos que ya el Tribunal Fiscal ha resuelto tres de los casos y en
los tres falló a favor de la Sunat, por lo que Petro Tech ya ha pagado US$ 11 millones por ese concepto.
─
El hecho que Petro-Tech haya pagado ¿no implica un tácito reconocimiento de
que sí cometió delito de defraudación tributaria?
Por supuesto. Creo que la
resolución de la Sunat es evidente y cualquier abogado o tributarista, con
sólo ver la atrocidad que han cometido, notará que se trata de un delito
tributario. Al pagar, Petro-Tech está reconociendo el delito y por eso en las
conclusiones de nuestro informe no sólo la comisión dice que debemos
recuperar esos US$ 78 millones sino que también hay que castigar a quienes
cometieron delito.
─
¿Cuántos casos sobre Petro-Tech faltan resolverse en el Tribunal Fiscal?
Falta resolverse tres
casos más los que en conjunto suman un total de US$ 67 millones, cuyos fallos
saldrían próximamente.
LAS
RESPONSABILIDADES
─
¿Se han individualizado las responsabilidades en este caso específico de
defraudación tributaria?
Nosotros hemos hallado
como responsables al dueño de la empresa, William Kallop, y a las dos
personas que eran los instrumentos legales y operativos de Kallop que son el
señor Alberto Varillas Cueto y la señorita Rossy Gadea, que eran
prácticamente los apoderados y las personas que sustituían a Kallop y lo
representaban ante Perupetro y las demás instituciones del Estado.
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