Cerrar filas contra la minería informal e ilegal
La reciente emisión del Decreto Supremo 032-2013-EM ha generado un amplio debate sobre cómo enfrentar el problema del crecimiento sin control de una minería informal / ilegal que genera graves problemas ambientales y sociales.
La producción de oro informal o ilegal se ha multiplicado por cinco en los últimos años, superando al narcotráfico como valor de las exportaciones. Y viene acompañada de una contaminación irreversible de los cursos de agua y de los animales y personas que la consumen por el uso masivo del mercurio; de una deforestación acelerada e irreversible de la llanura amazónica –sobre todo en Madre de Dios–, de una sobreexplotación de la mano obra que trabaja en condiciones penosas, sin derechos laborales ni acceso a servicios públicos mínimos; y de una trata de mujeres y niñas –muchas de ellas indígenas– para la prostitución.
El temas es grave y es urgente. El gobierno no debe dar marcha en la interdicción ni ampliar los plazos para la formalización. Y debe igualmente atacar a quienes les proveen de precursores químicos y grandes maquinarias y a quienes les compran el oro y blanquean su plata en el sistema financiero. La legislación al respecto ya ha sido aprobada, pero falta aplicarla con mano dura. El día que –junto con dinamitar una draga– vaya preso el empresario que vendió esa draga y los cargadores frontales, o el que importó y vendió el mercurio, o el que gestionó sus recursos en el sistema financiero, empezaremos a ver resultados.
El que debe quedar completamente descartado es el enfoque rentista del ministro Merino del MINEM, para quien el tema es formalizar a los informales para que paguen impuestos. Una vez más, como en el caso de la gran minería formal, para sectores del gobierno el tema se reduce a la renta que pueden esperar de esta actividad, sin importarles en realidad los graves problemas ambientales y sociales que ahí se generan.
Finalmente, no se puede caer en el juego de Alan García de querer aparecer ahora –con complicidad de algunos medios– como gran defensor del medio ambiente y consecuente luchador contra la minería ilegal. Alan García creó el Ministerio del Ambiente solamente por presión de los EEUU para aprobar el Tratado de Libre Comercio y para financiar el proyecto Camisea, y que fue el primero en darles a los mineros ilegales plazos largos para formalizarse sin lograr avance práctico alguno en este terreno ni atacar a sus proveedores de insumos y maquinaria pesada. Lo que pasa es que se la tiene jurada al premier Jimenez, a quien acusa de soltar la información que los involucra en los narcoindultos.
Finalmente, hay que combatir más aún la pobreza rural andina. De ahí vienen la mayoría de los jóvenes que son explotados en la minería ilegal. Sobre este tema volveremos.
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