Censo agropecuario: saneamiento de las tierras comunales
A poco de iniciado, este gobierno anunció su intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior ministro de Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual ministro, Milton von Hesse, teniendo ya los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades agropecuarias.
Por razones de espacio, dejaremos para nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país. Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobada por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.
El prefacio del documento expresa que estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo”. Al desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o no…” (3.1.1). Un poco más adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente no están protegidos por la ley…” (4.4).
El gobierno suscribió las Directrices y anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la gobernanza.
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